Muerta la investigación, la única vía que les quedaba a los laicistas era avisar a los ayuntamientos de que vigilasen los bienes que considerasen del pueblo para evitar sorpresas. Con este fin, remitieron un escrito informando de la problemática de las inmatriculaciones. "Esto no es un ataque a la Iglesia Católica", recordó García, "sino contra un privilegio que nos parece inconstitucional al dar poderes de fedatario público a una confesión religiosa". Sin embargo, esta iniciativa no ha cosechado el menor éxito en los municipios. "En honor a la verdad, no hemos recibido ni una sola contestación", admitió García. "Nosotros hemos hecho lo que hemos podido".
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunirá mañana con el nuevo presidente de los obispos, Luis Argüello
Según ha podido saber Vida Nueva, el responsable de las relaciones con la Iglesia recibirá este jueves por…