La religión católica sigue fuerte en las escuelas públicas de Andalucía. Las cifras son elocuentes: según los datos de la Consejería de Educación, de 1.099.336 de alumnos escolarizados en los centros públicos de la comunidad -infantil, primaria, secundaria y bachillerato- durante el curso 2012/2013, un 67,9% cursó la asignatura. El dato es especialmente rotundo en los los primeros niveles, pero pierde fuelle a medida que pasan los años: si en primaria el porcentaje se situaba en un 84,9%, en bachillerato se queda en un 27,1%. La opción católica sigue siendo muy mayoritaria en un sistema público que, en paralelo, ve cómo las religiones minoritarias se hacen un hueco. En concreto, el curso pasado un 0,6% de los alumnos optó por clases de religión evangélica y un 0,4% de islámica. Pese a que no hay grandes cambios, estas opciones minoritarias se han mantenido estables o han crecido en los últimos años, mientras las clases de religión católica disminuyen tímidamente siguiendo la tónica nacional -aunque Andalucía se sitúa, tras Extremadura, como la segunda comunidad en las que más estudiantes lo hacen-. En el fondo, un debate: ¿tienen los mismos derechos todos los alumnos?
LA DISTANCIA ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, dice la Constitución en su artículo 27. El Estado mantiene acuerdos con las principales religiones minoritarias -Evangélica e Islámica- para garantizar que los alumnos que así lo deseen puedan recibir clases relacionadas con sus creencias. Se trata, no obstante, de una legislación que encuentra diversos obstáculos en la práctica. Según las estimaciones del Consejo Evangélico de Andalucía, en la comunidad existen más de un millar de alumnos que no tienen acceso a clases de su religión pese a querer recibirlas.“A pesar de que las cuatro confesiones poseen, en principio, las mismas disposiciones legislativas, con iguales derechos, en el día a día aparecen contrastes en relación con la implantación”, explican los profesores universitarios Sol Tarrés y F. Javier Rosón en un artículo de 2009 dedicado al asunto. El diagnóstico es claro: “El pluralismo religioso solo se ejerce sobre el papel”, denuncian.
“No conozco ni un niño que quiera tener religión católica que no tenga”, denuncia José Manuel Marín, consejero de Educación de la organización evangélica, “es discriminación”. El Consejo Evangélico firmó en 2012 un convenio de colaboración con la Junta, actualmente en vigor, por el que la Administración andaluza se hacía cargo de la contratación de los profesores -el gran problema- en secundaria. Mientras en esa etapa, asegura Marín, se da respuesta a la demanda de los alumnos, es en infantil y primaria -competencia del Ministerio- donde hay un “cuello de botella” que impide que el número de alumnos crezca. “Cualquier contrato son sudores y lágrimas”, denuncia.
Pero la comunidad evangélica se enfrenta a otros retos que van más allá del trabajo de la Administración. Son los propios padres de los alumnos los que en ocasiones no tienen demasiado claro qué derechos pueden reclamar en relación con la educación de sus hijos. También los centros educativos: ”Nos encontramos con el desconocimiento de los directores de los centros”, asegura Marín, que reclama mayor difusión. Pese a los problemas, el crecimiento de alumnos matriculados en la opción evangélica ha sido constante en los últimos años en Andalucía. Si en el curso 2008-2009 había 5.630 alumnos en el sistema público andaluz, el curso pasado la cifra había sumado más de 800 hasta llegar a los 6.434, según los datos de la Consejería. El Consejo Evangélico, en cambio, habla de 5.868 para el mismo curso -datos recabados a través de su red de profesores-, aunque admite la progresión en los últimos años. “Si no tuviéramos problemas, creo que duplicaríamos el alumnado”, asegura Marín.
Una de las razones que esgrimen algunos directores para negar la opción evangélica ees que no hay suficientes alumnos. Aunque se reconoce el derecho a que todos reciban clases de su credo, las órdenes ministeriales de 1996 que regulan el régimen económico de los profesores de estas religiones restringían su remuneración a que los grupos fuesen superiores a diez personas. Para Marín, se trata, sin embargo, de una confusión. “Se nos dejó de aplicar”, explica, “un decreto de 2007 equiparó al profesorado con los derechos de los interinos”. Así, asegura, en Andalucía hay casos en los que se contrata a un profesor para dar clases a solo dos o tres alumnos.
RELIGIÓN ISLÁMICA
A diferencia de la religión evangélica, la islámica no cuenta con un convenio específico en Andalucía. Para el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, es un factor más de discriminación: la Junta les prometió que llegaría hace algunos años, pero todavía no cuentan con acuerdo específico. La situación de los alumnos que eligen religión islámica es similar, aunque no sabe cuantificar el número de ellos al que se le niega la posibilidad de recibir clases de su credo. ”No es suficiente. Estamos intentando hacer lo que podemos e intentamos atender al máximo número de musulmanes”.
Según el Informe Anual 2012 del Observatorio Andalusí, que estudia la situación de los ciudadanos musulmanes en España, a nivel nacional solo se atiende un mínimo de las demandas. ”Muchos centros docentes no ofertan enseñanza religiosa islámica”, denuncian. No se contrata, por ejemplo, ningún profesor para centros públicos de educación secundaria y bachillerato aunque haya demanda, reflejando “discriminación, no cooperación e incumplimiento del acuerdo y convenio al respecto”. La situación, sin embargo, no es la misma para los alumnos de religión católica: “Evidencia un cierto posicionamiento de las administraciones educativas, arbitrario e inconstitucional”.
“Son muchos”, critica Tatary, ”no hay aceptación por parte de la administración”. Se suceden los lugares comunes con la problemática evangélica. En los centros, dice, falta información y los padres no siempre tienen claras las opciones. ”Los inmigrantes recién llegados no lo saben”, aclara, “incluso les da miedo”. El presidente de UCIDE lo tiene claro: solo con el apoyo decidido de las administraciones será posible normalizar la situación. ”Estamos intentando con toda nuestra fuerza cumplir con la ley. Solos no podemos hacerlo. Con una sola mano no se puede aplaudir”, denuncia, ”cuando sean mayores, los niños podrán decir: yo fui discriminado de pequeño”.
Las cifras estadísticas de la Consejería andaluza hablan de un comportamiento desigual del número de alumnos islámicos en los centros públicos. Si en 2008 había alrededor de 4.000 los alumnos matriculados, la cifra ha crecido sustancialmente hasta 2012 -aunque con variaciones en la serie histórica-, año en el se ha situado en 4749.
MAYORÍA CATÓLICA
Aunque los datos siguen hablando de una amplia mayoría católica en la escuela pública andaluza, la serie histórica dibuja el descenso a lo largo de los últimos años. Si en 2012/2013 eran 746.228 alumnos los matriculados en la opción católica (67,9%), un año antes, en el curso 2011/2012, el porcentaje de alumnos matriculados se situaba en 753.995 alumnos, un 69,1%. La bajada es constante durante los últimos cursos: en 2008/2009, cuatro años antes, el porcentaje se situaba en un 72.8%. Las cifras se mueven en un terreno similar al de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en noviembre de 2013 hablaba de un porcentaje de población católica del 70,6%, inferior al 72.4% de 2012 y al 74,1% de un año antes.
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