Autoridades, docentes, estudiantes y graduados de Ciencias de la Educación de todo el país manifestaron su “profunda preocupación por las políticas educativas para el sistema nacional en sus distintos niveles que viene desarrollando –por decreto– el Ministerio de Educación de la Nación, de clara orientación mercantilista y meritocrática”.
La declaración fue acordada en el Encuentro Nacional de Carreras en Educación y Ciencias de la Educación que la semana pasada protagonizaron delegaciones de 23 universidades en Córdoba.
Para los académicos, los cambios en el modelo educativo que aplica el Gobierno están siendo “liderados por gerentes que desconocen los logros acumulados en décadas de producción pedagógica” y sostienen “una estrategia de desfinanciamiento y despidos vulnerando el derecho de los trabajadores y los ciudadanos”.
Entre las preocupaciones y denuncias planteadas en el documento se destacan las siguientes:
– Menos Estado. “Advertimos sobre la tendencia generalizada en diferentes ámbitos de la vida social pero en particular en el educativo a la generación de políticas de reducción del Estado” y, al mismo tiempo, al “avance de los sectores empresariales que en forma directa o indirecta participan en la definición de políticas que encuentran en la educación una oportunidad para la concreción de sus intereses”.
– Asfixia presupuestaria. “Asistimos a procesos de asfixia en la mayoría de las universidades nacionales, con recortes presupuestarios que se expresan en suspensión de convenios, programas, proyectos, que afectan de modo directo políticas y estrategias de igualdad e inclusión y desmantelan fuentes de trabajo.”
– Expulsión de alumnos. “Presenciamos el cruel efecto de expulsión de estudiantes universitarios de sectores populares que nuevamente ven amenazada la posibilidad de concretar su derecho a la educación, producto del retraimiento del trabajo y del crecimiento de la pobreza, como consecuencia de una política de concentración de la riqueza que beneficia a unos pocos.”
– Equipos desmantelados. “Denunciamos la gravedad del desmantelamiento de los equipos consolidados de trabajo en la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa, la reubicación de servidores con información estratégica del sistema educativo y el peligro del uso discrecional y privado de información pública y sensible, de personas e instituciones.”
– Programas cerrados. También denuncian “el conjunto de políticas y programas que han sido dejados sin efecto, debilitados y/o transferidos a la mayoría de las provincias en condiciones muy desiguales, que ponen en riesgo su continuidad y profundizan la fragmentación del sistema”. Citan los casos del Conectar Igualdad, el Plan Fines, Centros de Actividades Juveniles e Infantiles, el Plan Nacional de Lectura, las Radios Escolares, las Orquestas Infantiles y Juveniles, entre otros.
– Despidos. El documento alerta sobre “los despidos y la profundización de la precarización laboral de los trabajadores y los cambios de rumbo de las políticas llevadas adelante por el Instituto Nacional de Formación Docente”.
– Derechos. “Venimos de históricas luchas y conquistas sociales que contribuyeron a consolidar la educación superior como un derecho y bien público y social –concluye la declaración–. Defendemos la universidad pública, gratuita, laica, democrática, popular, autónoma, cogobernada. Universidad pública como ámbito de producción de conocimientos y compromiso social, inscripta en proyectos emancipadores latinoamericanos.”
