El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a un total de 13 personas por la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación en relación con la existencia de irregularidades
En concreto, el magistrado imputa al considerado como ‘número dos’ de la trama, el asesor fiscal y ex presidente de Repsol YPF, y otras ocho personas en el marco de la investigación del viaje papal. Considera que los once, cometieron, en concreto, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
La imputación se ha producido en respuesta a una denuncia de la Fiscalía presentada a raíz de un informe de la Agencia Tributaria. El magistrado concreta que la actuación fraudulenta se llevó a cabo “con el presunto conocimiento de los denunciados”.
Las actividades de estas once personas favorecieron que la empresa Tecomsa resultara adjudicataria del contrato con la Televisión Autonómica Valenciana para el suministro e instalación de equipamientos de sonorización del Quinto Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Valencia del 7 al 9 de julio de 2006.
La defraudación se realizó –asegura el magistrado– a través de la subcontratación con otras pequeñas empresas (Apogee, Impacto Producciones y Sirius Show Equipement) así como de los gastos contabilizados por Tecomsa para la ejecución del contrato. También intervinieron las facturas falsas emitidas por Wild Electronic, Castaño Corporate y Free Consulting por importe de 1.242.690 euros.
Las maniobras de la trama desembocaron en una defraudación fiscal de Teconsa a Hacienda de la cuota de IVA soportado por una cuantía 198.830 euros y del impuesto de sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantilesal no responder a la prestación de servicios reales (434.941 euros). Teconsa habría percibido por adjudicación del contrato de la visita del Papa un total de 7.493.600 euros.
El magistrado ha preguntado además a la fiscal si procede ampliarla denuncia en relación a otra persona más para la que el Ministerio Público pide que declare como imputada pero que no se encuentra formalmente denunciada.
AENA
En cuanto al procedimiento abierto por la contratación por parte de empresas vinculadas al líder de la trama con AENA y el presunto cobro de servicios y gastos de carácter particular a empleados de este organismo entre 2000 y 2002, el juez imputa al que fuera director de comunicación del ente por la comisión de delitos de cohecho y prevaricación.
Ruz dispone en este caso formar pieza separada y pide a AENA–dependiente entonces del Ministerio de Fomento dirigido por Francisco Alvarez-Cascos que aporte los cargos de ambos imputados entre los años 2002 y 2002 y los documentos de expedientes y contratos entre AENA y las empresas de la ‘Gürtel’ Special Events y FCS Travel Group, en particular los referidos a la instalación del stand de Fitur en 2001 y 2002.
Pide también informe a la Administración del Estado sobre la regularidad de los contratos y la participación de los dos imputados en los mismos. Solicita, por último, a la Policía Científica que realice un estudio caligráfico de las escrituras manuscritas que figuran en varios documentos encontrados en el registro de una nave de Easy Concept en Madrid, tomando como referencia los cuerpos de escritura del líder de la trama.
El exsecretario de Organización del PP de Galicia, presunto número 2 de la trama, abandonó el pasado 1 de febrero la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid) tras depositar, a través de tres transferencias, los 100.000 euros de fianza impuestos por el magistrado instructor.
Actualmente, el único imputado en esta causa que permanece en prisión es el presunto líder de la trama, al que el pasado 27 de enero el juez Ruz le impuso una fianza de un millón de euros.
El juez Ruz ha dictado este miércoles otros dos autos en el marco de la trama ‘Gürtel’. En ellos rechaza un recurso presentado por el extesorero del PP, y reafirma su competencia sobre la investigación. Remite, además, a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la resolución de los recursos aún pendientes.
