“Esta tradición no tiene ningún sentido, no responde a un Estado confesional”, sentencia Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que denuncia desde hace años este “disparate político y jurídico”
Poca gente, tras un Consejo de Ministros, le dice a su mujer que compre una botella de vino en Mercadona para celebrar un anuncio del Gobierno. Un valenciano de 38 años lo hizo el viernes. El Ejecutivo cumplió ese día con la tradición e indultó a 11 presos con motivo de la Semana Santa, que arranca este domingo. El treintañero, R. D. R., era uno de ellos. “Aún no me lo creo. No se lo dije a nadie más, ni a mis padres. Hasta que no sea seguro, seguro”, repite apenas unas horas después de conocer la noticia, sin fiarse todavía de la solidez de la decisión del equipo de Rajoy; y de camino al sastre que confeccionará la túnica con la que procesionará el martes con la hermandad de Les Set Paraules de Torrent (Valencia), que tramitó su perdón.
Como él, a petición de entidades católicas, otros 10 condenados quedarán “liberados” a lo largo de esta semana: cuatro en Andalucía, dos en Aragón, dos en Castilla y León, y otros dos en la Comunidad Valenciana. “Sentimos una enorme felicidad. Ayudamos a un preso reinsertado”, subraya Joan Payà, el vicepresidente de la cofradía de Torrent, que defiende esta centenaria medida de gracia —en Málaga se concede desde el XVIII, por una pragmática de Carlos III— y que rubricaron todos los Gobiernos de la democracia sin importar su color político.
Aunque este año redujo el número de indultos, Rajoy los había elevado en sus primeros años. Dio 21 en 2014 y 2013; y 19 en 2012. Frente a sus predecesores Zapatero (PSOE) y Aznar (PP), que firmaron como máximo 17.
“Esta tradición no tiene ningún sentido, no responde a un Estado confesional”, sentencia Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, que denuncia desde hace años este “disparate político y jurídico” y que mantuvo conversaciones con Ejecutivos del PSOE para intentar suprimirlo. Sin éxito. Porque, en su opinión, estas medidas suponen una injerencia de la religión. Recalca que solo deberían hacerse por la vía civil —a petición de jueces y fiscales—. “Con esta decisión del Gobierno se vulneran derechos constitucionales: privilegian a los devotos y entidades de una confesión”.
El actual Gobierno suma 72 perdones por Semana Santa. Como el de R. D. R., condenado a tres años por narcotráfico y al que Payà llama Charly, para no desvelar su nombre. Este mecánico cuenta que le pillaron pasando pequeñas cantidades de droga. Le sentenciaron e internaron en la cárcel de Picassent hace un año. De allí salió con el tercer grado a los cinco meses. Desde entonces, se mueve con una pulsera telemática pegada a él. A las once de la noche tiene que estar en su domicilio. “Estoy haciendo vida normal. Salgo de trabajar a las ocho y me voy a casa para estar con mi niño, de tres añitos”, relata.
El menudeo es uno de los principales motivos que los condujeron a la cárcel. A falta de conocer los de 2015, que se publicarán en el BOE, 16 de los 21 agraciados en 2014 fueron condenados por este delito. ¿Y se arrepienten? Charly lo tiene claro: “Yo sí. Desde el primer minuto. Lo peor que te puede pasar es entrar en la cárcel. De repente, te lo quitan todo”.
