Después de recibir un informe jurídico desaconsejando reclamar como pública la mezquita, la siguiente pretensión del obispo, trasladar las taquillas para visitarla al Palacio Episcopal, ha aumentado la indignación de quienes llevan años reivindicando la nulidad de la inmatriculación -poner a nombre de alguien un bien no registrado por nadie- de este monumento emblemático, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Sólo por cobro de entradas se calculan unos ingresos mínimos en torno a los 12 millones de euros al año, que van pasando poco a poco cada noche, al Palacio Episcopal, pero que, en caso de aprobarse la pretensión del obispo, irían directamente a su residencia, sin ni siquiera cruzar la calle.
Es un dinero que se ingresa sin contrapartida. “No se extienden recibos justificantes del pago de la entrada- confirma Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba– y sólo se puede entrar pagando en efectivo“. Un dinero que, de llevarse a término el traslado, aumentaría sustancialmente porque existe el proyecto de instalar una recreación del monumento, una cafetería y una boutique de recuerdos para turistas.
La tranquilidad de la jerarquía eclesiástica se relaciona con la actitud de los políticos, tanto de Córdoba como de la Junta de Andalucía. La ley exige que haya un informe favorable de un funcionario para declarar inconstitucional la inmatriculación, y ese informe lo hizo correctamente el secretario del Ayuntamiento de Córdoba, pero la alcaldesa pidió otro tipo de valoración, la jurídica, que aunque reconoce que la Iglesia no tiene título de propiedad, “desaconseja” meterse en pleitos.
El miedo de los políticos a dar el primer paso: se puede hacer
¿Por qué, si era suficiente empezar a pleitear con ese informe, se pidió otra valoración? “Hubiese sido mejor que el ayuntamiento no se metiera a encargar ese informe -continua Antonio Manuel Rodríguez- y empezaran el proceso para dejarlo en manos del juez. Si es por vínculo histórico, se puede demostrar que el ayuntamiento cordobés ha estado históricamente vinculado a la mezquita. Esta intervención municipal ha sido terrible para el Patrimonio, ha sido una auténtica cobardía”.
Sabido es que la Iglesia carece del título, que según la legislación de la época a que dicen que se remonta, debería tener; un título escrito de la donación de Fernando III y del pago de impuestos correspondientes. El criterio del abogado de la Plataforma Mezquita-Catedral, Claudio Rodríguez, es que por eso las inmatriculaciones son inconstitucionales y se podrían anular. “(La impugnación de cada inmatriculación) podría hacerse bien a bien, uno en uno, simplemente por un juez de primera instancia, y serviría. Ocurre que es difícil, porque si buscas un lugar de culto, consta, eso es muy identificable, pero si la Iglesia ha matriculado un frontón, como en Navarra, o una casa del médico, o una plaza, eso no se averigua en el registro salvo que lo haga la Administración. Por eso es mejor hacerlo inconstitucional de golpe. Para ello, hay que pedir a las administraciones que hagan un listado del registro de la propiedad. Algunos ayuntamientos y comunidades dicen que no se puede hacer. Falso. Navarra lo ha hecho, tiene la lista completa. Se puede hacer”.
En los dos últimos años, las reivindicaciones de esta plataforma obtuvieron más de 400.000 firmas de apoyo, con gran eco internacional y llegaron a Bruselas, pero la Administración andaluza negoció a la baja. “La Consejera de Cultura, Rosa Aguilar -afirma Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma-, consiguió que se restableciera el nombre de Mezquita-Catedral pero, a cambio, pactó que no se iban a tocar ni gestión ni titularidad y por eso se van pasando la pelota de una administración a otra y de informe a informe” .
Trinidad de privilegios y una ferretería al por menor
El hecho es que la Iglesia aprovecha el miedo de los políticos, y de esta manera, no sólo utiliza la Ley de Mecenazgo a su antojo para no pagar el IBI, sino que tampoco pagan otros impuestos y cuadran las cuentas cuando les conviene, quitando o poniendo cifras bajo el epígrafe de donativos.
En la última declaración, figuran conceptos tan opacos como “ingresos diversos” de 400.000 euros o “ingresos excepcionales” de 600.000, pero no consta su principal fuente: la explotación de la mezquita, que recibe al año millón y medio de visitas a 8 euros la entrada. “Ya que no pagan – continúa el abogado Rodríguez-, lo que debe pedirse es que sean transparentes. El IBI no lo pagan, por estar dedicado al culto, pero si se hace un cómputo de horas de culto y visitas, sería una empresa, y esa parte debería pagar. ElImpuesto de Sociedades no lo paga por ser Patrimonio Mundial, y el IVA no lo paga por ser monumento, pero esta exención la tiene que aprobar Hacienda y uno de los requisitos es que el órgano que gestione el monumento, en este caso el cabildo, no puede recibir sueldo. Y es imposible comprobar si los miembros del cabildo cobran o no. Sospecho que no han pedido la exención de IVA porque en las entradas no pone nada. Son expertos en bordear la ley, el obispado de Córdoba tiene el Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de ‘ferretería al por menor’ y el cabildo de Producción de películas que coinciden con las bases más bajas de cotización a la Seguridad Social”.
Mientras todo esto sucede, cada vez hay más cruces en el interior de la mezquita. “El obispo –señala Miguel Santiago está intentando cristianizar aún más el monumento. Antes no les parecía necesario, ahora ven peligrar su hegemonía y se las ingenian para hacer pública la religiosidad”.
Evaristo Villar, teólogo de Redes Cristianas: “La Iglesia debe autofinanciarse”
“El Estado español ha ido subvencionando a la Iglesia, y por eso no ha tenido nunca esas preocupaciones. Esto la ha perjudicado. En el año 1979, la misma Iglesia se comprometió a ir entrando en la autofinanciación, pero no lo ha hecho, y los católicos no tienen la conciencia que tienen en otros países, como Alemania, del deber de aportar para el mantenimiento de su propia Iglesia. Aquí se hacen donativos, como caridad, no con la idea de que hay que pagar los servicios de las personas o conservar el edificio. La Iglesia tampoco tiene capacidad para mantener el patrimonio que disfruta, y cuando se deteriora, se paga con dinero público. En ese sentido, en relación con los lugares de culto y las propiedades, hemos denunciado siempre que el acaparamiento de bienes va contra el Evangelio, es un anti-Testimonio. Al final, la mezquita debe volver a lo civil y ser un lugar de encuentro de culturas, se sea creyente o no”.
