Quitar un privilegio para avalar otros. Según expertos en Derecho y defensores de la titularidad pública del patrimonio estatal, eso es lo que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar el debate surgido en torno a monumentos como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, registrados por la jerarquía eclesiástica como propios a razón de unos 30 euros cada uno.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el pasado miércoles –con los votos de PP, UPyD, PNV y UPN—el proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro que prohíbe a la Iglesia católica inmatricular bienes en el Registro de la Propiedad como si se tratase de un fedatario público, un “privilegio” que tiene desde que en 1998 el Ejecutivo de José María Aznar reformara dos normas franquistas (el artículo 206 de la ley Hipotecaria de 1946 y el 304 del reglamento Hipotecario de 1947) y permitiera a la Iglesia inscribir a su nombre bienes sin tener que demostrar que eran suyos.
Esta prohibición, que no tendrá efecto retroactivo, dará validez a todas las inscripciones que la Iglesia ha realizado a su nombre en los últimos 17 años “consumando” así, a juicio del profesor de Derecho Civil y portavoz de la plataforma ‘Por una Mezquita-Catedral de todos’, Antonio Manuel Rodríguez, “la amnistía del mayor expolio y del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España”. Sólo falta que el texto sea aprobado por el Senado, donde también tiene mayoría el PP.
“En ese sentido, la jugada del Gobierno es magistral, porque se ha apresurado a reformar la ley hipotecaria para que, en cuanto eso se apruebe, ya no se pueda recurrir la inconstitucionalidad de la norma. Porque ya no va a existir y no se puede matar a un muerto”, explica.
Pese a ello, está convencido de que los “cientos de miles de casos de inmaculada corrupción” que se han producido en las dos últimas décadas se van a estudiar en los libros de historia dentro de 20 ó 30 años y, siendo optimista, con la todavía hoy “incuantificable” lista de bienes de los que la Iglesia y, por ende, un Estado extranjero como el Vaticano, se “ha estado apropiando de forma indebida”.
A pesar de las peticiones de grupos parlamentarios, organizaciones sociales y medios de comunicación, ni la institución eclesiástica ni el Gobierno han querido hacer público este listado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado en distintas ocasiones que “estos datos deben proporcionarlos los registradores titulares de los respectivos Registros de la Propiedad en donde pudieran estar inscritos los bienes”, lo que obliga a los interesados a preguntar “uno por uno”.
Únicamente en Navarra, a raíz de una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, se sabe que hasta ese año el Arzobispado de Pamplona y el Obispado de Tudela registraron un total de 1.087 bienes, entre los cuales, había 650 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, 42 viviendas, 26 locales comerciales y almacenes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas y solares, 38 pastos y prados, 12 viñas, olivares y arbolados, y un frontón.
Navarra es la comunidad donde existen más casos documentados, pero rara es ya la región donde no existen pruebas de que alguno de sus bienes patrimoniales está a nombre de la Iglesia. En la Comunidad Valencia, por ejemplo, se han denunciado casos como el de la Fortaleza de Xàbia o la ermita de la Muntanyeta en Alberic. En Andalucía, hace unos 15 días, se supo que el Obispado de Córdoba también registró a su nombre entre mayo y julio del 2006 una finca de más de 6.000 metros cuadrados en la localidad de Posadas y un local comercial del paseo Pedro Vargas, que actualmente alberga la Sociedad de Cazadores.
Para Rodríguez, lo más preocupante de todo esto no es sólo que la Iglesia “utilice una vía ilegal para apropiarse de cualquier tipo de patrimonio público o privado y, por el que, además, ni declara ni tributa”, sino la “connivencia política” con la que lo ha hecho.
El pasado 29 de enero, él y otros miembros de la Plataforma en defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica y Redes Cristianas, se desplazaron hasta el Congreso de los Diputados en busca de 50 diputados “libres” (el mínimo exigible para este trámite) que quisieran presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos “franquistas” de la Ley Hipotecaria. No los encontraron. Algunos grupos parlamentarios como el PSOE, según critica la abogada de la plataforma navarra, Carmen Urriza, “ni siquiera ha contestado” al escrito que entregaron a cada partido explicando el porqué de dicho recurso.
El último ejemplo de esta “falta de valentía” para acabar con los “privilegios” de la Iglesia se produjo el jueves en la última sesión del Parlamento de Navarra, donde Unión del Pueblo Navarro y PP se opusieron de forma mayoritaria a la propuesta de Bildu, Aralar e Izquierda-Ezkerra de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946. El PSN se abstuvo al considerar que “la vía procedimental adecuada” no era la de ir al TC. “Aún estando de acuerdo con el fondo del asunto, conviene tener posibilidades de ganar cuando se va a los tribunales”, justificó el diputado Juan José Lizarbe.
Urriza cree que es la Ejecutiva Federal de los socialistas la que “ha parado los pies” al PSN pese a haberse comprometido públicamente con esta causa. Por su parte, el PSOE andaluz aprobó una propuesta de resolución de IULV-CA en el último Debate de Estado de la Comunidad en la que se aseguraba que el Parlamento autonómico tomaría “medidas «judiciales y/o políticas para instar la inconstitucionalidad del artículo de la Ley Hipotecaria que ha permitido la inmatriculación –o primera inscripción registral– a nombre de la Iglesia Católica de bienes públicos”. La Cámara se disolvió con motivo de las recientes elecciones autonómicas y nada se había hecho al respecto.
Por todo ello, la abogada responsabiliza tanto al PP como al PSOE de no haber promovido un “debate riguroso, serio y sosegado” sobre esta “cuestión de Estado” y, por el contrario, “consentir que la Iglesia robe a los ciudadanos lo que es de sus antepasados”.
Antonio Manuel Rodríguez, además, advierte del “coste social” que eso ha tenido para los españoles. “En un momento como el actual donde está en riesgo el Estado del Bienestar por falta de financiación y donde cada día se ataca a lo público cerrando hospitales y colegios, habría que preguntarse cómo hace la Iglesia para poder seguir abriendo colegios, hospitales y universidades”, apunta.
El paradigmático caso de la Mezquita
La jerarquía eclesiástica se defiende, en la gran mayoría de los casos, alegando razones históricas y de conservación de los edificios de los que se siente “dueña legítima”. Sobre la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, insiste en que desde el 29 de junio de 1236 el templo es Catedral y en que “de varios documentos históricos reconocidos se extrae claramente que el monarca castellano, Fernando III, entrega la propiedad de la Mezquita a la autoridad eclesiástica con pleno consentimiento”.
Este caso, además, es paradigmático porque ha generado un nivel de debate que ha trascendido a la ciudad y ocupa a todas las administraciones. Así, mientras la Junta de Andalucía defiende la titularidad pública del edificio y pide “diálogo” para encontrar una solución a “este problema que el Estado no debería permitir” (son las últimas declaraciones realizadas por el consejero de Cultura en funciones, Luciano Alonso), el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), se alinea del lado del Obispado junto a otra plataforma ciudadana, ‘Keep calm and Mezquita en paz’, y augura que el enfrentamiento entre el Gobierno andaluz, el Ayuntamiento, el Cabildo y la Diócesis sólo “puede traer males a Córdoba”.
Entretanto, la plataforma ‘Por una Mezquita-Catedral de todos’, que aclara que no quiere eliminar el uso religioso del edificio ni cambiar la actual denominación del mismo, programa acudir en abril o mayo a Bruselas al Parlamento Europeo para denunciar “la connivencia que hay entre el poder político y la Iglesia católica en España”, algo que considera una “anomalía que no existe en ningún otro Estado de la Unión”.
(*) Ana V. Toscano es periodista.
