“El Gobierno no quiere españolizar a los alumnos, sino cristianizarlos”

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Europa Laica denuncia que los profesores de religión son elegidos sin criterios democráticos y cuestan al Estado más de 500 millones de euros

A finales de abril, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó los presupuestos más restrictivos de la democracia, donde todas las partidas sociales sufrieron el hachazo conservador, incluída la educación. Sin embargo, como ciertos irreductibles galos, la asignatura de religión aguantó la tormenta y se libró de los recortes.

A día de hoy, mantener la plantilla de personas que imparten religión en la escuela le cuesta al Estado más de 500 millones de euros, según calcula la organización Europa Laica. "La Conferencia Episcopal extiende sus tentáculos de poder sobre los más de 27.033 centros de Enseñanzas de Régimen General no Universitarias que existen en España, y mantiene su capacidad de influencia en un área clave para cualquier sociedad como es la educación de los menores", denuncia la organización en un comunicado.

Además del coste económico para las arcas públicas, Europa Laica recuerda que los profesores de religión son elegidos a dedo por la Iglesia. "Los obispados elaboran sus listas según los objetivos que tengan, no según los criterios de igualdad, mérito y capacidad de los profesores de materias no religiosas, que sí han aprobado oposiciones, y después los despiden si no cumplen sus mandamientos", explica Francisco Delgado, presidente de la asociación. Sólo algunos de estos casos, como el de la profesora Resurrección Galera, despedida en 2002 por contraer matrimonio civil con un hombre divorciado y que por fin este mes ha terminado el litigio, llegan a los medios de comunicación, pero, según Delgado, "este tipo de situaciones son muy comunes".

"Un alumno que da clases de religión pierde unas 1000 horas lectivas en toda la etapa obligatoria"

El auge de la financiación de la religión en las escuelas contrasta con la progresiva secularización de la sociedad española. Según admitía la propia Conferencia Episcopal (CEE) a principios de año, las matrículas de religión caen curso tras curso. "Todos hemos de trabajar para que los niños y adolescentes no se vean privados de los conocimientos necesarios para su formación religiosa", alertaron los obispos.

Delgado denuncia que la situación se produce justo al contrario. "Se está secuestrando a los chicos que no dan religión porque otros niños piden la asignatura, y se saca a los primeros de las aulas, se los lleva a la biblioteca, o a hacer otras actividades de relleno", asegura, y señala que en España existe una "segregación por motivos religiosos". "No sólo hay discriminación con los alumnos. Nos llegan muchas denuncias de profesores que para entrar en colegios concertados han tenido que pasar pruebas que pertenecen al ámbito católico", apunta.

Ofensiva integrista contra los derechos civiles

La propuesta de Europa Laica es sacar la religión del horario lectivo. No sólo se producen, según denuncian, un "adoctrinamiento" de los menores y un gasto excesivo para el Estado, sino que, además, estiman que un alumno que dé clases de religión pierde aproximadamente 1000 horas lectivas en toda la etapa obligatoria, "lo que equivale a un curso escolar completo".

Delgado recuerda que, de momento, no hay diferencias en este sentido entre el anterior Ejecutivo del PSOE y el actual, pero no cree que las cosas vayan a mejorar con el PP, sino más bien al contrario. "El Gobierno pretende, ya no españolizar a los alumnos, sino cristanizarlos aún más", sostiene, y adelanta que la propuesta del Gobierno de cambiar la LOE dará aún más privilegios a los profesores de religión. "Hay una ofensiva integrista en todos los ámbitos, que está afectando a derechos civiles como el aborto, la muerte digna y la libertad de conciencia o expresión. Detrás de ello hay una moral religiosa muy potente en todo el mundo. Lo estamos viendo en países como México, Grecia, Marruecos o España".

Mantener la plantilla de personas que imparten religión en la escuela le cuesta al Estado más de 500 millones de euros

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