Juan Antonio Martínez Camino afirma, aun así, que la legislación española actual “no regula de manera justa” y que se deben tutelar los derechos de las madres pero sin dejar de lado los de los que van a nacer.
El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado sobre la Ley del Aborto, que la Iglesia "no impone" ni ejerce ninguna "presión" aunque sí "habla y propone" porque como cualquier otro agente de la vida social puede hablar sobre los principios morales.
"La Iglesia habla, propone, ni legisla ni quiere legislar, no es su cometido. Pero puede y debe hablar sobre los principios rectores de la vida social de acuerdo con los derechos fundamentales de la persona. Lo hace en España y todos los lugares del mundo", ha subrayado durante la rueda de prensa posterior a la CI Asamblea Plenaria de la CEE.
En cualquier caso, ha indicado que la legislación española actual "no regula de manera justa" y que se deben tutelar los derechos de las madres pero sin dejar de lado los de los que van a nacer. "Esto no es ninguna presión sino la proclamación de las implicaciones de la fe y de la moral que se deriva de ella y que en este caso es una moral racional universal", ha añadido.
La ley del aborto
En este sentido, aunque ha evitado pronunciarse sobre la información adelantada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la ley, hasta que no haya un texto –"si va a gustar o no, ya lo veremos–, ha indicado que puede haber "conflictos" con derechos de otros que "deben ser regulados de manera justa" pero que no se ha hecho así ni con este ni con anteriores gobiernos. Por ello, apuesta por que se tutelen los derechos de todos, no solo de la madre y del hijo sino también del padre, de los hermanos, incluso de los agentes sanitarios.
Además, ha insistido en que la Iglesia tiene la "obligación" de "proponer" su doctrina moral reiteradamente, cuando es oportuno, para que los católicos puedan vivir "coherentemente", pero en ningún caso imponerla porque "no tiene medios" para ello. "La Iglesia no actúa como un actor político en el campo de la política, habla de cuestiones que tienen implicaciones políticas como actor social que es con cierta relevancia", ha destacado. Así, ha remarcado que "una sociedad civilizada no puede asistir con tranquilidad de conciencia a la eliminación de una vida inocente tutelada por la ley" y que "es necesario una legislación para que sean protegidos los derechos fundamentales" empezando por los niños que están por nacer. Este principio, según ha precisado, el de "no matar a un ser humano inocente", no es algo que pueda verse solo bajo el prisma de la fe católica sino de "cualquier fe" y es "en principio compatible con creyentes y no creyentes".
"Casi todos los Estados del mundo tienen acuerdos con la Santa Sede"
Por otra parte, sobre las declaraciones del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha indicado que son pronunciamientos políticos que "se entienden en el contexto del debate político" pero sobre los que no tienen "nada que decir". No obstante, ha puntualizado que casi todos los Estados del mundo, excepto algunos "totalitarios" o "con poca legitimidad democrática", tienen acuerdos con la Santa Sede.
En otro orden de cosas, sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se haya reunido con el Papa Francisco y no con el presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, ha indicado que existe un contacto "permanente y fluido" con Rajoy y con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Finalmente, Camino ha hecho un breve balance de sus diez años como portavoz y secretario general de la CEE, que "a unos les habrá gustado más y a otros menos" pero en los que lo ha hecho "lo mejor posible" y ha agradecido a sus hermanos obispos que le hayan confiado esta labor durante todo este tiempo con "paciencia". El próximo mes de noviembre se elegirá nuevo secretario general de la CEE.
La iglesia entrará en la ley de transparencia
Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado este viernes que la financiación de la Iglesia correspondiente a los presupuestos generales del Estado se incluirá en la ley de transparencia que se está tramitando en las Cortes Generales y que también afecta a la Corona. La vicepresidenta no ha dado más detalles sobre el procedimiento por el que los administradores de la cúpula eclesiástica deberán hacer públicas sus cuentas, aunque sí ha señalado la complejidad de este encaje en la nueva norma, por cuanto ni la Iglesia ni la Corona sobre "administraciones públicas, sino instituciones financiadas con fondos públicos", por lo que hay que "tasar" bien su incorporación a la ley.
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