La legislación educativa debe incluir la laicidad de la educación pública y de la privada que se financia con fondos públicos.
Los recortes educativos, el desmantelamiento de la enseñanza pública y del resto de servicios públi-cos se inscriben dentro de la política del PP cuya pretensión es la privatización de todo lo público, para lo que debe destruir las conquistas sociales, eliminar los derechos conseguidos por las trabajadoras y trabajadores con la lucha de decenas de años, rebajando lo sueldos y llevando al paro y a la miseria a millones de personas en el conjunto del Estado, al tiempo que se legisla para que una ínfima minoría siga enriqueciéndose.
En el caso de la educación el ataque es brutal, una política de recortes que impone el aumento de las ratios y del número de horas de clase que debe impartir el profesorado, situando al sistema educativo español muy por encima de la media europea y de la OCDE en estos dos indicadores educativos, atacando la raíz de una educación de calidad e impidiendo conseguir los objetivos de lucha contra el fracaso y abandono escolar, despidiendo a miles de profesoras y profesores y haciendo que el alum-nado reciba sus clases en peores condiciones que con anterioridad.
El 10 de diciembre de 2013 el BOE publicaba la LOMCE y el 30 del mismo mes empezaba la apli-cación. El PP ha aprobado en solitario la LOMCE, después de casi dos años de movilizaciones de la comunidad educativa en contra de esta ley, con dos huelgas generales en educación incluidas. Muchos han sido los motivos para oponerse a esta ley: aumenta la brecha social del alumnado, empeora las condiciones laborales del profesorado, vacía de capacidad de decisión los Consejos Escolares de Centro, convierte las direcciones en gerentes de empresa, anula los proyectos educativos de los centros, arrincona las lenguas propias, fomenta la religión, segrega el alumnado por sexos y capacidades, incorpora reválidas que desprecian la evaluación del profesorado, etc.
Este documento pretende ser una propuesta de trabajo para ser discutida por parte de la comunidad educativa y sus diversos sectores y aplicado en cada Centro. Un documento vivo y dinámico, para ser enriquecido con las aportaciones de todos quienes conformamos la escuela pública, para que entre todos y todas busquemos la manera de evitar los graves perjuicios que tendrá esta ley en el sistema educativo. Por lo tanto, os animamos a discutirla, debatirla y aplicarla.
Este documento es una Guía para el funcionamiento democrá-tico de un Centro Educativo y para enfrentarse a la aplicación de la LOMCE.
Los claustros, las AMPAs y las y los estudiantes, así como los Consejos Escolares de Centro, tenemos el reto de evitar en la medida de nuestras posibilidades que esta Ley se convierta en un tsunami que arrase la escuela pública; nos hemos manifestado, hemos hecho huelgas…, ahora toca asegurar el funcionamiento democrático de los Centros y no aplicar la LOMCE en nuestro Centro.
Este documento incluye una batería de propuestas agrupa-das por temas, con medidas a llevar a cabo por los diferentes sectores de la comunidad educativa. Se indica el punto correspondiente del Artículo Único de la LOMCE, cómo modifica el artículo correspondiente de la LOE, o le añade un nuevo artículo, y se copia el contenido. Se proponen medidas, se justifican, se indica quién o quiénes son los responsables de su aplicación y qué consecuencias legales puede tener.
Los ejes en que se basa la propuesta de STES-i son los siguientes:
- La defensa de la escuela pública, dado que la LOMCE es la concreción de una política que pretende mercantilizar la enseñanza, potenciando su privatización, derivando alumnado a los centros privados, regalando suelo público a empresas privadas y permitiendo que la enseñanza sea un negocio.
- El Consejo Escolar del Centro debe seguir ejerciendo su capacidad constitucional de intervenir en el control y gestión del Centro, no permitiendo que el director sea un gerente que hace y deshace a su voluntad, no permitiendo que se limite a informar al máximo órgano de participación de la comunidad educativa. Debemos revitalizar el funcionamiento democrático de los Consejos Escolares, como forma de potenciar la democracia y autonomía de cada Centro.
- El mantenimiento del Claustro de Profesores y Profesoras como órgano decisorio que debe mantener su capacidad actual de decisión, que debe aprobar la Programación General Anual, recuperando unas condiciones de trabajo del Profesorado que permitan impartir una enseñanza de calidad, negándose a la "especialización" del Centro, nombrando a sus representantes en el Consejo Escolar…
- Los padres y madres y el alumnado, deben ser parte activa en el funcionamiento del Centro y en la toma de decisiones. Para que con su fuerza y capacidad de movilización apoyen las decisiones democráticamente tomadas en el Consejo Escolar.
- La evaluación se pretende transformar con la LOMCE en una fuente de información para establecer rankings, segregar al alumnado y para convertir Centros en guetos, y no para la mejora del proceso educativo. Las medidas propuestas emplazan a dificultar/obstaculizar por parte de los padres y madres y del alumnado la aplicación de las reválidas, ya que el profesorado está obligado a realizarlas por su dependencia funcionarial con la administración que las impone.
La legislación educativa debe incluir la laicidad de la educación pública y de la privada que se financia con fondos públicos.
Cualquier doctrina religiosa tiene que quedar fuera del currículum, pues la religión pertenece al ámbi-to privado y los centros educativos no deben ser lugar para el proselitismo religioso. No deben existir símbolos religiosos en los centros públicos y en los privados concertados. El currículum tiene que ser abierto y equilibrado para una educación integral que promueva la autonomía personal y los valores socio-afectivos.
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