Los dogmas neoliberales, que desde 1982 se han venido imponiendo a la sociedad mexicana por la clase política gobernante (prianismo), entre ellos la reducción del gasto público, las privatizaciones, pero sobre todo, las desregulaciones. Estos dogmas han afectado la vida material, emocional e intelectual de millones de mexicanos y mexicanas. Su aplicación al pueblo de México responde a intereses privados y a la acumulación de capital en pocos oligarcas, tanto nacionales como extranjeros. Lo anterior provoca desempleo, desigualdad, impunidad, corrupción y pobreza extrema en el tejido social.
La globalización no sólo afecta a la economía en cuanto que es colocada en el mercado libre, sino que también se instala en el terreno de las instituciones como la Iglesia católica mexicana y ésta, como poder fáctico, aprovecha las desregulaciones sobre las leyes que restringen su comportamiento político. De ahí, el interés de la jerarquía católica por modificar el artículo 24 constitucional, a fin de que aquella fortalezca sus privilegios y continúe monopolizando los valores que ella defiende. Quieren desregular para no tener límites o restricciones en el ejercicio de su credo y sus deseos terrenales.
En nombre de la libertad religiosa se enmascara el ataque al Estado laico y que las instituciones políticas y sociales, de la esfera estatal, sean infiltradas por las creencias religiosas católicas. Asimismo, se trata de castigar a los desobedientes y negar derechos a quienes, según ellos, asumen con libertad los asuntos de la sexualidad y la reproducción. La pretensión de la Iglesia católica por aplicar también el dogma de la desregulación neoliberal, conlleva la intención de continuar manteniendo el monopolio sobre los valores morales católicos y el dominio sobre otros credos e iglesias. A eso viene Benedicto XVI.
La cúpula católica enarbola la libertad religiosa para imponer su propia dictadura ideológica, porque sabe que tiene la mayoría de creyentes católicos, aunque cada día tiene menos. Como bien afirma Carlos Martínez García sobre el cardenal Norberto Rivera: “Desde siempre lo suyo no ha sido la tolerancia ni la afirmación de la pluralidad de valores y sus consecuentes conductas, menos se ha distinguido por impulsar la democratización de su institución eclesiástica”.
Así, lo que la Iglesia católica quiere es ampliar sus libertades para afectar la de otras iglesias. Por eso, su interés en la modificación también del artículo 21 constitucional en donde se indica, que para llevar a cabo actos públicos se debe recabar el correspondiente permiso de la Secretaría de Gobernación. Libertad religiosa reclaman para no tener ninguna restricción, lo que significa el interés por llevar sus valores católicos a todas las instituciones del Estado incluida, por supuesto, la educativa. Este es el fondo del asunto y no los derechos humanos que dicen defender.
Recordemos que la Constitución de 1917 dictó una serie de medidas para impedir que la jerarquía católica recuperara su poder económico y que no recuperara la riqueza perdida tras la Ley de Desamortización de 1856 y la de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859.
La Iglesia católica siempre se ha negado a subordinarse al poder civil. De ahí que la Constitución de 1917 negara a los ministros de los cultos los derechos políticos de asociación, la posibilidad de ser candidatos a puestos de elección popular y el derecho al voto, entre otros. Sin embargo, el salinato con la intención de legitimarse en el poder, ya que había cometido fraude electoral en 1988, reforma la Constitución y abre la puerta a las pretensiones políticas y de privilegios a la Iglesia católica, la cual sigue siendo hegemónica en cuanto a creencias católicas. Por eso, todavía hoy busca servirse de las instituciones sociales del Estado para inculcar sus valores morales y dogmas. Por ejemplo, a 19 legislaturas locales les han impuesto dichos dogmas católicos en lo referente a la penalización del aborto, y en estas acciones conservadoras ha colaborado el PRI.
No se trata de que formalmente se mantenga la separación Iglesia y Estado, sino que falta impulsar un proceso radical de secularización en todas las instancias del Estado mexicano. Este proceso de ilustración produce condiciones culturales para que la gente elimine de su conciencia el miedo, el temor, con la finalidad de que usen, sin tutelas, libremente su pensamiento reflexivo y crítico. Ante este hecho, los poderes fácticos como el duopolio televisivo, la Iglesia del amor, intentan sustituir a aquellos por el entretenimiento aburrido, tonto y falsas ilusiones.
Hoy vemos un Estado laico debilitado por el panismo de derecha en el poder y observamos una jerarquía católica fortalecida por El Vaticano y por poderes fácticos locales. En estos momentos el Estado laico permite la intromisión de la Iglesia católica en los asuntos de la esfera de lo público. Así, desde los gobiernos priístas y ahora panistas, se ha establecido un modus vivendi entre esas dos instituciones. De ahí que la Iglesia católica continúe impartiendo sus valores morales religiosos en las escuelas privadas, y al modificar el artículo 24, lo hará en los espacios de las escuelas públicas. Todo en nombre de la estabilidad capitalista y en nombre de esta última, hasta la ley se violenta. Lo anterior muestra la derrota del proyecto liberal de secularización que impulsó el Estado laico, en el siglo XIX y en la Constitución de 1917.
Desde la Colonia las instituciones eclesiásticas, especialmente la católica, han legitimado el orden político por la vía de sus propias creencias religiosas, morales y a los “nativos” americanos se les inculcó la “religión verdadera”, porque la de los pueblos originarios era falsa y demoniaca, según los dominadores. Desde su origen la Iglesia católica es intolerante y menos neutral. El panismo en el poder también se legitima a través de los valores morales católicos y por un espíritu guerrerista y militar. Esto se demuestra con la visita que hará a nuestro país, en pleno proceso electoral, Benedicto XVI. El representante del Vaticano no viene a México a salvar almas, sino a apoyar al panismo en el poder y, sobre todo, brindar apoyo a la jerarquía católica con la finalidad de que se desregulen leyes que impiden incrementar sus privilegios y poder. En su consciente e inconsciente prevalece la idea de que el Estado reconozca la religión católica como oficial y única. Las otras creencias religiosas no existen, porque así lo dicta la hegemonía católica. Otro mundo es posible.
