La presencia de policías en uniforme y utilizando bienes de la institución para una protesta contra el aborto resulta inaceptable. Hacen falta respuestas.
Las fotografías son muy dicientes: los policías, en uniforme, están participando activamente en varias manifestaciones en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Los uniformados salen cargando la tolda del sacerdote que oficia la “vigilia por la vida”, arrodillados rezando y abrazando estatuas religiosas, además de estar acompañados por una camioneta oficial de la fuerza, que portaba una Virgen, y por la banda de guerra de la institución. El mensaje que se envía es preocupante y falso: que la Policía está en contra del aborto o, peor, que la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en el país. Toda la situación es reprochable.
Como lo reveló El Espectador el jueves pasado, el evento estuvo organizado por 40 Días por la Vida, filial colombiana de una organización que busca, según su declaración de principios, “poner en acción el deseo de cooperar con Dios para volver realidad su plan de acabar con el aborto”. Sus protestas consisten en rezar frente a las instituciones prestadoras de servicios (IPS) que ayudan a las mujeres a interrumpir sus embarazos. Eso, siempre y cuando se mantenga dentro de ciertos límites de respeto —que así ha sido, según nos cuentan testigos—, es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Manifestarse de manera pacífica contra el aborto —o contra cualquier tema, valga decir— es un discurso protegido por nuestra Constitución. Hasta ahí todo bien.
El problema es que las vigilias han estado acompañadas por miembros de la Policía que, más allá de brindar protección —una de sus obligaciones—, están participando activamente en la protesta, junto a personas con pancartas que insinúan que el aborto es un asesinato. Si hubiesen ido de civiles, sin nada que los identificara como representantes de la institución, estarían en su derecho, pero su presencia en uniforme y utilizando bienes de la Policía en la protesta hace que el acto sea inaceptable.
Como supo El Espectador, las personas que iban a utilizar los servicios de las IPS (como Profamilia u Oriéntame) se confundieron por la presencia de la Policía, y algunas de ellas se asustaron. Esto, en una lucha que se da por reducir el abrumador número de abortos clandestinos, es una obstaculización indebida del funcionamiento de las IPS legales reconocidas por defender los derechos de las mujeres y llevar a cabo procedimientos seguros en los casos permitidos por la ley.
La Policía dijo que iba a investigar lo sucedido, pero al cierre de esta edición siguen muchas preguntas en el aire: ¿por qué había allí policías uniformados? ¿Quién autorizó la presencia de la banda de guerra y el uso de un carro oficial de la Policía portando un ícono religioso? Si, como dijo a este diario la institución, los allí presentes no representan la posición oficial de la Policía, ¿cómo es posible que de todas maneras hagan presencia en uniforme? ¿La Procuraduría investigará y aplicará las sanciones adecuadas o, por tratarse de un tema moral afín al jefe del Ministerio Público, se abstendrá?
Hacen falta esas respuestas y, por qué no, un comunicado oficial de la Policía donde reitere su compromiso con la protección del ejercicio de los derechos constitucionales, en este caso el de las mujeres a interrumpir sus embarazos en las tres causales autorizadas por la Corte Constitucional.
En un Estado laico, regido por el ordenamiento jurídico, la Policía no puede, de ninguna manera, permitir que personas que la representan tomen partido sobre temas tan delicados en los cuales hay normativas claras. Eso viola por completo su razón de ser.
