Los obispos de Vitoria y Bilbao inmatricularon propiedades incluso después de que las Cortes reformaran la ley en junio
Desde 1978, la Iglesia ha registrado 530 inmuebles en el País Vasco
En Betolaza, un pequeño pueblo al norte de Vitoria dentro del término municipal deArrazua-Ubarrundia, sobresale un pequeño templo de poco más de 100 metros cuadrados. El pasado 6 de julio, semanas después de que las Cortes Generales modificaran la Ley Hipotecaria suprimiendo el privilegio de la Iglesia católica de «inmatricular» o captar todos aquellos bienes que un obispo identificara como propios, la diócesis de Álava acudió al registro de la propiedad para incorporar a su patrimonio inmobiliario la iglesia, la sacristía anexa y «un terreno de jardín de 406 metros».
Si España puso fin en 2015 a las polémicas inmatriculaciones instauradas en 1946, en plena dictadura de Francisco Franco, como compensanción histórica a los procesos de desamortizaciones desarrollados por el Estado en los últimos siglos, la Iglesia «católica, apostólica y romana», como hace constar en muchas notas de la propiedad, aprovechó la «vacatio legis», el período que va desde la aprobación de una ley en el Parlamento hasta su entrada en vigor, para apurar hasta el final su prerrogativa. Fue el 1 de noviembre cuando la Ley Hipotecaria perdió su polémico artículo 206 sobre las inmatriculaciones, según se fijó en el texto promulgada el 24 de junio.
El de Betolaza no es el único caso. En Elantxobe (Bizkaia) ha ocurrido algo similar. El 13 de julio la diócesis de Bilbao registró como propia una finca de 282,29 metros cuadrados pegada al templo de San Nicolás. Se trata de un solar que alberga una edificación de tres plantas, casi 400 metros cuadrados útiles.
Asimismo, en los meses previos a la aprobación de la nueva normativa estatal, conocida desde que en 2014 la anunciara el Gobierno del PP, se produjeron otros movimientos de propiedades en Bernedo (Álava) y en Gordexola y Artzentales (Bizkaia).
ELMUNDO ha accedido a decenas de notas de los distintos registros de la propiedad del País Vasco sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica desde la aprobación de la Constitución española en 1978. Se trata de una documentación enviada al Parlamento Vasco. El pleno de la Cámara acordó reclamar esta información el pasado 18 de junio a instancias de PNV, EH Bildu y PSE-EE, que suman mayoría en el hemiciclo. En principio, se fijó un plazo de seis meses pero el material ha llegado más tarde. Además, no consta un informe del Gobierno, sino simplemente un volcado de centenares de notas simples de la propiedad y en muy distintos formatos. Algunas de ellas, de la oficina de Bergara, están incluso escritas a mano.
En total, desde 1978 hasta verano de 2015 la Iglesia católica ha hecho suyas 530 propiedades en la comunidad autónoma vasca. Algunas asociaciones como Europa Laica cifran en 5.000 los inmuebles inmatriculados en toda España. El más simbólico de todos es la mezquita de Córdoba.
Con gran diferencia, es Gipuzkoa la provincia donde la Iglesia más veces ha acudido a la ventanilla de los registros de la propiedad. Hasta en 387 ocasiones, la mayoría de ellas durante la etapa de José María Setién como obispo de San Sebastián. Prácticamente se han producido movimientos en todos los municipios del territorio, aunque no en la capital San Sebastián. En concreto, hay casos en 61 de los 88 términos municipales (69%).
Escoriaza se lleva la palma. Hasta 46 fincas han pasado a manos de la diócesis guipuzcoana en los últimos años. En los municipios de alrededor también se han registrado decenas de inmatriculaciones: Oñati (21), Bergara (19), Aretxabaleta (17) o Mondragón (20). En la comarca hay más casos que en Bizkaia y Álava.
En Gipuzkoa hay algunos episodios llamativos. Como el terreno que se usa como aparcamiento en la zona de Arrate (Eibar) o la parcela en pleno Camino de Santiago, un bien cultural, en Oiartzun.
En Bizkaia se computan 74 inmatriculaciones en el período 1978-2015. El municipio con más casos es Santurtzi, en la Margen Izquierda. En esa localidad, la Iglesia ha hecho suyo un «horno de panadería», un segundo derecha de 42 metros cuadrados, otro piso o una lonja de un feligrés (se alude a una donación de 1998).
En todo caso, la propiedad eclesiástica más llamativa de Bizkaia hay que buscarla en el monte Oiz. La cumbre del conocido pico es propiedad de la diócesis de Bilbao. Al menos una parcela de más de 800 metros cuadrados inmatriculada en 1980.
En Álava se pueden contar 69 propiedades que han pasado a manos de la iglesia. Es la capital la que suma mayores notas de la propiedad (13 en total), aunque hay otras localidades con cifras elevadas como Valdegovía y Valderejo con 8, Lezama (antiguo municipio ahora parte de Amurrio) con 7, Bernedo con 6 o Arrazua-Ubarrundia con 5, muchas de ellas captadas en 2015 sobre la bocina.
En la documentación enviada al Parlamento, un registrador da alguna clave sobre qué son las inmatriculaciones. «La Iglesia era dueña [de esas fincas] en plena, pacífica y no interrumpida posesión, ignorándose de quién y en qué forma fueron adquiridas», señala textualmente.
Algunas asociaciones, incluidos colectivos de católicos, han protestado por los abusos que esta fórmula jurídica instaurada en 1946 ha generado. En la práctica, ha permitido a la Iglesia acumular propiedades con la sola autorización del obispo de turno, como si se tratara de una Administración pública. Las Cortes Generales aprobaron eliminar esta potestad en 2015 aunque la reforma de la Ley Hipotecaria contó con el rechazo de la izquierda representada por PSOE e IU. Defendían eliminar las inmatriculaciones de cara al futuro pero también dar una solución a los bienes ya registrados en los últimos años.
Sobre la mesa también hay otro debate. Esas propiedades eclesiásticas, como las de las instituciones públicas, partidos políticos y sindicatos, están exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se trata de una previsión de la Ley de Mecenazgo para apoyar a las entidades sociales sin ánimo de lucro, entre las que también se incluyen el resto de confesiones religiosas. PNV y PP se opusieron en 2012 a que el Parlamento Vasco reclamara formalmente a la Iglesia católica el pago del IBI.
