La noticia de la detención de un joven periodista saudí por insultos al islam vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la libertad de expresión en los países islámicos. Como sucediera con la fetua del ayatolá Jomeiní contra Rushdie o en el caso de las viñetas sobre Mahoma del diario danés Jyllands-Posten, lo que está en juego no es sólo la vida del infortunado Hamza Kashgari sino las restricciones a las libertades individuales de los musulmanes. Es un debate difícil porque los pocos que se atreven a plantearlo son tachados de blasfemos, sacrílegos o apóstatas, graves acusaciones que llevan consigo la pena de muerte
Desde el pasado sábado, el sector saudí del ciberespacio es un hervidero a causa de las dudas que Kashgari expresó en Twitter sobre Mahoma, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. Las reacciones no se hicieron de esperar. Miles de saudíes piden desde entonces que se le aplique la Sharía, es decir, que sea condenado a muerte. Anoche fue detenido en Malaysia, a donde había huido buscando refugio.
Kashgari, de 23 años, borró sus mensajes, pero no ha logrado contener el efecto multiplicador de las redes sociales. El mismo foro en el que aventó sus dudas está sirviendo para destacarlas y pedir acciones en su contra. Hasta 30.000 respuestas, la mayoría de ellas indignadas, ha provocado el comentario que en cualquier país occidental hubiera pasado desapercibido. Una página de Facebook titulada “el pueblo saudí reclama la ejecución de Hamza Kashgari” ya cuenta con 10.000 miembros.
“En el día de tu aniversario, no me inclinaré ante ti (…) me gustan algunas cosas tuyas, pero aborrezco otras, y no he comprendido muchas cosas relacionadas contigo. No voy a rezar por ti”, afirmaba el tweet según una traducción de la agencia France Presse.
La movilización ha sido tal que el propio rey Abdalá ordenó su detención por “denigrar la creencia en Dios y en su Profeta”, según informaba el miércoles el diario panárabe Al Hayat, de capital saudí pero que se edita en Londres. De poco ha servido que Kashgari se retractara.
“Escribí mis tweets en un mal momento psicológico. Me equivoqué y ruego a Dios que me perdone por lo que hice”, aseguró el periodista en un mensaje difundido por el sitio web saudí Al Sabq. En el texto, repetía la profesión de fe de los musulmanes en la que reconocía que “no hay más dios que Alá y que Mahoma es su profeta”.
Sus palabras parecían un intento desesperado por frenar la marea de acusaciones de sacrilegio y herejía, dos cargos que en Arabia Saudí, como en otros países islámicos que aplican interpretaciones estrictas de la Sharía, están penados con la muerte. No es el caso de Malasia, donde se ha producido la detención en respuesta a una orden de Interpol. Aunque dos tercios de sus habitantes son musulmanes, ese país surasiático es una de las voces del islam moderado para el que la solicitud de extradición de Kashgari va a convertirse en un asunto controvertido.
“Veo mis acciones como parte de un proceso hacia la libertad. Estaba pidiendo mi derecho a practicar los derechos humanos más básicos, la libertad de expresión y de pensamiento, así que nada fue en vano”, ha declarado sin embargo Kashgari a la web The Daily Beast.
Resulta improbable que encuentre apoyo ni siquiera en el ministro de Información de su país. “Cuando leí lo que colgó, lloré y me enfadó mucho que alguien en el país de las Dos Mezquitas Sagradas atacara a nuestro Profeta”, tuiteó Abdulaziz Khowja. Más tradicional, el jefe del comité de fetuas, el jeque Abdelaziz al Sheij, emitió ayer un comunicado en el que asegura que los comentarios de Kashgari “constituyen apostasía” y pide que se le juzgue.
No es un caso aislado, sin embargo. Aunque con menos proyección mediática. La prensa de Emiratos Árabes Unidos daba cuenta esta semana del caso de un diseñador gráfico egipcio acusado de “haber atacado al islam electrónicamente”. Al parecer, colocó fotos “indecentes” junto a versos del Corán en su página de Facebook, entre ellas una de tres mujeres desnudas junto al capítulo de ese libro sagrado dedicado a las mujeres. El hombre, a quien no se identifica, admitió los hechos a la policía y se declaró ateo, algo que la interpretación prevalente del islam considera anatema. A la vista de lo cual, el juez encargado del caso ha ordenado que se le practiquen pruebas psicológicas para saber si sufre algún trastorno mental que le impida ser responsable de sus actos.
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