La Galicia más alejada de Madrid rechaza las bases del Pacto de Educación

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El calendario sigue descontando días a un marzo que prometía ser clave para el Pacto de Educación, con la sensación de que el acuerdo, de haberlo, supondría la sumisión del PSOE a muchas de las pretensiones del PP y la asunción por parte de bastantes voces de la comunidad educativa de las directrices marcadas por las dos grandes fuerzas.

Mientras, en la Galicia más alejada de Madrid, el guiño al centralismo y a la enseñanza privada-concertada que se desprende del pacto no convence. Desde CIG-Ensino y Comités, que representan a docentes y a estudiantes, respectivamente, muestran su rechazo. Tampoco Confapa Galicia, que reúne a las asociaciones de padres, comulga con el trato que va a recibir la enseñanza pública, si bien, menos críticos, defienden la necesidad del gran acuerdo educativo y muchas de las medidas recogidas en el texto del ministro Gabilondo.

Apuesta por la privatización
"No hay una apuesta clara por una red de enseñanza pública, democrática y de calidad", manifiesta el responsable nacional de los Comités, Marcos Loureiro, quien exige la integración de los centros privados y concertados en el sistema público. Al respecto, el texto presentado por el ministerio, que incluye 21 reformas en artículos de la LOE y 137 medidas concretas, alude a la libertad de enseñanza como el derecho de los padres a poder elegir, por lo que el trato a la red pública se reduce a una campaña informativa para que los progenitores puedan tomar la decisión.

Para el secretario nacional de ensino de la CIG, Anxo Louzao, el pacto iguala a los centros públicos con los privados desde el momento en que las administraciones educativas los dotan de los mismos recursos. "Es una involución", asegura, promover conciertos, independientemente de las plazas que haya en la enseñanza pública. "Hay que poner barreras contra la comercialización y la privatización de la enseñanza", apostilla.

El presidente de Confapa Galicia, Virgilio Gantes, también reclama una mayor defensa de lo público y recuerda que la Educación "no es un arma para ganar votos; es el futuro de nuestros hijos". Lo cierto es que el pacto nace inequívocamente con una pretensión de complacer al PP y como un trampolín hacia un bipartidismo entre socialistas y populares, con la duda de si lo que se busca es un pacto político con retribuciones electorales o un gran acuerdo social que varíe el naturaleza volátil de las grandes leyes educativas de época democrática. Léase: LGE, LOGSE, LOCE, LOE.

Bipartidismo y lengua
La propuesta de la regla de los 2/3 del Parlamento -parece ser que finalmente se va a incluír también los 2/3 de los grupos parlamentarios- para sacar adelante acuerdos sobre educación es acertada para la Confapa, pero rechazada tanto por los Comités como por la CIG, que ven en ella una mueca del centralismo. "Tiene la voluntad de excluír fuerzas, entre ellas el nacionalismo gallego", asegura Loureiro, en consonancia con Louzao, quien aclara que así "se renuncia a mayorías progresistas, en favor de sectores reaccionarios y retrógrados".

Quizás por esto se explique que el texto no aborde la cuestión lingüística, en encrispado debate en Galicia. "Cualquier pacto de Estado tendría que referenciar los derechos del alumno a ser escolarizado en el idioma propio", apunta Louzao, pero tratarlo sería abrir "una gran batalla". Para Loureiro fue la posición de la Consellería de Educación, que asumió los planteamientos del PP estatal, la que provocó la "invisibilización" del tema linguístico. "No presentaron ninguna medida en las comisiones a las que asistió", añade.

Lo que no se aborda
Tampoco hay referencias en el texto que presentó Gabilondo al laicismo. Confapa advierte de que no se potencia la multiculturalidad de religiones del Estado. "Ninguna debería estar en la enseñanza", propone su presidente. Por su parte, el responsable de Ensino de la CIG pide que la asignatura de Religión no intervenga en el horario común de los alumnos, así, "Filosofía e Historia, que perdieron una hora lectiva a la semana, podrían recuperarla".

Y si el fracaso escolar, advertido en cada uno de los informes PISA, es uno de los mayores acicates para alcanzar un acuerdo de Estado, Louzao no se explica cómo no se destinan más recursos para paliarlo, más financiación. "No se considera aplicar un 7% del PIB a la enseñanza, lo que permitiría, por ejemplo, reducir el número de alumnos por aula", expone.

Algo que sí recogen las propuestas del PP y el PSOE es un mayor reconocimiento del trabajo docente, punto para el que la CIG ve fundamental una apuesta por la prorrogación de la jubilación anticipada. "Sería una forma de reconocer el trabajo, renovar el personal y crear empleo", asegura Louzao.

Lo que se desprende
Una de las medidas más llamativas sobre las que se está trabajando en el marco del gran pacto es la aplicación ya desde 4º de ESO de dos itinerarios, uno encaminado hacia la Formación Profesional y otro para el Bachillerato. El PP mantiene entre sus exigencias otra posición, la de ampliar a tres cursos la formación preuniversitaria, eliminando uno de la secundaria. O lo que es lo mismo, fomentar la preparación cara el mundo laboral en detrimento de la formación personal básica.

"Buscan una formación técnica y rápida, una FP de perfil privatizador en la que las propias empresas participan en su diseño", denuncian los Comités. No obstante, Confapa celebra esta potenciación de la Formación Profesional, con un curso puente, aunque su presidente pide a Gabilondo que aclare como sería la doble vía de 4º de ESO, porque los alumnos "deben cumplir unos mínimos".

Por su parte, la CIG critica con dureza dos de los puntos de trabajo: la evaluación censada -se pretende hacer una al finalizar la primaria y otra al término de la secundaria-, y la aplicación de contratos-programa, acuerdos entre la Administración y los centros en función del rendimiento escolar.

En el primer caso, Louzao considera que la evaluación de diagnóstico a nivel estatal sólo serviría para hacer "un ranking de centros", mientras que califica a los contratos-programa de "injustos, reaccionarios e clasistas", en tanto en cuanto benefician a los mejores institutos en lugar de a los que obtienen peores resultados y necesitan, por lo tanto, mayores recursos.

No obstante, cualquiera de estos elementos de discordia que se denuncian desde Galicia no parece que vayan a suponer ninguna traba a la hora de alcanzar un acuerdo. Más bien, serán los intereses estratégicos de las dos grandes fuerzas los que hagan fracasar o triunfar las negociaciones. Será el empeño que pongan Gobierno y oposición en llegar a un pacto social y no a uno meramente político.

"Igual no interesa a nivel mediático el ruído que pueda hacer un pacto PP-PSOE ante los electores", aventura Loureiro, idea que corrobora Louzao, a pesar de que ve "pocos impedimientos" para un sí de los de Rajoy en la propuesta de Gabilondo. En medio de este sentir general, de escepticismo ante un pacto que rehuya lo social y abrace lo político, Gantes sentencia: "Si el pacto es 'light', quedaremos en las mismas".

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