Denuncian ante la ONU violaciones de la libertad religisoa en España

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COMENTARIO: Estos ilustres abogados confesionales, no ven los privilegios de que goza su iglesia en España, al parecer están siempre insatisfechos (financiación, religión en la escuelas, actos religiosos y procesiones sin cumplir ningún requisito, capillas y capellanes, subvecniones continuas,…

Bueno sería que la Alta Comisionda viera toda la situación que se padece en España, ya que una religión goza de toda clase de privilegios, mientras otras confesiones y sobre todo quienes tienen otras convicciones no de tipo religioso, son los verdaderos afectado por el Derecho Fundamental a la Libertad de Conciencia, Pensamiento y Religión. Pero seguro que sus lobbys ya se encargarán de que sólo vea lo que ellos quieren.


La Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC) reclamó este lunes a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que investigue una presunta violación de la libertad religiosa en España y que, en su caso, sancione al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta entidad ha hecho llegar a la Alta Comisionada un informe con más de 150 "violaciones reiteradas, persistentes y manifiestas de los derechos humanos relacionados con la libertad de religión o de creencias en España".

Entre los hechos denunciados destacan declaraciones públicas de miembros o altos cargos del Gobierno, como el excomisionado para las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces-Barba, que aseguró que los católicos "sólo entienden del palo", en referencias a las medidas debería adoptarse contra la Iglesia católica.

El informe recoge acciones violentas contra templos católicos, como la colocación de artefactos explosivos en una iglesia de Majadahonda (Madrid), ataques a iglesias e imágenes religiosas o la defenestrada "procesión atea" de Madrid que llamaba a "castigar a la conciencia católica" y "hacer daño sin contemplaciones".

La AEAC aseguró que, en el caso de que la ONU compruebe estas denuncias, podría sancionar a España con su retirada del derecho a veto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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