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En las escuelas públicas no hay ni habrá enseñanza religiosa (México)

Al iniciar los Diálogos públicos entre legisladores y sociedad civil, sobre las reformas al artículo 24 constitucional, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo señaló que el Estado laico garantiza la mejor forma de desarrollo de cualquiera de las religiones.

En el encuentro, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro puntualizó que si una religión quiere ejercer su libertad tendrá que ser en un Estado laico que no ponga preponderancia de una sobre otra. "A nadie debería ocurrírsele que éste debería retroceder en el país".

Indicó que en ningún párrafo de la reforma aprobada se habla de la libertad religiosa en instituciones públicas. "Se hablaba en la exposición de motivos que fue modificada y quitada", por lo que descartó la posibilidad de implementar una enseñanza religiosa en las escuelas públicas, "no hay y ni habrá".

Mencionó que se debe leer a detalle el primer párrafo del tercero constitucional, pues está blindado para cualquier modificación del 24, ya que hace una referencia explícita diciendo: "El artículo 24 va a garantizar el derecho de que los seres humanos tengan una religión; independientemente de lo que pase en el 24, toda la educación que imparta el Estado será laica".

El diputado presidente afirmó que la reforma al artículo 24 no influye en el tercero constitucional, que está blindado sobre cualquier intención de separar de la ciencia, del desarrollo y de los conocimientos la educación que imparta el Estado.

Refirió que su voto a favor del dictamen lo hizo convencido de que era una reforma que no sólo no lastimaba el Estado laico sino avanzaba en la separación del Estado y de las iglesias. "La reforma no fue un retroceso sino un avance".

La diputada Rosario Brindis Álvarez detalló que no se aprobaron privilegios ni discriminaciones a favor de alguna asociación religiosa, así como reformas a la educación pública laica y ningún derecho de participación política o electoral a ministros de culto o alguna iglesia. "Esta reforma se armonizó con ocho tratados internacionales y con respeto al Estado laico".

Por el PRI, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria expresó que armonizar la Carta Magna con los tratados internacionales es alinear sus leyes y avanzar. "Estos cambios no son una reforma educativa; vamos a pelear por un Estado laico, por lo que modificar el artículo 3 constitucional para incorporar la religión en las escuelas no es el objetivo, ni privilegiar algún credo religioso".

El diputado Alejandro Encinas Rodríguez puntualizó que con esta reforma el Estado no normará los valores éticos y de religión, toda vez que son un derecho que le corresponde a cada persona. Detalló que hay una diferencia entre libertad de religión, derecho y garantía y la religiosa permite el ejercicio por parte de una institución.

Del PAN, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas argumentó que no hay nada más falso que pretender que este tema regula a las asociaciones religiosas. "Falso, total y absolutamente, ya que sistematiza un derecho fundamental de las personas que una vez que lo tiene garantizado tiene la posibilidad de ejercerlo mediante la adopción, profesión o expresión".

Los diputados del PRD, Vidal Llerenas Morales, José Luis Jaime Correa y Teresa del Carmen Incháustegui Romero subrayaron que su grupo evitó reformas que pusieran en peligro el Estado laico y enfatizaron que la educación pública tiene que ser laica.

En el diálogo público realizado en el Salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, diversos ciudadanos y representantes de asociaciones preguntaron si la reforma al artículo 24 constitucional tiene que ver con la idea de introducir la religión católica en las escuelas; qué hay de cierto en modificar el artículo 3 de la Carta Magna, y sobre el respeto al derecho de que la educación es laica.

Cuestionaron si el artículo 24 queda sujeto a la interpretación de personas físicas o morales, y si ésta genera que las asociaciones religiosas como personas morales pueden intervenir en la decisión de libertad de convicción ética.

Pidieron conocer si con estos cambios será el Estado el que decida qué es ético y qué no; el beneficio de la reforma en la sociedad y, por qué no se tomó en cuenta la opinión de las asociaciones religiosas.

De igual forma, consideraron que en la Constitución Política y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ya se prevén los cambios que los diputados realizaron el pasado15 de diciembre de 2011 al artículo 24 constitucional, por lo que se desconoce lo nuevo y el beneficio para la sociedad.

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