En este sentido, el administrador de justicia ordena a la administración de Richard Aguilar Villa a cambiar el nombre del controvertido proyecto turístico y obliga a la Corporación Panachi a devolverle al departamento los $3.525 millones que costó la escultura.
No obstante, ese fallo se conoció una semana después de una decisión emitida por la Corte Constitucional sobre una tutela a la que pese que tenía los mismos argumentos, no le fueron concedidas las pretensiones.
En esa decisión, el alto tribunal señaló que debido a que en el contrato no se especificaba la figura y se dejó al arbitrio del artista representar “un ser superior”, la Gobernación no incurrió en ninguna vulneración al principio laico del Estado. Lea también Santísimo, a devolver dinero y a cambiar de nombre.
“Este es un fallo que no se dio en derecho, que se apartó de lo que ya había dicho la Corte Constitucional, que es el tribunal supremo constitucional, y que constiyó una vía de hecho”, explicó el Jurista.
Y agregó: “Consideramos que evidentemente prevalece el fallo de la Corte y por esa razón en los próximos días vamos a promover una acción de tutela contra la decisión del Tribunal”
Vanguardia Liberal consultó con Juan Manuel Charry, quien fue miembro de la asamblea nacional constituyente de 1991 y con la exconsejera de Estado Mariela Vega, y contrario a lo que argumenta Iguarán, coincidieron en asegurar que el fallo del Tribunal Administrativo de Santander prevalece sobre el de la Corte Constitucional porque la jurisdicción administrativa es el juez natural de la acción popular.
Esta Redacción intentó conocer cuánto dinero le costará al departamento pagar los servicios de Mario Iguarán, pero ni en la Gobernación ni el exfiscal revelaron el valor de los honorarios.
