Se trata del principal impuesto municipal, de cuyo pago la Iglesia católica se encuentra exenta gracias al Concordato con el Estado firmado en 1979
La ausencia de un censo de los bienes inmuebles de la Iglesia dificulta el cálculo, aunque más de una treintena de consistorios han estimado el importe que dejan de ingresar
Los privilegios de la Iglesia católica en materia tributaria generan debate público cada cierto tiempo, pero permanecen inalterables año tras año. Una de las situaciones más llamativas la provoca el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) que, según el Concordato entre la Santa Sede y el Estado español (1979), se encuentra “total y permanentemente” exento para los templos y capillas destinadas al culto, las residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes “con cura de almas”, los locales destinados a oficinas de la Curia y oficinas parroquiales, los seminarios destinados a formación de clero y, finalmente, para los edificios destinados a casas o conventos.
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