Se pondría en riesgo la salud de la mujer y eliminaría su derecho a decidir, a su autodeterminación. No disminuiría el número de abortos, sino más bien lo contrario, incrementaría los mismos. Generaría un aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo inseguras, con repercusiones que pueden llegar a ser graves para la salud de la mujer. Y se traduciría en un incremento del número de recién nacidos con enfermedades congénitas graves y limitantes. Además, habría una discriminación en función de los recursos económicos, en tanto se perjudicaría a las mujeres en situación más desfavorecida y que, por tanto, son las que sufrirían más las consecuencias (aumento del número de hijos provenientes de embarazos no deseados, abortos inseguros, aumento de hijos e hijas con enfermedad congénita grave). Y sería una vuelta a la situación de inseguridad jurídica para los profesionales, que puede llevar a que se retraigan muchos de ellos a la hora de hacer informes.
Son las principales conclusiones de un informe remitido por la Junta de Andalucía al Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno de Rajoy. Todas estas frases en condicional se convertirían en presente si la contrarreforma siguiera adelante tal y como la presentó el ministro Gallardón. Así lo han manifestado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quienes han destacado que la conclusión final no puede ser otra que la retirada del anteproyecto.
El informe también hace referencia a la complejidad del proceso, lo que retrasaría la interrupción y obligaría a abortos tardíos que son menos seguros que los precoces. Con la nueva normativa, más del 93% de las interrupciones voluntarias de embarazos que se realizan actualmente en Andalucía y más del 91% de las que se hacen en España se producirían bien fuera de España o se harían de forma insegura, según la Junta. El informe incide también en que la única forma efectiva de reducir los abortos es una mayor educación afectivo-sexual y un mejor y más fácil acceso a los métodos anticonceptivos, que están perfectamente definidos en la normativa actual y no aparecen en el anteproyecto aprobado.
El informe recoge, por un lado, argumentaciones basadas en el ordenamiento jurídico sobre los derechos de la mujer que quedan vulnerados y coloca a los profesionales en una situación de inseguridad jurídica, y aspectos técnicos en el ámbito de la salud pública que explican el peligro que la aplicación de la nueva norma supondría para la salud de la embarazada. “Este anteproyecto nos retrotrae a un sistema de supuestos, que nos devuelve a la España de hace más de 30 años en los que la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho”, ha asegurado la consejera de Salud, que insiste en que la normativa incurre en una infracción de derechos garantizados en la Constitución y “vulnera la dignidad de la mujer, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad y elimina el derecho a decidir sobre su maternidad”.
Este informe incluye, por segunda vez, la solicitud de retirada del anteproyecto en tanto pretende “instaurar un modelo que se desentiende de la necesaria seguridad jurídica de los ciudadanos”, ha señalado el consejero de Justicia e Interior. De Llera ha manifestado que vulnera el derecho “a la autodeterminación, a tomar las decisiones más importantes de su vida, entre los que se halla el derecho a ser madre”. Y ha subrayado que “las restricciones excesivas a la libertad de la mujer resultan prácticamente imposibles de justificar constitucionalmente”.
ABORTOS INSEGUROS
Según el informe, el nuevo texto normativo, que tiene por objeto sustituir la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, vulnera la dignidad de la mujer, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Vulnera el derecho a la autodeterminación libre, consciente y responsable de la mujer sobre su propia e íntima maternidad y sobre su integridad física y moral. Por lo que constituye, según apunta el texto, “una alteración del disfrute de los derechos fundamentales de la mujer y constitucionalmente garantizados en el ámbito de su libertad y de autodeterminación personal”.
Sánchez Rubio también ha recordado el posicionamiento contrario que algunas organizaciones profesionales y sociedades científicas han realizado respecto al anteproyecto, como es el caso de la Organización Médica Colegial que manifestó, a través de su presidente, que el médico no es capaz de adivinar cómo afectará el aborto a la salud mental de la mujer.
Los cálculos indican que a nivel mundial se realizan cada año 42 millones de interrupciones voluntarias del embarazo, de las que aproximadamente 20 millones se practican en circunstancias inseguras. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto que las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas sin un mínimo estándar sanitario suponen un alto riesgo de morbi-mortalidad de la mujer como consecuencia, principalmente, de hemorragias, infecciones y/o envenenamiento. Aproximadamente 47.000 mujeres mueren cada año por un aborto inseguro y muchas más sufren secuelas a largo plazo, incluyendo la infertilidad.
A nivel mundial, el 20% de mujeres entre 15 y 44 años viven en países donde no se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo o está limitado a salvar la vida de la mujer cuando ésta está en peligro. El 57% vive en países donde el aborto inducido tiene menos restricciones legales y las mujeres pueden solicitarlo por diversas razones.
DESCENSO DE ABORTOS CON LA ACTUAL LEGISLACIÓN
La Ley de 2010 posicionó a España al nivel de países del entorno y reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad libre y responsablemente. La mayoría de los países europeos reconocen el aborto por libre decisión de la mujer entre las 8 y las 24 semanas en función del país (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia…) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de la mujer (Inglaterra, Finlandia e Islandia). En Europa sólo dos países (Irlanda y Polonia) mantienen una legislación limitada a situaciones de riesgo vital para la mujer y uno (Malta) lo prohíbe totalmente.
Con la actual Ley en vigor, el número de interrupciones voluntarias del embarazo ha descendido en 2012 respecto al año anterior. Concretamente, a nivel nacional se ha observado una reducción del número de IVE en 2012 del 5,04% respecto a 2011.
Además, la ley actualmente vigente recoge la objeción de conciencia a aquellos profesionales directamente implicados en la interrupción del embarazo, garantizando siempre la adecuada asistencia a la mujer antes y después de la intervención.
Pintada contra la Ley del Aborto en Sevilla.
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