El 2 de febrero pasado, como todos los años en esa fecha, grupos de religiones africanistas celebraron el día de Iemanjá, Reina de los Mares, la mayor de las orishás (dioses/santos originalmente provenientes de la religión yoruba). Leo en Página/12 sobre la celebración como evento especial porque por primera vez en Argentina, en Quilmes (provincia de Buenos Aires), los devotos de Iemanjá estuvieron acompañados por el intendente del municipio de Quilmes y por el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Éste último explicó: “El Estado debe estar presente para acompañar y visibilizar minorías que fueron históricamente estigmatizadas y vulneradas en sus derechos.”
Es muy correcto que el Estado acompañe y reivindique la libertad de expresión cultural de las minorías, incluyendo su libertad de efectuar rituales religiosos, siempre que no molesten ni dañen a terceros. Los afrodescendientes argentinos y los practicantes de religiones minoritarias siempre han sufrido discriminación. Tuve la ocasión de ver personalmente la celebración del día de Iemanjá en 2009, en la playa del Buceo en Montevideo, donde es costumbre que se reúnan muchos devotos y una gran cantidad de curiosos. Es una ceremonia hipnotizante, encantadora, sin detalles altisonantes, y aunque su objeto de adoración no es ni más ni menos ridículo que el de una misa católica o una plegaria musulmana, resulta más humano y menos amenazante (probablemente, en parte, porque nadie es obligado a participar).
De todas formas, sigue siendo una ceremonia religiosa, y más aún, una ceremonia que no ha sido obstaculizada (en ocasiones recientes y en este país) por ninguna manifestación de intolerancia, que yo sepa, por lo cual el apoyo estatal parece innecesario. ¿Qué tiene que hacer el intendente de Quilmes allí? Nada, como tampoco tiene nada que hacer en misa, salvo que asista en calidad de ciudadano común. Como tampoco hace falta que el INADI esté allí. Los derechos religiosos de las minorías (de hecho debería hablarse de los derechos de los ciudadanos pertenecientes a minorías religiosas) deben estar protegidos; la reivindicación explícita no es necesaria. Por supuesto es mucho más rendidor, en términos políticos, mostrarse junto a una minoría que no hacerlo, si la oportunidad se presenta y no se requiere ningún otro compromiso.
Un verdadero compromiso sería, en cambio, trabajar por la laicidad del Estado, lo cual implicaría que ningún funcionario político deba participar en tal carácter de ceremonias religiosas; que el protocolo oficial no incluyera la presencia de jerarcas de una religión determinada (o de cualquiera); que el Estado no concediera status jurídico a una religión (o varias) por sobre la infinidad de otras creencias posibles, de tipo ideológico o metafísico. Estos principios requieren, en algún caso, la modificación de leyes arcaicas, modificación que puede resultar impopular, si no para el público en general, sí para minorías pequeñas pero muy acostumbradas a ciertos privilegios culturales, políticos y económicos.
La mejor reivindicación antidiscriminatoria posible es la laicidad total, sin concesiones, ni siquiera protocolares. Que Iemanjá reciba las ofrendas de sus devotos sin ningún funcionario estatal dando su aprobación, y que lo mismo valga para todas las otras deidades, tengan el pedigrí cultural que tengan.
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