El arzobispado guarda silencio sobre las exenciones tributarias que solicita y la entidad laicista critica el «saqueo a las arcas»
La asociación Valencia Laica presentó ayer el estudio adelantado por Levante-EMV (ver imagen de la edición en papel al final del texto) en el que denuncia «un fraude por parte de la Iglesia católica en el pago del IBI y una negligencia por parte del Ayuntamiento de Valencia y el catastro». Según explicó en rueda de prensa Juanjo Picó, miembro de la junta directiva de Europa Laica a la que pertenece Valencia Laica, hay que denunciar «el fraude que supone el declarar como religioso algo que claramente no lo es» y la negligencia que supone por parte del catastro y el Ayuntamiento el hecho de «aceptar unos bienes inmuebles sin ningún tipo de escrúpulos, permitiendo un saqueo a las arcas municipales cuando son ellos los que deberían hacer un estudio de estas características».
Además, también señaló que, si bien solo se ha investigado a la Iglesia católica por ser la institución con más bienes inmuebles exentos del IBI, la «opacidad» de los datos presentados hace que «parezca razonable pensar que la lista total de inmuebles y, por tanto, el fraude, sea mucho mayor».
Cabe recordar, como publicó ayer este periódico, que entre los inmuebles propiedad de la Iglesia en Valencia figuran plantas bajas y oficinas alquilados a negocios como locales de kebab, pizzería, tienda de lencería, clínica estética, sucursales bancarias, hoteles, una tienda de alquiler de bicicletas, una administración de lotería, una carpintería, una peluquería, una clínica dental o concesionarios. Todos ellos están asentados en propiedades de la Iglesia que no pagan IBI. El Arzobispado de Valencia prefirió ayer no hacer declaraciones al respecto.
Por otra parte, Rafael Costa, miembro de Valencia Laica, presentó las medidas que la asociación ha propuesto a los partidos políticos de la Comunitat Valenciana para que se comprometan a defender el Estado laico en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales. Proponen medidas legislativas «necesarias para que el Estado sea realmente laico además de aconfesional», y subrayan que el laicismo supone la «absoluta neutralidad del Estado con respecto a la religión, además de la separación entre ambos propuesta por la aconfesionalidad». Entre las medidas figura la eliminación de la Ley del Mecenazgo a la que se acoge la Iglesia para no pagar IBI en sus propiedades no destinadas al culto. También se reclama la derogación de los acuerdos con el Vaticano en 1976 y 1979 y el fin de la asignatura de Religión en la enseñanza pública.
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