En la provincia se pierden ocho clases «por falta de alumnos», pero los centros protestan porque se quitarán incluso «unidades con demanda»
COMENTARIO: Andalucía Laica ya expresó su apoyo a la supresión de unidades concertadas y no públicas cuando se reduce la demanda escolar, al igual que hiciera con la supresión de conciertos a los centros que segregan por sexo. Sin embargo es necesario contemplar una política educativa y social en favor de la escuela pública y la supresión de la concertada en el menor tiempo posible. Sorprende el uso que la escuela concertada hace del alumnado para llevar a cabo sus reivindicaciones empresariales y económicas. Sin duda un caso más del adoctrinamiento propio de este tipo de centros.
Los 50 centros de las Escuelas Católicas de Granada, junto a otros 368 colegios de este tipo de toda Andalucía, han guardado hoy un minuto de silencio en los patios para mostrar su rechazo «a la política de recortes en conciertos educativos impuestos por la Junta de Andalucía».
Con lazos naranjas y bajo el emblema «estamos des-concertados» criticaron esta mañana las medidas de la Consejería de Educación, que ha anunciado en otras provincias la supresión de «60 aulas con demanda suficiente de niños» para redistribuir a esos alumnos en centros estrictamente públicos, aunque estos no fueran solicitados por la población «y tuvieran menos solicitudes».
«Esta última casuística no se ha llegado a dar en Granada de cara al próximo curso», aclaraba Manuel Marchante, director del Cristo de la Yedra, un centro concertado.
«Es un error»
«Quitar aulas para dárselas a la pública ignorando el deseo de los padres y de los alumnos es un error. Si no hay demanda es entendible, pero de lo contrario es discriminatorio», abundó Marchante, presidente provincial de Escuelas Católicas, que aglutina a más del 90% de los subvencionados.
En la provincia de Granada, en concreto, se ha anunciado que en septiembre habrá ocho grupos menos (5 de Secundaria y 3 de Primaria) en estos colegios ‘subcontratados’, pero según anunció Ana Gámez, delegada provincial de Educación, esta medida se tomó únicamente por la carencia de solicitudes en los mismos.
Las cinco unidades que desaparecerán de Secundaria son de primero de ESO y corresponden a los centros Juan XXIII de La Chana y Zaidín, Amor de Dios (zona Norte), Arco Iris (Motril) y San Isidoro (por calle Arabial). Las tres clases de Primaria que se suprimirán corresponden al Ave María Vistillas (en calle Molinos), al Arco Iris (Motril) y al Amor de Dios.
«En mi opinión la escuela concertada de Andalucía no compite con la pública, somos una alternativa que muchas familias solicitan para sus hijos. El hecho radica en el ideario, que es lo que mueve a los padres a pedir plaza en nuestros centros. Me parece que el problema no está en la crisis, que ahora la utilizamos como escudo para cualquier estrategia política, ni tampoco en la baja natalidad», declaraba ayer Angélica Conde, directora de El Carmelo. Ese complejo – en el Barrio del Zaidín, en la calle Francisco Palau y Quer Nº 7– recibió 85 solicitudes el curso pasado para las 50 plazas de tres años que oferta.
«La medida del Gobierno andaluz afectará a muchos padres que han elegido nuestros centros y a mucho personal que trabaja en ellos y que engordará las listas del INEM. Por ello pedimos encarecidamente se retome esta medida y se llegue a un diálogo pensando en los intereses de todos. Debemos usar la vía del diálogo para llegar a un acuerdo que favorezca los intereses de todos sin vulnerar ningún derecho, como es el de la libre elección de centros por parte de los padres, como recoge el artículo 27 de la Constitución Española y el 26.3 de los Derechos Humanos», apostilló Conde.
En el manifiesto, los participantes lamentaron la «muerte anunciada de las aulas y unidades concertadas» y criticaron ser «víctimas del sectarismo ideológico y la irracionalidad política de este gobierno radicalizado de coalición», en referencia al pacto PSOE e IU que sostiene al ejecutivo andaluz.
La siguiente acción planteada por Escuelas Católicas será el 7 de mayo, cuando presenten en el Palacio de San Telmo de Sevilla las firmas que están recogiendo como expresión del malestar.
«Mi hijo, de seis años, asiste a este colegio concertado, Cristo de la Yedra, porque es el mejor de la zona donde vivo, con diferencia, y es solicitado por muchas familias que vienen incluso de otros distritos. Yo estoy muy contenta», decía una madre.
«Debería primar la calidad»
«Es un error establecer criterios de financiación de la enseñanza pública en función de si los servicios que se prestan son concertados o no. Los parámetros para suprimir aulas deberían ser de calidad, esto es, de resultados obtenidos en función del alumnado con el que se trabaja. A todos los niños hay que darle educación de calidad, independientemente de si el colegio al que van es al 100% público o de gestión privada con fondos de la Consejería. Claro está que todos los mantenidos con fondos públicos deben respetar y ofrecer alternativas a la religión y procurar una enseñanza laica si así lo exigen los padres», explicaba Irene Ruiz al recoger a su niño.
El PP reitera su apoyo a la Enseñanza Concertada granadina
La portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Andalucía, Marifrán Carazo, ha destacado que el Partido Popular defiende el libre derecho de elección de centro de las familias granadinas
El PP ha denunciado el ataque que la Junta de Andalucía está llevando a cabo contra la educación concertada al suprimir 60 unidades de diferentes centros concertados en Andalucía.
Por este motivo esta mañana los colegios concertados granadinos y andaluces han leído un manifiesto y han guardado un minuto de silencio en defensa de la enseñanza concertada.
Marifrán Carazo ha afirmado que la enseñanza concertada nunca ha supuesto un problema educativo en nuestro país, sino que “ha prestado y sigue prestando un encomiable servicio público”. Por esto, “no se puede defender la enseñanza pública a costa de perjudicar a la enseñanza concertada, ambas son compatibles”, ha enfatizado la responsable de Educación del PP.
A juicio de Carazo, el problema de la enseñanza pública no es la enseñanza concertada, y por lo tanto, el enfrentamiento entre ambas, provocado por el Ejecutivo andaluz, es de una enorme irresponsabilidad. “En un momento tan complicado y en una de las Comunidades Autónomas con mayor tasa de absentismo escolar, el Gobierno bipartito tiene que garantizar su convivencia y el derecho a la elección del centro de las familias”, ha puntualizado Marifrán Carazo.
Como ya denunció el Partido Popular en noviembre de 2012 y enero de 2013, “el Gobierno bipartito vuelve a amenazar a la enseñanza concertada, suprimiendo 60 unidades en Andalucía, afectando tal decisión a las familias, al alumnado y al profesorado que temen por la garantía de sus puestos de trabajo”. Marifrán Carazo ha recordado que la enseñanza concertada tiñe un gran arraigo y demanda por parte de las familias granadinas ya que "el 50 % de nuestros colegios de la capital son concertados y representa a 92 colegios, un total de 1875 aulas"
Carazo ha asegurado que el PP va a seguir trabajando y defendiendo una educación pública y concertada de calidad, amparando el derecho de elección del centro por parte de las familias.
Por último, Marifrán Carazo ha instado a la Consejería de Educación de la Junta “que solucione cuanto antes esta situación, no dé la espalda a la educación concertada, y por lo tanto resuelva los problemas educativos de nuestra Comunidad Autónoma, defendiendo la educación en lugar de crear nuevos problemas y enfrentamientos entre la Educación Pública y la Concertada”.
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