Carta abierta en defensa de la Escuela Pública

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Se apoya que la iglesia católica siga influyendo en la educación pública al regular la enseñanza religiosa como asignatura y, por tanto, como calificación contable en el expediente académico del alumnado y en sus efectos.

A todos los miembros de la Comunidad Educativa de Torreperogil, profesorado, padres y madres, alumnado y ciudadanía en general:

       Como sabéis el actual Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, ha emprendido una serie de reformas que afectan de manera significativa al funcionamiento y a la propia razón de ser de la escuela pública, como elemento fundamental para el desarrollo integral del individuo y pilar indispensable de una sociedad abierta, tolerante, laica y democrática.

El ministro José Ignacio Wert y sus políticas de recorte han llevado a la escuela pública a una situación muy difícil, situándola en  franca desigualdad respecto a la escuela privada y concertada, fomentado políticas que atacan directamente al derecho a la educación de todos los españoles, el derecho a una educación de calidad, igual para todas y todos, sean cuales sean sus recursos económicos y sus circunstancias personales o sociales.

Existe un interés muy claro en no proveer a la escuela pública de los recursos necesarios, eliminado inversiones hasta ahora imprescindibles para su funcionamiento. Una inversión inferior al cuatro y  medio por ciento del P.I.B. en Educación  hace  insostenible  el  sistema  público  actual.  De hecho sólo para Andalucía, las medidas anunciadas supondrían el recorte de unos 15.000 puestos de docentes. Desde el Ministerio se propone un  aumento de la ratio por aula de hasta 35 alumnos, además de la imposición de políticas que creíamos olvidadas y propias de “tiempos lejanos” como la segregación del alumnado por sexo. A lo largo de los dos últimos años la educación pública ha sufrido un recorte de 3.400 millones de euros en sus presupuestos. Con los nuevos recortes anunciados, la caída de la inversión en educación va a superar los 7.000 millones de euros.

Por otra parte, el sistema educativo deberá de atender el próximo curso a más de medio millón de alumnos más (320.000 en primaria y secundaria y 200.000 universitarios). Esto se traduce en una caída de la inversión por alumno de más del 25% en un periodo de cuatro años.  El aumento del 20% en el número de alumnos/as por clase supondrá una menor capacidad de atención individualizada a nuestros hijos/as, además de una masificación en las aulas.  Las bajas del profesorado no serán cubiertas durante las primeras dos semanas, lo que supondrá que, durante ese tiempo, el alumnado tendrá que ser atendido por profesores no especialistas en la materia y no podrán seguir avanzando en sus programas. Se reducirán o desaparecerán de los centros algunos programas educativos específicos como compensatoria, diversificación o programas de cualificación profesional inicial, destinados a combatir el fracaso escolar y atender al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje como inmigrantes, hijos de familias desestructuradas, discapacitados, etc. Este alumnado abandonará  el sistema o tendrá que incorporarse al grupo general, dificultando así su proceso de aprendizaje. Se eliminan materias como “Educación para la Ciudadanía”, sereducen o desaparecen las asignaturas del Área Artística, Música y Plástica y  otras áreas cómo Tecnología también se ven afectadas.

Se apoya, sin embargo, que la iglesia católica siga influyendo en la educación pública al regular la enseñanza religiosa como asignatura y, por tanto, como calificación contable en el expediente académico del alumnado y en sus efectos. Siguen eliminándose unidades de Educación Infantil y desaparece el plan de creación de escuelas infantiles para menores de tres años.

La reducción de la plantilla del profesorado  impedirá ofertar las clases de apoyo que muchos/as alumnos/as reciben actualmente. Se recorta en cada centro la oferta de estudios post-obligatorios, al suspenderse la implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional y reducirse las modalidades de Bachillerato ofertadas. Muchos/as alumnos/as que finalizan la E.S.O. se verán obligados/as a desplazarse a centros educativos más alejados si desean proseguir sus estudios.

El alumnado que este curso se incorpora a la Universidad ha visto como las tasas de la matrícula han subido en un porcentaje imposible de asumir por familias con escasos recursos. Este hecho, sumado a la reducción de 166 millones de euros de la cuantía destinada a becas, privará a muchos estudiantes de poder costearse estudios universitarios.  Se dificulta el acceso a las becas al aumentar la nota media exigida para que éstas sean concedidas, así como el número de asignaturas a superar para poder mantenerlas. Todos estos recortes se suman a los que venimos ya sufriendo en los últimos años, como la reducción de los fondos destinados a los Centros, que afectan a cuestiones tan básicas como la calefacción, las fotocopias, los materiales de prácticas o la limpieza.

Los servicios públicos universales (no solo educación, sino también sanidad o servicios sociales) tienen como objetivo corregir los desequilibrios. Sin embargo los derechos sociales que hemos conquistado en las últimas décadas, y que no son los causantes de la crisis, corren el peligro de desaparecer si no actuamos. Desmantelar la educación pública es un suicidio colectivo que nuestro país pagará durante generaciones. A la comunidad educativa,  profesorado, padres, madres y alumnado, nos corresponde tomar la iniciativa para defender la escuela pública y denunciar esta situación. Son tiempos para ponerse a trabajar por el futuro de nuestros hijos/as. Son tiempos  para la creatividad.  Es el momento de plantear nuevas ideas y nuevas estrategias.  Desde el Consejo Escolar Municipal de Torreperogil os queremos animar a trabajar juntos/as sobre modelos de convivencia, para lograr  un espacio de cooperación y de paz, sobre iniciativas solidarias, de sensibilización, de respeto, de innovación, de desarrollo de la ciudadanía y de igualdad de oportunidades.

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