La ira de Dios y el prodigio de la Ley

Cuando la inapelable decisión de la representación popular determinó, en la madrugada del 15 de julio, la sanción de las modificaciones que habilitan la existencia del matrimonio igualitario, se derrumbaron en un santiamén los oscuros presagios de un clericalismo arcaico que llamó a una guerra santa con tal de esterilizar, una vez más, el progreso de la sociedad argentina. Simultáneamente, apareció en el firmamento cívico la luminosa estela de una ley de avanzada.
El desmoronamiento de la pretensión conservadora sirvió para demostrar que la conquista de un nuevo derecho, por más que beneficie inmediatamente sólo a un sector, sirve necesariamente a la democratización del conjunto de la sociedad, mejora las condiciones de la convivencia humana y fortalece los vínculos de solidaridad.
Contrariamente, mientras no se extirpen las formas flagrantes de la discriminación, la comunidad albergará conductas mezquinas e individualistas y las peores pulsiones emponzoñarán el cuerpo social.
Ello habla de la significación que tuvo la decidida toma de partido y la movilización de vastos sectores a favor del proyecto de igualdad matrimonial, uno de los avances civilizatorios más relevantes de la reciente historia argentina, cuya dimensión aún es temprano para advertir. Algo semejante sucedió cuando se aprobó la inicial legislación obrera argentina, de matriz socialista, que la oligarquía homologó con la inminencia de la disolución social.
Es que toda discriminación por género, etnia, cultura, religión, pertenencia social o elección sexual implica la perfidia de que algunas personas se sientan superiores, crean que ocupan un lugar preponderante y que, en consecuencia, tienen derecho a someter a quienes consideran inferiores.
Si la ausencia de impulsos discriminadores es parte de una bella y alta escala de la condición humana, la segregación se explica en la ruindad del odio a lo diferente y, sobre todo, en la necesidad de que haya otro menospreciado y estigmatizado para sentirse poderoso y perfecto.
Sobre esa construcción perversa se arraigan los prejuicios que, en ciertos contextos, tienden a naturalizarse y generar argumentos retrógrados, tal como hemos visto en estos días con un áspero debate en torno al perfeccionamiento de la vetusta ley de matrimonio civil.
El alineamiento de fuerzas que confrontaron en el tema, desde antes que el proyecto tuviera estado parlamentario, expresó, por un lado, el avance incontenible de minorías intensas y organizadas pero acompañadas y sostenidas por un amplio arco de fuerzas políticas y sociales progresistas.
De otra parte, aferrados a la alucinante idea de la ira de Dios frente a supuestas conjuras demoníacas, se alistó la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, el fundamentalismo evangelista y la ultraortodoxia judía, todos ellos apoyados por una remixada derecha política desplegada en sus múltiples versiones: conservadora, radical o justicialista.
Expresiones como “orden natural”, “normalidad”, “familia bien constituida”, “valores tradicionales”, menudearon en un debate público donde los medios contribuyeron a difundir las visiones reduccionistas y los mensajes catastrofistas que descontaban una virtual hecatombe social si dos personas del mismo sexo transforman su amor en un contrato del derecho civil amparado por la ley. Aconteció lo mismo en ocasión de aprobarse el estatuto del peón, al que se le atribuyó contrariar la supuesta naturalidad del trabajo de sol a sol.
El voltaje de la confrontación vino a demostrar que aún rige la pugna por la autonomía del Estado laico frente a la pretensión confesional de imponer un dogma al conjunto social, que supone además el ejercicio de un pretendido poder de policía que no puede consumarse sin abolir los derechos de las minorías.
No obstante, que un conglomerado de fuerzas tan diversas –tanto oficialistas como opositoras– haya garantizado finalmente la sanción del proyecto en ambas cámaras, es una noticia alentadora sobre la posibilidad de gestar mayorías democráticas y abre una nueva perspectiva en el Congreso, donde el debate estratégico sobre cuestiones fundamentales suele verse suplido por las miradas cortoplacistas y las pujas de ocasión.
Por eso, la sanción de la ley de matrimonio igualitario marca un avance que, al mismo tiempo, desmiente ese lugar común según el cual mientras cierto liberalismo progresista y la propia izquierda democrática privilegian los derechos civiles y políticos identificados con el ceremonial republicano, los sectores nacional-populares se limitan a propiciar la idea de redistribución del ingreso.
La evolución política argentina de los últimos años ha mostrado que una articulación, aún incipiente, donde conviven sectores de diversa tradición político-cultural, progresistas, populares y de izquierda, puede alcanzar niveles de acuerdo que permiten diseñar nuevos derechos y darles vigencia efectiva a aquellos otros que, pese a su consagración constitucional, son aún letra muerta.
En ese sentido, la nueva ley de matrimonio es parte de la ampliación de derechos y construcción de igualdad que ya significaron otras determinaciones, tales como la recuperación del sistema de solidaridad previsional, la ampliación de la cobertura social y la asignación universal a la niñez. Dar operatividad al Artículo 14 bis de la Constitución, por ejemplo, se inscribe en esa misma perspectiva.