La jornada de la juventud católica y su financiación con fondos públicos

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La visita del papa y la jornada de la juventud católica que se celebrarán en agosto en Madrid, según algunas fuentes, van a costar en torno a  50 millones de euros, de los cuales al menos la mitad podrían ser fondos públicos.

Desde Alternativa Laica consideramos que toda organización puede promover las reuniones y eventos que considere necesario y oportuno. Pero también es obligado hacer un llamamiento a los poderes públicos para que se comporten de forma responsable ante determinados eventos dirigidos a promover una fe religiosa con ayuda de los fondos públicos de un Estado que debe mantener la debida neutralidad en materia religiosa. Parece lo más lógico que la organización que promueve los actos corra con la financiación de los mismos con sus propios recursos.

Para el evento en cuestión se utilizarán la sala de recepción de Estado del aeropuerto, la plaza de Cibeles, el Ifema, el aeródromo de Cuatrovientos. Será necesario desplegar una importante cantidad de personal de seguridad, de limpieza y de otros servicios.

La jornada de la juventud católica, además de las aportaciones dinerarias directas, va a suponer que los centros docentes públicos, los pabellones deportivos y otras instalaciones públicas estarán abiertos y se utilizarán como alojamientos de los asistentes a esta actividad religiosa.

En nuestra ciudad, ya hace algún tiempo, el Alcalde se mostró entusiasmado por la gran oportunidad turística que la jornada católica de Madrid supondría para Toledo, ofreciendo nuestros colegios, institutos y pabellones deportivos para alojamiento de los participantes. No pensamos que sea oportunidad, sino oportunismo que el Ayuntamiento de Toledo pretenda sufragar los gastos de los participantes en un evento religioso con las instalaciones, personal y fondos públicos.

En una situación como la actual, en la que todas las Administraciones tienen dificultades para hacer frente a sus gastos corrientes, es una irresponsabilidad por parte de los poderes públicos soportar los gastos que supondrá tener los centros abiertos (luz, agua, personal de limpieza y de servicios) en el mes de vacaciones.

Como argumento supuestamente lapidario, los poderes públicos locales sostienen que, frente a los gastos generados, la jornada va a contribuir a producir riqueza en la ciudad y mayor proyección internacional de Toledo. A nuestro entender, este argumento es una mera excusa demagógica que sólo encubre un cierto servilismo con la jerarquía católica y en absoluto va a generar ni riqueza ni empleo significativo pero, en cambio, si supondrá notables gastos a la ciudad. Gastos que, por cierto, deberían ser evaluados y dados a conocer públicamente por el Ayuntamiento de Toledo como corresponde a una administración transparente y responsable de sus actividades.

Ahora que los expedientes de regulación de empleo están a la orden del día, que se reducen las plantillas, que se multiplican los despidos, que se cierran centros de trabajo, algunas grandes empresas se dedican a patrocinar eventos religiosos como la jornada de la juventud católica. Es el caso de Caja Madrid, la Caixa, El Corte Inglés, Telefónica Movistar, Iberia, etc. Las aportaciones que hagan o hayan hecho a la organización de este evento son un derecho de estas empresas, pero también constituyen una falta de respeto hacia la ciudadanía de un país en serias dificultades económicas, como es el nuestro.

Consideramos que la iglesia puede organizar su jornada católica y todas las que quiera. Pero también, que debe sufragar los gastos que la misma genere. Hay que hacer notar que no estamos hablando de una pequeña organización de bajo presupuesto, sino de una gran estructura propietaria de infinidad de inmuebles, dueña de tesoros de valor incalculable, con participación en Bolsa, terrateniente, propietaria o accionista de cajas de ahorro y de bancos, con ingresos diversos y múltiples. Se trata de una organización con dinero suficiente como para afrontar los gastos que acarreen sus actividades.

Desde Alternativa Laica hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los poderes públicos en lo que a colaboración con la iglesia se refiere. Las Administraciones deben asegurarse de que se mantiene el orden público al que todos estamos obligados y deben ayudar a la iglesia a que cumpla sus propios compromisos de autofinanciación haciendo la adecuada pedagogía social y no la demagogia a la que nos tienen acostumbrados. Deben instar a la iglesia a hacerse cargo de los gastos que genere su evento, a utilizar sus múltiples instalaciones y no las públicas y a ser económicamente viable y no una carga para el erario público. Las Administraciones deben asegurar que los eventos religiosos puedan celebrarse en libertad pero no mezclarse con ellos ni ser parte fundamental de su organización. Los poderes públicos deben distinguir, y hacer que los ciudadanos distingan, entre colaboración con las organizaciones religiosas y subordinación a éstas.

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