Análisis de la Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2014 presentada por la Conferencia Episcopal Española

            Un año más la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2014. Y lo ha hecho, no sólo a través de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria (televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas estatales y autonómicas públicas (radio y televisión), así como de la mayoría de los medios generalistas privados.

            Y a la vista de los datos ofrecidos en dicha Memoria, debo repetir, como lo hago cada año, el párrafo con que comencé el informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la Memoria correspondiente al ejercicio 2008:

            “Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986, información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una estimación aproximada de la misma.”

            Han transcurrido 30 años y todavía sigue pendiente que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos: central, autonómico y local.

            Conviene recordar que estas cuantiosas sumas, que Europa Laica cifra en no menos de 11.000 M€ (algo más del 1 % del PIB de España) se hurtan a los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la Institución que dice representarla: la Iglesia católica.”

ÍNDICE

I) MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS CANTIDADES RECIBIDAS DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA

INCUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO

NECESIDAD DE UNA AUDITORÍA

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA-IRPF

IVA

APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS AL FCI

EL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO (FCI)

DISTRIBUCIÓN DEL  FCI

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL

II) ACTIVIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA 

ECONOMÍA DIOCESANA

ACTIVIDAD LITÚRGICA

PERSONAL PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL

ACTIVIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

HORAS DE ACTIVIDAD PASTORAL

¿VALORACIÓN DE MERCADO DE LA ACTIVIDAD SACRAMENTAL?

ACTIVIDAD EDUCATIVA

EL SUPUESTO “AHORRO” DE LA IGLESIA

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

ACTIVIDAD CULTURAL

LOS BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL

CATEDRALES

INMATRICULACIONES

TRANSPARENCIA

ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL

CONCLUSIONES

Documento completo (61 páginas) en el PDF:  Análisis de la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica CEE 2014

Avanzamos las Conclusiones del Informe

CONCLUSIONES

Responsable: el Estado.-

De la lectura de  este Informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 36 años. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas.

Necesidad de fiscalizar las cuentas de la Iglesia.-         

Resulta imprescindible fiscalizar, tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic como las exenciones de que se benefician. Ya en el primer trimestre de 2015 saltaba a la prensa una información acerca del Tribunal de Cuentas, supremo fiscalizador de las cuentas del Estado. En ella, fuentes del mismo advertían que la Iglesia católica podía estar incurriendo en “enriquecimiento injusto” y se hacía eco de que las cuentas de ésta jamás habían sido fiscalizadas. Asimismo se afirmaba algo que vengo (y venimos, desde Europa Laica) repitiendo desde hace años: que la Ic se financia con cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios” o “a través de entidades como Cáritas o Manos Unidas”.

Tal vez muchas personas piensen  que ante un panorama de profunda crisis económica y social, 11.000 M€ anuales  no son prioritarios, pero para hacerse una idea de que no son “bagatelas” basta recordar que es una cantidad mayor que la que previsiblemente exigirá la Comisión Europea, en dos años, para compensar los desequilibrios estructurales macroeconómicos, según los cánones de Bruselas,, que supondrán una nueva vuelta de tuerca a la exigencia de duros sacrificios a las clases más necesitadas de la sociedad española. O de forma más gráfica: este dinero público bastaría para que el millón y medio de hogares españoles con todos sus miembros en paro tuviera un ingreso mensual por familia de 584€.

Esta Memoria no cumple el compromiso adquirido por la Ic.-

Cabe concluir que con la Memoria episcopal  la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el  “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria. Asimismo, he demostrado que en relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.

Mucha propaganda y poca transparencia.-

En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos es puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.

Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los intereses clericales, justifican estos “espectáculos confesionales”, las celebraciones y fiestas religiosas, por los supuestos beneficios económicos que originan y por la publicidad que procura a las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica, tan próximos al show bussiness, como Catolicircus.

Lamentablemente hoy, como hace cinco años, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y ninguna transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979.

Enrique Ruiz del Rosal

 Miembro de la Junta Directiva de Europa Laica

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