Son idénticas a las de cualquier fundamentalismo religioso: traducir en leyes para TODOS, lo que debería afectar en exclusiva a su conciencia individual.
Veo en todos los telediarios a Ruiz-Gallardón explicar la vieja ley, alumbrada de nuevo por la más rancia España, ese proyecto de ley que les da el poder de decidir dentro del propio cuerpo de las mujeres. Se le llena la boca de derechos encontrados, pero hasta para referirse a uno de ellos lo hace en latín, lengua muerta, que es la oficial de ese secular poder que inspira -quizás ordena- el retroceso y la agresión contra las mujeres; por una vez, no habla “de acercar la normativa a los países de nuestro entorno”, esa Europa que, con amplia mayoría, hace muchos años que respeta la integridad de las mujeres.
Este ministro de presunta Justicia me hace recordar tiempos remotos; aquellos años en que la UCD prolongaba sus estertores, y las mujeres -primero las vanguardias feministas, pronto la mayoría social- clamaba por la despenalización del aborto. Tiempos de discretos viajes a Londres, o a Holanda, de jóvenes con posibles; tiempos, también, de cientos, de miles de mujeres desangradas tras intervenciones clandestinas, sin medios ni especialistas adecuados. Tiempos en los que muchos hombres decidimos firmar la (físicamente imposible) autoinculpación, como presión solidaria con las que -ellas sí- sufrían penas de cárcel después de ejercer su libertad.
Tiempos que creíamos perdidos con la Transición, y situaciones de injusticia a las que puso un parche el gobierno de Felipe González con la despenalización del aborto en los tres conocidos supuestos. Hubo que esperar a la segunda legislatura de Zapatero para que se diera el salto cualitativo real y se consagrara el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con la ley de plazos de 2010. Con cautelas y limitaciones temporales razonables, se convertía (¡Por fin!) el DELITO en DERECHO. Un derecho sometido desde el primer día a la renuencia de muchos facultativos, que apelaban a su conciencia para coartarlo; un derecho denostado por manifestaciones, apoyadas por el Partido Popular, e inspiradas y alentadas por la jerarquía católica, esa misma que había bendecido y calificado como “Cruzada” la rebelión contra el régimen democrático, y que miró para otro lado cuando la victoria se tradujo en miles de ejecuciones.
El triunfo electoral del PP en 2011, convirtió la desaparición de ese derecho, y la consiguiente vuelta a treinta años atrás, en una mera cuestión de tiempo y oportunismo: esa era, y es, su doctrina. No les basta con gobernar para los que más tienen, ni siquiera con recortar derechos sociales. Quieren que queden claras sus creencias privadas. No imponen burkas, ni expulsan a las mujeres de la educación; tienen otras formas, menos “agresivas”, pero que en esencia son idénticas a las de cualquier fundamentalismo religioso: traducir en leyes para TODOS, lo que debería afectar en exclusiva a su conciencia individual. Gallardón, al suprimir el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, se revela como un auténtico Talibán.
