Era de esperarse y a nadie sorprende la molestia de la Iglesia Católica respecto a los recientes fallos de la Suprema Corte reconociendo la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y el derecho de tales parejas a adoptar. Sin embargo, algunos de sus jerarcas han ido demasiado lejos, difamando, haciendo proselitismo, violando reiteradamente la ley e incluso llamando de manera abierta a la rebelión. Los ministros de culto gozan de libertad de expresión dentro de un marco normativo que establece ciertas restricciones que buscan salvaguardar al Estado laico. Pueden promover su moral particular, pero no imponerla al resto de la sociedad ni tampoco enfrentarse a las instituciones para lograr ese objetivo.
Mucho más grave que acusar sin pruebas a los miembros de la Suprema Corte de haber sido “maiceados” por Marcelo Ebrad o haber proferido el prosaico exabrupto discriminador –“¿quién de ustedes quiere ser adoptado por maricones?”- es el reto que Sandoval Íñiguez le está lanzando al Estado laico. Él y otros prelados están llamado a la grey católica a manifestarse públicamente contra la ley y la corte, contraviniendo con ello de manera flagrante lo establecido en el artículo 130 constitucional, inciso e): “ (los ministros)…Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones…”; lo cual también se consigna en el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
El problema fundamental no son los excesos verbales de curas pintorescos que pierden la ecuanimidad al calor de una derrota jurídica, aunque tales dichos violen la ley y sea deseable que no prevalezca la impunidad y quede de manifiesto que la mitra no otorga canonjía alguna frente a los tribunales civiles. Lo que la polémica ha evidenciado es la no aceptación por parte de algunos prominentes miembros de la jerarquía católica de la separación entre el Estado y la Iglesia. La ofensiva que han emprendido, incluso desde el púlpito, tiene como objetivo explícito imponer su visión religiosa a las instituciones y leyes del país. Es decir, lo que buscan es contrariar al Estado laico.
Contra que algunos piensan, el Estado laico no es propiamente ateo, pues aunque no responde a ninguna religión es el soporte y la garantía de la libertad religiosa. Si en México se puede creer y rendirle culto a cualquier divinidad o no creer en ninguna es precisamente por esa característica. Al no haber religión oficial, todas tienen los mismos derechos y eso contribuye a que no haya discriminación sobre cualquiera de ellas. La moral se manda a donde corresponde, que es a la conciencia de los individuos para que en uso de su libertad decidan sin coacción sobre muchas cosas de su vida que el Estado no tiene por que resolver.
Los jerarcas rebeldes justifican su actitud en nombre de una supuesta “ley natural” y culpan a las “pasiones humanas” –que presumen no naturales- como las responsables de lo que interpretan como depravación de la sociedad. Ese discurso nos regresa siglos en la historia y es absolutamente miope ante una realidad incontrovertible: aceptada o perseguida, la homosexualidad siempre ha existido. Además, si la Iglesia nunca ha podido controlar a las demonizadas “pasiones humanas” en su interior, ¿cómo espera hacerlo en la sociedad? ¿O se contenta con mantener la doble moral, con sus placeres ocultos y la decencia aparente, pensando que lo peor de Maciel no es lo que hizo sino que se supiera?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplió con su papel de manera notable. Los Ministros no legislan ni tienen por qué manifestar su gusto o disgusto con las leyes en litigio. En este caso, resolvieron sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre el derecho que tales parejas tienen de adoptar y el velar porque los derechos adquiridos por esa unión se salvaguarden en todo el territorio nacional. Con ello se asumió que las familias mexicanas son diversas, que no está establecida constitucionalmente un modelo de ésta y que debe predominar la garantía de la no discriminación que se encuentra en el artículo 1º de la Constitución –el trascendental logro de agregar esa parte en la Carta Magna pasó en su momento desapercibido, pues fue parte de las reformas que se hicieron en 2001 para atender los reclamos de los pueblos indígenas y que no satisficieron a los zapatistas.
Es importante señalar que se ha hecho un gran ruido por el tema de las adopciones, pero que ese aspecto de la legislación no fue modificado y las mismas personas tienen las mismas posibilidades para adoptar un niño ahora que antes de la reforma. La iglesia tomó como bandera algo que se puso a discusión por un error de algunos diputados de la ALDF que agregaron un candado en comisiones prohibiendo la adopción y que al quitarlo, por ser evidentemente inconstitucional, centró la polémica en el lugar inadecuado. No es fácil adoptar en DF y un juez determinará caso por caso la pertinencia de otorgarla en función de los derechos del niño. Sin embargo, me parece absurdo y un tanto desalmado que se prefiera que niñas o niños permanezcan huérfanos en lugar de ser adoptados por una pareja homosexual que les garantice educación, respeto y amor. Las no tan veladas insinuaciones de que tales adopciones pueden propiciar actos de pederastia, llaman a recordar que esa posibilidad también existe con parejas heterosexuales e incluso en internados religiosos.
Si bien es cierto que las reformas libertarias del DF tuvieron su origen en buena medida en la ALDF con legisladores como Enoé Uranga, Victor Hugo Círigo o Jorge Carlos Díaz Cuervo –lo mismo que en los colectivos de activistas de mujeres y de la diversidad sexual-, es indudable que Marcelo Ebrard las respaldó y asumió los costos de hacerlo, lo cual debe reconocerse, máxime cuando legislaciones mucho más descafeinadas fueron congeladas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien no quería pelearse con su entonces amigo, Norberto Rivera. Por cierto, el cambio de amistades no ha llevado a AMLO a manifestarse sobre tales temas o sobre el Estado laico, no obstante los virulentos ataques que la izquierda ha recibido y la flagrante violación a la Constitución por parte de algunos jerarcas de la Iglesia.
Defender con inteligencia el Estado laico requiere cuidar el lenguaje y los ánimos. La tolerancia que se exige a algunos miembros prominentes de la jerarquía católica que se han extralimitado hasta el grado de decir que tales leyes son más nocivas del narco, también debe expresarse hacia la Iglesia y sus miembros. En ese sentido, resulta contraproducente revivir expresiones del jacobinismo trasnochado. México pagó su cuota de sangre para separar la Iglesia del Estado y sería torpe regresar al siglo XIX. La mejor forma de fortalecer al Estado laico es aislar a los extremistas y sumar a lo que estoy seguro es una gran mayoría de gente, creyente o no, que está de acuerdo en mantener el pacto que deja claramente establecidos los ámbitos de Dios y del Cesar.
