En lugar de avanzar, Costa Rica retrocede. El Proyecto de Ley convocado por el presidente LG Solís y su ministro de la presidencia, el pastor luterano con licencia, Melvin Jiménez (llamado curiosa y casi irónicamente Proyecto de Ley para Libertad Religiosa y de Culto (Expediente 19.099) constituye un gravísimo paso atrás. No sólo nos haría retroceder más de 140 años en materia de secularización y modernidad política, sino que propone algo absurdo: pasar de un Estado uni-confesional a algo mucho más grave, un Estado multiconfesional.
Solo su lectura causa escalofríos. Le hace a uno pensar que los viejos líderes que fundaron nuestro Estado en el siglo XIX (Carrillo, Guardia, Jesús y Ricardo Jiménez; la mayoría de ellos seculares y librepensadores; por no hablar en el siglo XX de gente como Figueres Ferrer, Oduber Quirós o, Rodrigo Facio, quienes creían en la modernidad política y en la clara separación del Estado y la Iglesia —deben estar desde sus sepulcros asombrados y estupefactos. Con seguridad, no entienden como un país puede volverse tan parroquial y tan aldeano, retroceder tantos pasos en el curso de la historia y sobre todo— estar hoy tan atrapado por la red de intereses de una multitud de iglesias, cultos, congregaciones y hasta oratorios de garaje, panderetas y micrófonos de altavoz que tienen mareada a nuestra clase política. Y, aparentemente, secuestrada.
El texto del Proyecto tiene varias consecuencias peligrosas y claramente inconvenientes para el país. Las expongo de seguido: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=19099
Privilegios económicos para las iglesias a costa del fisco. Primeramente, su normativa permite extender las donaciones y transferencias directas de dinero, así como privilegios y exenciones tributarias y fiscales del Estado hacia otra serie de iglesias del país, incluidas las luteranas, evangélicas, cristianas, protestantes, ortodoxas (siempre y cuando sean aprobadas por una Oficina en un ministerio, que desde luego será controlada políticamente). Es difícil imaginar algo más regresivo y ominoso.
Es decir, además de la Iglesia Católica, ahora vamos a financiar con nuestros impuestos todas las otras iglesias. Costa Rica es el único Estado confesional que queda en América Latina y ello se traduce en la obligación constitucional de brindar una serie de privilegios y exoneraciones a la Iglesia Católica, además de transferirle fondos directos. El Ejecutivo transfiere parte de su presupuesto gubernamental hacia las arcas de la Iglesia Católica, amparado en el artículo 75 de la Constitución Política. De acuerdo con los datos del Presupuesto Nacional 2007-2014, la administración Arias transfirió ¢386,6 millones a la Iglesia Católica. Estas trasferencias subieron dramáticamente durante la administración Chinchilla, quien desde su primer año de mandato fue nombrada “hija predilecta de la Virgen María”. El último gobierno otorgó ¢940 millones en transferencia al clero católico.
Es decir, un incremento del 143%. A estas transferencias directas se suman los subsidios a los colegios católicos, los dineros que gira el Estado para la administración de proyectos de ayuda social, los presupuestos del Ministerio de Cultura para restauración de templos, así como las distintas formas de exenciones y prebendas fiscales. Sumado todo esto, fácilmente se puede llegar a la asombrosa suma de ¢1.500 millones de colones.
Y si la Administración Chinchilla subió esas transferencias a ¢940 millones, ¿a cuánto más subirán esos prepuestos en la administración Solís si, además, pretende trasladarle fondos a otra serie de iglesias? ¿A ¢1.500 o 2.000 millones? Y lo gravísimo del caso es que será con dinero público, con nuestros impuestos. Por no hablar de la gravedad del hecho, ya ventilado por la prensa, de que sea el propio ministro de la Presidencia quien busque impulsar un Proyecto que en forma directa beneficiará a su propia congregación religiosa.
Una normativa autoritaria y politizada. Pero los problemas no terminan allí. El Proyecto busca que el Estado cree una nueva estructura gubernamental desde el Ministerio de Justicia que se “encargará” de los asuntos religiosos (Dirección General de Asuntos Religiosos) y obligaría al Gobierno a financiar y facilitar el funcionamiento de los centros de oración y la enseñanza de la religión en los centros educativos, proponiendo renovar automáticamente los permisos de salud a los templos con más de 10 años de funcionamiento. La inferencia de esa normativa es peligrosa y ominosa: no sólo nos transformaríamos en la práctica en un estado multi-confesional, sino además sería una nueva estructura gubernamental la que definiría cuáles religiones son “aprobadas” y susceptibles de recibir los nuevos beneficios, financiados con nuestros impuestos. (Artículo 36, inciso q) del Proyecto). En síntesis: los beneficios a los religiosos definidos con mano política. ¿Dirección General de Asuntos Religiosos? ¿Y no es que la religión es un asunto privado, del alma, del fuero interno de las personas, que no debería ser regulado por el Estado?
En dos palabras, burócratas definiendo quiénes representan a Dios y quiénes no, y quiénes reciben los favores de los presupuestos públicos. Regresión medieval y autoritarismo, que recuerda el “imprimatur” de la Inquisición, ahora teñido de burocracia y favores políticos.
Asombrosamente, este peligroso Proyecto se convoca en un momento en que el mismo Poder Ejecutivo negocia con el Vaticano un acuerdo (Concordato) con el cual se garantizaría que Costa Rica deje de ser un Estado confesional católico. Una contradicción asombrosa del propio gobierno. El propio Papa Bergoglio ha dicho públicamente que es conveniente que los Estados políticos sean laicos, y que la separación entre Estado y la Iglesia más bien fortalece ambos órdenes. En lugar de hacer la reforma del artículo 75 de la Constitución Política, como el PAC había prometido en campaña, el Poder Ejecutivo se desdice —al igual que en otros temas como la Refinería china y Ruta 32— y presenta en su lugar un Proyecto de ley que no sólo no avanza en esa materia, sino que es regresivo y reparte favores políticos y financieros no solo a una, sino que a múltiples iglesias.
¿Y proyectos esenciales como el de FIV (Fecundación in Vitro) requerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Proyecto de Ley de Sociedades de Convivencia? Brillan por su ausencia. Ni siquiera fueron convocados a Sesiones Extraordinarias. Tal parece que no son del agrado de los nuevos promotores del Medioevo…
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Valore este análisis de la Ley propuesta con las declaraciones del presidente de Costa Rica afirmando que apuesta por la separación y por un Estado laico.
¿Contradice el proyecto de libertades religiosas su compromiso de estado laico?
