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Europa Laica cree que el Gobierno no quiere despenalizar la eutanasia para evitar enfrentarse a la Iglesia Católica

El Congreso de los Diputados rechazó ayer una Proposición de Ley de ERC-IU-IC, sobre la disponibilidad de la propia vida, con el voto en contra PSOE, PP y CIU, entre otros.

El Congreso de los Diputados rechazó ayer una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana – Izquierda Unida – Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la disponibilidad de la propia vida, con el voto en contra del Grupo Socialista, del Grupo Popular, del Grupo de CIU, y de algún otro diputado.

La asociación Europa Laica cree que, con el voto en contra del reconocimiento de un derecho demandado por la mayoría de la ciudadanía, el Gobierno demuestra su temor a abrir un frente de confrontación con la jerarquía de la Iglesia Católica y con los poderes fácticos que están bajo la influencia de ésta.

Europa Laica considera también que esta decisión está relacionada con las reuniones que, el pasado mes de febrero, varios miembros del Gobierno mantuvieron en Madrid con Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, con quien abordaron asuntos concernientes a derechos civiles que atañen al conjunto de la ciudadanía.

Esta asociación quiere recordar también que el pasado 3 de febrero, el Grupo Socialista rechazó una proposición no de ley que tenía por objeto abrir el debate, en sede parlamentaria, sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido de personas que, al final de su vida padecen, a pesar de los cuidados paliativos, un sufrimiento insoportable del que desean liberarse con todas las garantías legales.

Europa Laica muestra su disconformidad con que el Gobierno quiera incluso privar en estos momentos a la sociedad de un debate sobre un asunto que, sin ninguna duda, preocupa a gran parte de la sociedad.

Europa Laica lamenta la influencia que ejerce la jerarquía de la Iglesia Católica, de manera directa o indirecta, sobre los poderes del Estado. Muestra de ello es la agenda política del poder ejecutivo, los temas a debatir en las comisiones del Parlamento, sede de poder legislativo, así como la elección de cargos institucionales con demostradas y públicas creencias religiosas.

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