El Parlament decide este miércoles el futuro de la ILP para una nueva ley de educación catalana, contra la que Junts pel Sí y el PP han presentado enmiendas a la totalidad presentadas por Junts pel Sí y el PP
El futuro de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una nueva ley de educación en Catalunya pasa este miércoles por el Parlament. La iniciativa, que apuesta por una nueva legislación catalana que contemple la plena gratuidad en el acceso al sistema y la retirada progresiva de los conciertos educativos, deberá someterse a la aritmética parlamentaria, y todo apunta a que no tendrá suficiente apoyo para seguir adelante. Las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts pel Sí y el PP, dos formaciones que por sí solas ya suman mayoría en la Cámara catalana, pueden significar el final del recorrido político de una ILP que cuenta con más de 90.000 firmas.
La ILP tiene por objetivo establecer una nueva ley del sistema educativo que regule desde los 0-3 años hasta la universidad una educación “pública, de calidad, en catalán, libre, democrática, integral, crítica, gratuita, no discriminatoria, universal, equitativa, laica, coeducadora, intercultural, compensadora de las desigualdades, inclusiva, cohesionadora, participativa y autogestionada”.
La ILP, que inició su proceso de recogida de firmas hace más de un año, aboga por retirar progresivamente la financiación pública de las escuelas concertadas e integrarlas -aquellas que lo deseen- a la red pública en un plazo de 10 años. También quiere blindar la gratuidad “de todas las enseñanzas públicas”, desde las guarderías hasta los estudios universitarios, y apuesta por fijar en un 6% del PIB en “mínimo” de inversión pública en educación, una cifra que, de hecho, ya consta en la Ley de Educación de Catalunya (LEC), vigente desde 2009, aunque nunca se ha llegado a alcanzar.
La ILP considera que hay que superar la actual ley de educación, aprobada por PSC, CiU y ERC (con la abstención de ICV-EUiA). “La LEC se ha mostrado completamente incapaz de dar una respuesta positiva a nuestro sistema educativo”, se expone en el preámbulo, donde se argumenta que la ley vigente ha incrementado las desigualdades y “la discriminación educativa por condiciones socioeconómicas del alumnado” .
No lo ven así desde la Generalitat. Precisamente desde su conformación, el nuevo Ejecutivo –desde la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, hasta el presidente Carles Puigdemont– se ha reafirmado en la LEC como el marco legislativo idóneo para el sistema educativo catalán. Un posicionamiento similar es el de ERC, que en más de una ocasión ha afirmado que sería peligroso abrir la LEC a nuevas modificaciones teniendo en cuenta el actual escenario de cuestionamiento de competencias de la Generalitat por parte del Estado.
El debate de este miércoles sobre la tramitación o no de la ley será a la totalidad. Si hay una mayoría a favor de las enmiendas presentadas por Junts pel Sí y PP -tal y como está previsto-, la ILP quedará rechazada. En caso de que salga adelante, el recorrido de la iniciativa seguiría en comisión parlamentaria, que estudiaría todos los detalles -con comparecencias de expertos y agentes de la comunidad educativa- durante los próximos meses. En cuanto al resto de grupos, la ILP cuenta con el apoyo explícito de la CUP. Otras formaciones, como CSQEP, han adelantado que votarán a favor para que se debata en comisión.
Desde el grupo promotor de la ILP denuncian la “mano de hierro” de Junts pel Sí y el PP a la hora de tumbar la iniciativa, tal y como expone en un artículo en El Diari de l’Educació uno de sus impulsores, David Caño. Este maestro y militante del sindicato USTEC lamenta que no les “tiemble el pulso al lanzar todos los esfuerzos, dedicación y trabajo de cientos de personas que en este último año se han implicado en la propuesta”. Entre los apoyos que recibe la ILP hay sindicatos de profesores como USTEC, sindicatos estudiantiles, decenas de AMPA y entidades sociales tan diversas como la PAH o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o Catalunya Laica. En total, unos 170 colectivos, entre los que se encuentran también ausencias destacadas de la comunidad educativa como la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica.
Más allá de los posicionamientos sobre la financiación y los conciertos, la ILP también incluye un apartado sobre la evaluación del profesorado, en el que apuesta por un mayor peso de la autoevaluación, y uno sobre el papel de los claustros, de los que debería depender, según creen, “las decisiones de gestión de carácter económico, organizativo y pedagógico” de los centros.
