El experto alerta de las leyes que estigmatizan a las mujeres que solicitan esta prestación
Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura, es uno de los cinco expertos que ha analizado la ley del aborto en El Salvador. Este profesor de Derecho en la Universidad de Washington, que fue preso de conciencia durante la dictadura argentina y que ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos, explica desde Estados Unidos que no es la primera vez que la ONU insta a El Salvador a reformar su restrictiva ley del aborto. Tampoco el único país al que la organización ha dado un toque de atención por vulnerar con sus leyes los derechos humanos: Nicaragua o Filipinas también han recibido recomendaciones.
Pregunta. ¿A qué se debe la última recomendación a El Salvador?
Respuesta. A que allí hay unas 17 mujeres que enfrentan acusaciones de homicidio por abortos, en casos por mera sospecha de habérselos causado o sometido voluntariamente a un procedimiento ilegal en El Salvador. Felicitamos a ese país por la resolución favorable a un caso en el que se indultó a una condenada [Guadalupe Vásquez], pero recordamos que otras están en una situación muy similar. Además, existe allí la amenaza latente de que esta persecución penal se cierna sobre mujeres que acuden a hospitales para tratarse por complicaciones de embarazos o de abortos mal practicados.
P. ¿Qué suponen casos como el de Vásquez?
R. Los derechos reproductivos están bajo consideración en el Derecho Internacional. No hay todavía un derecho internacionalmente reconocido de la mujer a elegir el embarazo o terminarlo, pero algunos aspectos de los derechos reproductivos sí están reconocidos, como la prohibición de la esterilización forzosa. Las opciones de política de salud de un Estado deben tener el límite de no someter a las mujeres al trato cruel, inhumano o degradante, ya que el Derecho Internacional prohíbe el maltrato en forma absoluta y en cualquier circunstancia.
P. ¿Qué significa ese límite?
R. Que si el Estado opta por tener políticas restrictivas respecto a los derechos reproductivos, debe arbitrar los medios para prevenir situaciones en que las mujeres se vean humilladas por solicitar ciertas medidas de atención a su salud. El caso de Guadalupe se sitúa en este preciso ángulo donde convergen políticas estatales determinadas por las autoridades y a los controles democráticos, con el derecho irrenunciable de cada persona a que se respete su dignidad humana en toda circunstancia.
P. ¿Vulneran estas legislaciones restrictivas los derechos humanos?
R. Las leyes que prohíben el aborto de todo tipo no son necesariamente contrarias a los derechos humanos, pero depende de cómo se implementan. Las que van más allá y criminalizan el aborto, y hacen a las mujeres objeto de la persecución penal, sí. Estas ponen en riesgo a mujeres de ser tratadas en forma humillante por el sistema penal del país. Esto también sucede, lamentablemente, en países donde ciertos abortos (terapéutico, en caso de violación, etc.) son permitidos legalmente, porque la cultura predominante humilla de diversas maneras a las mujeres que lo solicitan. En esos casos, aunque el aborto esté permitido por ley, el Estado igual está obligado a proteger a las mujeres contra el trato cruel, inhumano o degradante.
Lo último que vio Guadalupe Vásquez antes de entrar en prisión fueron la camilla de hospital y las batas blancas de los sanitarios del hospital salvadoreño de San Bartolo. La joven, de 18 años, había acudido a urgencias por una hemorragia uterina. Allí, los médicos la denunciaron por provocarse un aborto –prohibido en El Salvador– y Vásquez pasó del hospital a la cárcel. La fiscalía cambió después la acusación de aborto por la de homicidio agravado. Al parecer, la joven, que siempre alegó que desconocía que estaba encinta y que además había sido violada, dio a luz sola a un feto sin vida en el cuartito donde vivía. Los jueces la declararon culpable y Vásquez fue condenada a 30 años de cárcel. Hoy, tras más de un cuarto de su vida entre rejas, acaba de recuperar la libertad. La Asamblea Legislativa de El salvador le ha concedido el indulto.
En prisión quedan otras mujeres con casos similares. Dieciséis con condenas firmes y otras cinco –procesadas en los dos últimos años— en espera de que la sentencia condenatoria sea definitiva. Todas afirman haber sufrido complicaciones obstétricas que terminaron en abortos o muertes fetales, y fueron primero acusadas por interrupción voluntaria del embarazo –penada con hasta cinco años– y finalmente procesadas por homicidio agravado (por parentesco). Algunas cumplen penas de hasta 40 años, apunta Morena Herrera, presidenta de la Colectiva Feminista y una de las activistas que conoce de cerca cada caso.
La ONU, tras el histórico indulto de Vásquez, ha instado a El Salvador a revisar las condenas. También a reformar su durísima legislación sobre aborto, que prohíbe esta intervención sanitaria incluso para salvar la vida de la gestante y que provoca que mujeres que han sufrido abortos espontáneos o complicaciones obstétricas –la mayoría, dicen, mujeres pobres y sin estudios– sean condenadas. “Es tiempo de acabar con estas injusticias”, dice un informe de Naciones Unidas elaborado por seis de sus relatores, incluidos los de Torturas, Mujer o Justicia. “La ley viola el derecho de la mujer a mantener unos estándares dignos de salud física y mental, y no garantiza su acceso a los servicios que aseguran sus derechos sexuales y reproductivos; particularmente al aborto terapéutico”, dice el análisis que los relatores han enviado al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Guadalupe Vásquez acaba de volver a casa de su madre. Ha pasado siete años privada de libertad y mientras tanto el tiempo no ha quedado suspendido. Cuenta, algo desorientada, que al llegar a la casa familiar apenas podía reconocer a sus hermanos pequeños. En la cárcel de mujeres de Ilopango –una de las más saturadas del mundo y donde ha permanecido la mayor parte de su pena— las visitas estaban muy limitadas. “Cuando me condenaron quería morir. Yo sabía que era inocente y me sentía impotente por lo que me estaba pasando. He perdido mucho por algo que no hice, pero por fin se ha hecho justicia”, dice por teléfono desde San Salvador.
Ahora, Vásquez, que trabajaba como sirvienta interna en una casa por apenas 80 dólares al mes, que fue violada por un vecino de sus empleadores y vivía en un cuartito sin luz, cuenta que quiere rehacer su vida. Cuando fue condenada apenas había completado hasta el tercer grado escolar. En prisión, ha terminado el bachillerato. “Me encantaría seguir estudiando, quizá para abogada o algo así, querría ayudar a otras mujeres como yo”, dice.
El de Vásquez es el primer perdón por delitos relacionados con la interrupción del embarazo en El Salvador. También el primero concedido a una mujer en ese país. La Asamblea Legislativa, tras una intensa campaña nacional e internacional, aprobó con 43 votos –el mínimo– la liberación de la mujer por considerar que su proceso había estado plagado de irregularidades. También, explica Dennis Muñoz, uno de los abogados que ha llevado su caso desde el Agrupación para la Despenalización del Aborto, porque se confirmó que Vásquez fue condenada a pesar de que los forenses manifestaron que el feto murió por “causas indeterminadas”; nunca se mencionó que se debiera a un aborto provocado.
El caso de la joven ha reabierto el debate sobre la legislación del aborto en El Salvador en plena campaña electoral a las legislativas y municipales que se celebran este 1 de marzo. Sin embargo, apunta el analista político Marcel Pérez, en un país donde la iglesia y los sectores más conservadores tienen mucha influencia, ningún partido ha querido abrir el melón del cambio de la ley. De hecho, algunos de los diputados que votaron por el perdón de Vásquez han sido objeto de intensas campañas por parte de los grupos contra el derecho al aborto. El Salvador restringió el acceso a esta prestación sanitaria en 1997 –hasta entonces estaba permitida— e incluyó además en la Constitución un artículo que dicta que la vida debe protegerse “desde el momento de la concepción”. Un modelo difícil de cambiar sin un amplio consenso político. Mientras, las mujeres siguen sufriendo las consecuencias de la draconiana legislación. Entre 2000 y 2011 (último año del que hay datos), hubo al menos 129 procesadas –el 60%, denunciadas por el personal sanitario–; 49 de ellas fueron condenadas.
