No cabe duda que uno de los poderes facticos reales más protagónicos del escenario político mexicano es la Iglesia católica. La acción política de esta institución se ha enfocado por la pervivencia de sus afanes teocráticos.
El ente católico, que mercadea en casi todo el mundo con ideas o seres imaginarios que nadie ha podido ver y cuya existencia no se ha comprobado, ejerce con efectividad en la mayor parte del orbe su única ocupación verdadera, la única importante para ella: la de dominar políticamente y explotar a la humanidad.
De ahí se explica la larga y complicada historia de intervenciones de la Iglesia católica en la vida pública del país. Hay marcas profundas, acontecimientos sangrientos y una separación entre el Estado y las iglesias que forma parte de nuestra Constitución.
A diferencia de otras normas, esta separación tiene una amplia aceptación en la cultura política de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la compulsión de la alta jerarquía católica a la intromisión e intervención en los asuntos políticos del país, particularmente incitando a la desobediencia civil sin importar violar la ley.
Viene a cuento lo anterior por lo expresado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera en la misa dominical pasada, que sin rubor alguno se ha quitado la careta, al pretender defender el derecho y el deber de la Iglesia de participar en la vida pública del país, afirmando que las personas no están obligadas a obedecer a una autoridad que se opone abiertamente a los derechos humanos.
“Cuando la autoridad se sale del marco legal desde donde puede y debe gobernar, no hay obligación de tributarle obediencia, y si se opone abiertamente a los derechos humanos fundamentales, entonces hay que negarle la obediencia".
"Así Jesús establece, algo desconocido hasta ese momento, la necesaria separación entre religión y política, entre la Iglesia y el Estado. Separación no quiere decir contraposición y menos mutua negación".
En ese tenor, más allá de la oposición ideológica contenida en los argumentos anteriores queda de manifiesto el ilegal intervencionismo injerencista del purpurado eclesiástico violentando la constitución.
Del mismo modo resulta realmente lamentable y atentatorio al estado laico, el consentimiento y tolerancia del Gobierno Federal para que la Jerarquía católica se entrometa en los asuntos políticos cuando les está expresamente prohibido por la ley.
Es así que la libertad de expresión para el clero está limitada por el artículo 130 constitucional, que establece que los ministros de culto “no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
En cambio los ciudadanos tienen todo el derecho de expresar su opinión, a oponerse a cualquier ley que se discuta y apruebe en este país y eso no los convierte en traidores a la patria ni a las instituciones.
De tal suerte la iglesia católica se da el lujo de hacer política desde las casas de dios, violando el marco constitucional, a sabiendas que nadie les va a poner un freno, por el terror que se tiene a la excomunión, o porque la constitución les vale un comino, lo mismo que las autoridades también.
Activismo que le aparta por completo de la misión de la Iglesia católica que no es criticar lo que la sociedad, de forma libre y consensuada, decide en cada momento. El mundo de hoy, no tiene nada que ver con el de hace quinientos años.
En consecuencia si los ministros de los diversos cultos quieren participar en política deben separarse de sus ministerios con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados, por lo que por ahora solo únicamente pueden votar pero no a ser votados.
En definitiva donde hay una religión de Estado o se favorece a una religión no hay democracia. Por lo que el gobierno federal y el congreso de la unión deben hacer un llamado a las iglesias a “no dividir a la sociedad” y a no pretender imponer su concepción moral de la vida a toda la población, independientemente de aplicarles la ley por violar la constitución y por atentar contra el estado laico.
