Para el diputado Manuel Garrido, a partir de un “error” del Digesto Jurídico, pareciera no quedar claro el amparo constitucional a la libertad religiosa y a la neutralidad estatal que ésta supone.
El diputado nacional Manuel Garrido presentó un nuevo proyecto de ley que modifica la Ley de Educación, reincorporando el concepto de laicidad, dejado afuera de la legislación por la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico Argentino.
Semanas atrás Garrido había advertido sobre este error en el Digesto a través de observaciones realizadas en la comisión, no solo por él, sino también por juristas como Marcelo Alegre y Roberto Gargarella, codirectores del Proyecto de Investigación UBACyT.
Los profesores sostuvieron en su objeción que “no existe ninguna cláusula en las leyes en materia educativa posteriores a la 1420 que haya derogado explícita o implícitamente el artículo 8. Sin embargo, según se sostuvo desde la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino, éste se encontraba derogado por las leyes posteriores (Ley 24.195 y Ley 26.206), y se agregó que “no existe norma que se oponga a la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, ya que aquellas que lo deseen pueden hacerlo de acuerdo con su proyecto educativo”.
Según Garrido, la decisión tomada por la Comisión de Digesto es significativa, ya que todavía se impone la enseñanza religiosa obligatoria en algunas escuelas públicas, e incluso, algunas leyes provinciales como la salteña establecen la educación religiosa obligatoria en todas las escuelas, públicas y privadas. Este caso se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ser una ley cuestionada por un grupo de madres y padres junto con la Asociación por los Derechos Civiles.
Garrido sostiene que “en una lectura armónica de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en 1994, el Estado argentino es un estado laico que bajo ningún concepto puede promover expresiones religiosas determinadas sobre otras.” Y agrega “obligar a niños y niñas a recibir educación católica en la escuela pública afecta la neutralidad del estado y restringe el derecho de los padres y las madres a decidir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales o filosóficas.”
“Es por todo esto que propongo que se incorpore el concepto de laicidad a la Ley de Educación Nacional, pues pareciera no quedar claro el amparo constitucional a la libertad religiosa y a la neutralidad estatal que ésta supone”, concluyó.
