La Plataforma pide a los pueblos que registren sus bienes antes que la Iglesia

pamplona. La Asamblea puso a esta pequeña localidad del Valle de Guesálaz como "ejemplo" para el resto de los pueblos. Actualmente existe otro litigio en los tribunales entre la Iglesia y el Valle de Aranguren por la propiedad de la Casa Parroquial y hay al menos otro ayuntamiento navarro que acudirá en breve a los juzgados.

Miembros de la Asamblea valoraron de forma muy positiva esta sentencia, la primera en Navarra en la que un pueblo litigaba con el Arzobispado por la propiedad de un lugar de culto. La abogada Isabel Urzainqui dijo que la sentencia analiza de forma muy pormenorizada la cuestión y aporta "una sólida argumentación lógica", al decir que "celebrar culto en determinados lugares no conlleva que esos lugares sean propiedad de la Iglesia". Urzainqui repasó pormenorizadamente el fallo judicial, del que se deduce que el Arzobispado no ha podido aportar título de propiedad de la ermita ni la jueza ha aceptado una supuesta adquisición por el uso continuado del templo.

A expensas del pronunciamiento de la Audiencia Provincial, a la que el Arzobispado ya anunció su intención de recurrir, la sentencia de Garísoain pone de manifiesto que la carga de la prueba la tiene quien demanda, y en este caso ha sido la Iglesia, por lo que la Plataforma insistió en la importancia de que los pueblos registren los bienes públicos que aún queden sin inmatricular por el Arzobispado, ya que lo mismo ocurre en sentido contrario. Si el bien ya ha sido inscrito a nombre de la Iglesia, la carga de la prueba correspondería a los pueblos, con la dificultad que eso conlleva. "Habría que estudiar caso por caso. Yo recomendaría que busquen con tiempo en los archivos municipales todos los documentos que puedan argumentar una demanda", dijo Isabel Urzainqui. En cualquier caso, la letrada aseguró que la equiparación de la iglesia con una institución pública a la hora de registrar bienes a su nombre no debería existir en un Estado aconfesional. De hecho, muchos juristas sostienen que la reforma de la Ley Hipotecaria que realizó en 1998 el Gobierno Aznar podría ser inconstitucional, pero de momento nadie la ha llevado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie.

responsabilidad de los ediles Otro miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio, Pascual Larumbe, recordó que la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro surgió a mediados de 2007, cuando se conoció la inmatriculación por parte del Arzobispado de Pamplona de 1.087 bienes, un hecho "gravísimo", dijo, del que muchos pueblos y ciudades de Navarra "no son conscientes de su importancia". Larumbe apeló a la responsabilidad de los cargos municipales a la hora de mantener el patrimonio público "no para que esos bienes sean del Ayuntamiento como institución, sino para que sean de los pueblos".

Larumbe expresó su "preocupación" por la "pasividad" que demuestran las instituciones navarras en el tema de las inmatriculaciones después de tres años y medio. "El Parlamento se ha movido algo, en concreto de allí sacamos la relación de bienes inmatriculados. También la Federación Navarra de Municipios y Concejos, por primera vez y por mandato de la asamblea va a promover un estudio". No obstante, Larumbe se preguntó si el hecho de que no haya habido un posicionamiento más claro de las instituciones tal vez se deba "a un desenfoque de la cuestión, a tomar este movimiento como una confrontación, cuando nosotros nunca lo hemos planteado así, simplemente hemos dado la voz de alarma sobre lo que está pasando".

En primera fila, Carlos Armendáriz, David San Martín, Juan del Barrio, Pascual Larumbe, Isabel Urzainqui y Álvaro Calderón. Detrás, Xabier Ilzarbe y Rubén Ibero.