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¿Desamortizar la Mezquita?

Europa Laica pide un uso «exclusivamente civil» para el monumento religioso más importante de Córdoba

La polémica está servida. Europa Laica ha presentado esta mañana una campaña en Córdoba que persigue dos objetivos: que la Mezquita de Córdoba sea desamortizada y que este monumento tenga un uso exclusivamente civil.

La campaña arranca, sobre todo, para denunciar las “usurpaciones” de la Iglesia Católica de “miles de inmuebles” que en muchos casos no eran religiosos y pertenecían a municipios. El caso de la Mezquita de Córdoba se usará como símbolo, según ha anunciado el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

Delgado explicó que en el año 2006, la Iglesia Católica inmatriculó a su nombre la Mezquita de Córdoba. Hasta entonces, este monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, no era de nadie. El Obispado acudió al Registro de la Propiedad de Córdoba, pagó los 30 euros que constaba la inscripción y justificó que disfrutará del “pleno dominio” de una finca de más de 20.000 metros cuadrados que está dedicada al culto religioso.

La denuncia de Europa Laica, respaldada también por el colectivo Prometeo, asegura que la Iglesia Católica no paga impuestos por la explotación del monumento. Según aseguran, cada año la Mezquita recibe 1,2 millones de visitas. Cada tícket cuesta ocho euros y su pago se considera un donativo al Cabildo Catedralicio, por lo que está exento del pago de impuestos. Ademas, el presidente de Andalucía Laica, Manuel Navarro, asegura que la Iglesia tampoco paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento pese a que el edificio no sólo se dedica al culto religioso, ya que también tiene una explotación turística.

La polémica está servida porque esta petición difícilmente va a ser atendida por el Obispado de Córdoba. De hecho, y en cuanto al culto compartido, el obispo de la ciudad, Demetrio Fernández, ya declaró en una reciente entrevista concedida a este medio que “el culto compartido significa váyanse ustedes de aquí”. Todo este tipo de demandas son vistas por la jerarquía católica como una amenaza.

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