El consistorio subraya el “profundo beneficio” del centro Nuestra Señora del Recuerdo en la construcción de uno de los parkings más ruinosos de la capital
Un informe del Ayuntamiento de Madrid revela graves irregularidades en el alquiler durante 20 años de un aparcamiento de tres plantas al colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Las previsiones que hizo el Ayuntamiento de Madrid en la época de Alberto Ruiz-Gallardón, antiguo alumno del centro, sobre la viabilidad de esta instalación se han incumplido. El informe concluye que el contrato de arrendamiento que firmó el Ayuntamiento “benefició profundamente” al colegio y hubo “una administración desleal”, en detrimento de las arcas municipales.
Funciona desde junio de 2009, y en los cinco siguientes años ha costado al erario público 2,5 millones. La estimación inicial es que ganaría 1,1 millones anuales. Y la ocupación real sobre la estimada ronda el 1%. Por este colegio de la Compañía de Jesús, han pasado altos cargos y ministros de todos los colores, intelectuales, artistas y famosos. Tiene unos 2.000 alumnos y está entre los punteros de España en instalaciones: 101.000 metros cuadrados, siete laboratorios, museos y teatro.
El informe interno elaborado por técnicos de la Concejalía de Economía y Hacienda sugiere revisar el contrato o llevar la concesión de este parking a los tribunales ante las pérdidas que está causando al Consistorio. El expediente se concretó en junio de 2009 mediante un contrato de arrendamiento entre el Ayuntamiento y la Compañía de Jesús, dueña del colegio, que no fue elevadas al pleno municipal, según se pone de manifiesto en el documento y en el expediente, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. “El Colegio Nuestra Señora del Recuerdo se beneficia profundamente del contrato firmado sin que exista ninguna justificación de su idoneidad frente a otros espacios”, añade. Además, hay “sospechas” de que “las estimaciones económicas fueron conscientemente exageradas con el objetivo de respaldar la viabilidad del proyecto”.
El aparcamiento del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, en la plaza Duque de Pastrana 5, cuenta con unas 1.300 plazas repartidas en tres plantas. Padres, profesores y alumnos pueden utilizarlo sin pagar. Hay una zona en la primera planta, destinada al público, con más de 300 plazas, que permite a los padres entrar dentro con el coche, dejar a los alumnos y volver a salir sin sacar ticket. Esta planta tiene una tasa de ocupación del 1,75% sobre la estimada. La segunda planta está destinada a profesores, padres y demás personal del colegio: pueden sacarse bonos por 100 euros mensuales. Ambas sólo generan en torno al 11% del total de ingresos del aparcamiento. El 89% restante se obtiene de la tercera planta, donde hay un depósito municipal de coches retirados por la grúa.
Ninguna previsión sobre la viabilidad de la instalación se ha cumplido: las cifras se “inflaron a conciencia”, señalan los informes recabados ahora por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, para dar “apariencia de rentabilidad” y justificar la firma del contrato, blindado, puesto que contiene una cláusula según la cual si el Ayuntamiento renuncia unilateralmente al contrato debe abonar las rentas que queden hasta su expiración, en 2029 (20 años). El precio del alquiler que ha de pagar el Ayuntamiento por esos 20 años se fijó en un total de 21 millones de euros.
Según los citados informes, la tasa de ocupación de este aparcamiento es un 1,75% de la que se había estimado. El aparcamiento público que tiene el Ayuntamiento en la plaza de Jacinto Benavente, por ejemplo, tiene una ocupación del 41,25%, y el de Vázquez de Mella, del 64%, revela el informe.
Apenas entran coches de la calle: en la zona hay descampados en los que se puede aparcar sin pagar y, además, a menos de 100 metros hay otro estacionamiento público, también debajo del colegio, describen los informes municipales. “En la memoria económica inicial (para justificar la obra) se recogieron gastos por servicio de guardería por valor de más de 700.000 euros anuales. No hay constancia de que actualmente se den esos servicios y es evidente que hubo una intención inicial de financiar con recursos públicos un servicio de cuidados de un colegio privado”, subraya el informe.
Todo comienza en mayo de 2007, cuando el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a la Compañía de Jesús, dueña del terreno, para que construyera el aparcamiento en su subsuelo. El colegio adelantó el dinero de la construcción, que puede recuperar con los 21 millones de los alquileres. Una vez acabada la obra, el Ayuntamiento se hace cargo de gestionar las tres plantas, según reza el contrato suscrito entre el Consistorio y el centro en junio de 2009, cuando entró en funcionamiento.
En cinco años de funcionamiento (2010-2015) ha hecho perder al municipio 2,5 millones de euros. Y cuando expire el contrato de arrendamiento, de 20 años de duración, en 2029, generará al Ayuntamiento unas pérdidas que los técnicos municipales estiman “en diez millones de euros”. En 2029, cuando finalice el contrato de alquiler, el aparcamiento pasará a ser propiedad del Colegio.
“No hubo concurso público ni tampoco se valoraron otras alternativas” cuando el consistorio decidió arrendar las tres plantas a este centro. El contrato contiene cláusulas que los informes tachan de “administración desleal y abuso” para las arcas públicas. Desde que funciona en 2009, únicamente en 2011 tuvo un beneficio de 72.000 euros.
“Depurar responsabilidades”
El Ayuntamiento no elevó este asunto al pleno municipal, puesto que delegó la firma del contrato en uno de sus organismos públicos, Madrid Movilidad. Los intentos de este periódico de recabar la versión del director del centro, Antonio España, han sido infructuosos. El concejal que firmó en 2009 el contrato de arrendamiento, Pedro Calvo, señaló que no recordaba nada sobre este expediente. “No lo recuerdo”, dijo. Alberto Ruiz Gallardon, entonces alcalde y ex alumno del centro al igual que alguno de sus hijos, declinó hacer nigún comentario.
“Hay posibilidad de depurar responsabilidades”, advierte el informe, que recuerda que “el Tribunal de Cuentas ha sentenciado recientemente a dos responsables políticos a pagar casi 400.000 euros por un caso muy parecido a este”. Se refiere a los altos cargos del PP Alfonso Alonso y Javier Maroto por el daño económico generado al Ayuntamiento de Vitoria en relación con el alquiler de unos locales en esa capital vasca, finalmente absueltos este jueves.
“CLÁUSULAS ABUSIVAS PARA EL AYUNTAMIENTO”
“Las cláusulas del contrato son abusivas para el Ayuntamiento. No es normal establecer un contrato de arrendamiento de 20 años y establecer una salvaguardia en caso de renuncia del pago de todas las rentas futuras, ni utilizar un bien inmueble arrendado por 20 años sin opción de compra”, indica el informe que analiza el “desequilibrio económico” causado al erario público.
El Ayuntamiento se gastó varios millones en su equipación cuando el colegio se lo entregó tras las obras de construcción. El consistorio tiene que pagar el IBI, el seguro de responsabilidad, los salarios de los trabajadores, gastos de mantenimiento y conservación, luz, agua… Y se encarga de gestionar las licencias municipales. El contrato excluye al Ayuntamiento de la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto en caso de que el Colegio decida venderlo en el futuro. El contrato de arrendamiento, por parte del Ayuntamiento, lo firmó el entonces concejal de Seguridad y uno de los hombres de confianza de Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo Poch.
