El intento de Felipe Calderón Hinojosa de "guadalupanizar" por decreto a todos los mexicanos, constituye un claro atentado contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, además de violentar el Estado laico, en el marco del cual, ninguna autoridad puede imponer a nadie una identidad confesional.
En un Estado laico, el Presidente no puede anteponer sus creencias personales a lo que exige su investidura presidencial. Impulsar el culto y devoción a la Virgen de Guadalupe es trabajo de los clérigos católicos, no del Jefe del Ejecutivo Federal, cuya función es "promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", tal como lo establece el artículo 1 Constitucional.
La libertad de creencias y de culto son conquistas históricas del pueblo mexicano, mismas que han quedado plasmadas en leyes y decretos que garantizan este derecho. Gracias a ello, México es hoy por hoy un país religiosamente plural, composición que, por mandato de ley, todo funcionario público está obligado a respetar. Lamentablemente, el presidente Calderón no lo hizo cuando, desde el más alto cargo político del país, señaló que los mexicanos "somos guadalupanos, independientemente […] de las creencias o no creencias…". Esta declaración, además de ser excluyente, hiere los sentimientos de más de 18 millones de personas que en México no se identifican ni con el catolicismo ni con el guadalupanismo.
La afirmación de Calderón es violatoria de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, las cuales juró cumplir y hacer cumplir al asumir la Presidencia de la República. ¿Qué dicen algunas de estas leyes al respecto? El artículo 24 Constitucional, aparte de establecer la libertad para profesar cualquier creencia religiosa, dispone: "el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna". Esta prohibición no sólo es para el órgano depositario del Poder Legislativo, sino también para el que Poder Ejecutivo. Por su parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130 Constitucional, señala en su artículo 3: "El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna".
El Estado confesional forma parte de un pasado cuyo retorno nadie desea. Estuvo vigente a lo largo de los tres siglos de vida colonial, época en la cual "el catolicismo constituía la única religión tolerada y donde éste y la Iglesia colaboraron para mantener tal monopolio". Tras el logro de su independencia, en septiembre de 1821, México siguió siendo un Estado confesional. Sus primeras constituciones establecían la intolerancia religiosa al adoptar al catolicismo como credo único y permitido en México. Por fortuna, la Constitución de 1857 puso fin a la confesionalidad del Estado, y las Leyes de Reforma de 1859, incorporadas poco tiempo después a Carta Magna, ofrecieron a los mexicanos un horizonte de mayores libertades, las cuales fueron fortalecidas en nuestra actual Constitución, la de 1917.
Ninguna autoridad puede constituir la creencia guadalupana en un elemento válido de la identidad religiosa de los mexicanos. Los mexicanos, independientemente de las creencias, somos patriotas, solidarios y trabajadores. Si Calderón hubiera dicho esto, nadie estaría cuestionando su discurso. Probablemente algunos estaríamos preguntándonos sí realmente lo somos, pero impulsados por el anhelo de llegar a tener ese tipo de características en beneficio de nuestro querido México.
