La libertad no es cualquier derecho. Es el fundamento de todos los demás. Es el antecedente y la razón de ser del Estado. Es el punto de partida de la condición de persona. El Estado se construye para garantizar la libertad. Esa es la única razón que justifica su existencia. De modo que equiparar el derecho a la libertad con cualquier otro es un error esencial.
1.- La libertad de conciencia. Es tal la importancia de esta forma de libertad que ella define y caracteriza al Estado moderno y lo distingue del Estado confesional. El laicismo apunta a garantizar la más importante autonomía de las personas: la autonomía para pensar, creer, criticar, para no depender del confesor, y para gozar de independencia frente a las tentaciones del Estado y de la Iglesia de invadir las intimidades, calificar los pensamientos, discriminar las lecturas, condenar las opiniones. Superadas las guerras liberales, incluido en la Constitución de 1906 el concepto de libertad de conciencia, definido el laicismo frente a los poderes religiosos, ahora el tema retorna, porque la ideología política ha reemplazado a la religión, y el laicismo peligra porque son frecuentes las tentaciones de obligar a que la gente milite por los nuevos dogmas, a que renuncia a otros proyectos, a que piense y hable distinto. Ahora hay que hablar del otro laicismo: aquel que defiende la neutralidad del Estado frente a las ideologías, la neutralidad de la Ley frente a las diversidades, la neutralidad de la autoridad frente a creencias políticas diferentes. Es decir, un laicismo que, como el otro, levante la bandera de la tolerancia.
2.- La libertad de opinión. Es la faceta de la libertad más cercana al concepto de “democracia sustancial” -democracia de tolerancia, de responsabilidades públicas, de derechos garantizados-, muy distinta de la democracia de mayorías que imponen y niegan las opciones de las minorías. Esa democracia sustancial es una democracia de opinión, porque se sustenta en el criterio de los ciudadanos, y esos criterios se forman cuando hay opciones de información, cuando hay posibilidades de saber con detalle y oportunidad lo que hace el Estado, lo que no hace la autoridad, y lo que ocurre en el mercado y en el mundo. El tema de la libertad de expresión no se agota ni se circunscribe al debate entre el poder político y los periodistas. Es un problema mucho más arduo, extenso y complejo. Es un capítulo de los derechos fundamentales de las personas, es nota distintiva de la democracia constitucional. El ciudadano es depositario del poder y fuente de la legitimidad. Para que la democracia sea una forma de vida, y un sistema político representativo, se precisa que esos ciudadanos sean “electores informados” y agentes políticos libres. Solo la información y la opinión independientes dotan de contenidos efectivos a la capacidad de elegir de cada persona.
3.- El gobierno de la “opinión pública”. La democracia es el gobierno de la “opinión pública” de los ciudadanos. Esa opinión se forma si el flujo de datos y conceptos sobre temas de interés general proviene de fuentes independientes del poder, protegidas por mecanismos institucionales neutros, diseñados en la Constitución y en la ley y respetados por la autoridad. Giovanni Sartori decía que “la opinión debe ser libre, es decir, formada libremente. Elecciones libres con opiniones impuestas, no libres, no conducen a nada. Un pueblo soberano que no tiene propiamente nada que decir, sin opiniones propias, es un soberano vacío…”. El Tribunal Constitucional español desarrolló la tesis de que “(…) el valor o bien jurídico protegido por la libertad de expresión e información es la existencia de una opinión pública, la cual es, a su vez, condición necesaria para el correcto funcionamiento de la democracia…De aquí que la libertad de expresión e información no sea solo un derecho de libertad -esto es, la facultad de exigir la no interferencia de los demás- sino que posea una importante dimensión institucional. Con ello se quiere poner de relieve cómo, incluso cuando no hay nadie individualmente afectado, la existencia efectiva de expresión e información libres es objetivamente valiosa para el conjunto de la sociedad”.
3.- La necesidad de que el pueblo “sepa”. La democracia se funda en el voto, de allí la importancia de que el pueblo “sepa” objetivamente la verdad de lo ocurre y de lo que el gobierno y la oposición dicen. Esto se alcanza con medios de comunicación libres y con información alternativa y opiniones discrepantes, que contribuyan a formar “conciencia electoral”. Solo entonces, los votantes tendrán vertientes que les permitan formarse visiones autónomas sobre las ideologías y propuestas de los candidatos, o sobre las actuaciones de las autoridades. Esto es aún más importante en las llamadas “democracias plebiscitarias” extendidas en América Latina, y cuyos “éxitos” electorales derivan de la falta de información y de los efectos de la propaganda sobre temas complejos que se someten a la decisión de la gente, apostando únicamente a su emotividad, a la función del carisma, o a los efectos de la demagogia. De allí la dimensión democrática y la utilidad social y política de la libertad de expresión. Y de allí también, como contrapartida, el afán de controlar a los medios de comunicación, de condicionar sus derechos y penalizar a los periodistas, porque, medios, periodistas y agentes de información y opinión, constituyen importantes alternativas en el proceso de formación de opinión pública autónoma.
4.- Libertad de opinión y el “poder en público”. Desde la invención de la república, el ejercicio del poder legítimo está vinculado con la transparencia de los actos del poder. Norberto Bobbio, el filósofo y jurista italiano, decía que: “La democracia es el intento de que el poder sea visible para todos; es, o debería ser, “poder en público”, aquella forma de gobierno en que la esfera del poder invisible se reduce el mínimo”. Esto solo es posible si existe la opinión pública libre y prensa libre. La democracia sin opinión pública libre es una ficción. Hannah Arendt, en su clásico “Los Orígenes del Totalitarismo”, escribió que “La única regla de la que uno puede estar seguro en un Estado totalitario es que, cuando más visibles son los organismos del Gobierno, menor es su poder, y que cuanto menos se conoce una institución, más poderosa resultará ser finalmente”.
