La Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid, ante la alarma social generada por la reciente decisión del Pleno del Tribunal de Cuentas (TC), de dejar fuera de su programa de fiscalización de 2017 a la Iglesia católica (Ic), ve como se reproduce una vez más la inquietud entre todas las personas preocupadas por el uso que se hace en nuestro país del dinero público.
El TC, supremo fiscalizador de las cuentas del Estado, lleva desde 2012, al menos, sorteando la fiscalización de los dineros de la Ic, como receptora de fondos públicos, en general, y de la cantidad recibida por la casilla del IRPF, en particular. Ni que decir tiene que ni se plantea la posibilidad de fiscalizar las numerosas exenciones fiscales o las cantidades que, procedentes de los conciertos educativos o sanitarios, recibe la Corporación católica.
Resulta inadmisible que una institución del Estado actúe de manera absolutista, apoyándose en el control político que le proporciona l@s 7 consejeros del PP, sobre un total de 13, no guardando siquiera el Pleno de esta institución ninguna relación con la actual correlación de fuerzas parlamentarias. Y ello permite que mientras el TC audita las cuentas de los partidos políticos, sindicatos y cualquier entidad receptora de fondos públicos (incluyendo la Casa Real), la Ic es la única entidad “intocable”.
Así pues, a pesar de la declarada aconfesionalidad del Estado en la Constitución de 1978, éste sigue comportándose de hecho como si existiera una religión “nacional”, unos símbolos religiosos “nacionales” y unas instituciones religiosas “nacionales”, con la inestimable colaboración y sintonía de todos los partidos que han gobernado nuestro país desde entonces.
Fuentes internas del propio TC no afines ideológicamente al PP, ya divulgaron en la prensa cómo se evitó en 2013 y 2015 la propuesta del Departamento Primero del citado tribunal para no incluir la fiscalización del dinero público que recibe la Ic en el correspondiente plan de fiscalización anual: en el primer caso, el director del departamento (hermano del expresidente Aznar) consideró que no estaba dentro de “las prioridades” y en el segundo, se rechazó la propuesta por “un problema de tiempo”.
Si bien la financiación de la Ic, vía casilla del IRPF, está en torno a los 251 M€/año, ésta es sólo una pequeña parte del montante que cada año recibe directa o indirectamente (vía exenciones) del erario público, gracias a los Acuerdos concordatarios de 1979: 11.000 M€/año, más del 1% del PIB. Para hacernos una idea, este dinero público bastaría para que el millón y medio de hogares españoles con todos sus miembros en paro tuviera un ingreso mensual por familia de 584 €.
La subsiguiente entrevista al portavoz de los obispos nos ha permitido volver a oír los argumentos, en forma de falsedades o medias verdades, a que nos tiene acostumbrad@s la propaganda episcopal: si bien es cierto que al señalar la casilla de la Ic en el IRPF el contribuyente no aporta ni un euro de su bolsillo ¿de dónde sale el dinero que recibe la Iglesia, si no es de los Presupuestos del Estado?
Tampoco dice la verdad el Sr. Portavoz cuando afirma que si nadie marcara la casilla no recibiría nada la Ic, pues oculta que el artículo II del Acuerdo concordatario sobre Asuntos Económicos compromete (obliga) al Estado “a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. De manera que mientras siga vigente los preconstitucionales Acuerdos de 1979, el estado (l@s contribuyentes) está obligado a mantener a obispos, sacerdotes, seminarios, parroquias y demás actividades de las denominadas “de culto y clero”.
Tampoco es cierto que la Ic esté cumpliendo el compromiso informativo y de transparencia con la presentación de sus Memorias justificativas anuales: estaba obligada a presentarlas desde que firmó los acuerdos de 1979 y ha tardado ¡31 años! en ofrecer la Memoria anual de actividades (la primera publicada es la del ejercicio 2008, publicada en 2010). Aún así, las citadas memorias no se ajustan a lo comprometido, son escuetas y opacas (desaparece información de un año para otro) respecto a la denominada Asignación tributaria y a la financiación que obtiene de ella, mientras que por otro lado lanza inmensas cortinas de tinta de calamar gigante acerca de actividades litúrgicas y eclesiales, completamente irrelevantes para los millones de contribuyentes (de creencias religiosas o no) que soportamos los privilegios de la Ic y la consiguiente succión de recursos públicos de los Presupuestos el Estado.
Es por ello que la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid cree imprescindible que el Estado rompa definitivamente con este pasado nacional católico (que es aún presente), así como que las formaciones políticas con valores presumiblemente democráticos y laicos pongan fin a esta anacrónica situación de un Estado incapaz de fiscalizar a la Ic: a) auditando las cuentas de la Corporación católica como la mayor perceptora de fondos públicos en España; b) obligándola a elaborar una Memoria anual con todas las cantidades satisfechas, exencionadas o desgravadas a la Ic y sus organizaciones, en los tres niveles territoriales; y c) exigiendo un balance y cuenta de resultados anual de la Corporación católica en España, en sus tres niveles territoriales.
