Al pronunciarse porque la laicidad del Estado se suba a rango constitucional, el diputado federal David Sánchez Camacho advirtió que llevar asuntos religiosos al contexto de la Reforma del Estado generará una disputa de carácter político religioso, que conllevaría a un riesgo muy alto de inestabilidad social.
El secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados lamentó que la Iglesia Católica introduzca de manera irresponsable un elemento más de confrontación entre la sociedad mexicana, en los momentos que el país requiere unidad y voces orientadoras que propicien un ambiente de tolerancia, civilidad y solidaridad.
Sánchez Camacho cuestionó las recientes declaraciones del Episcopado respecto a que sus propuestas para Reforma del Estado habrán de negociarlas directamente con Felipe Calderón, y citó que la Arquidiócesis de México propone una reforma constitucional a los artículos 3º, 24, y 130; además de modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con el propósito de, según la jerarquía católica, “alcanzar una verdadera libertad religiosa”.
Por otra parte, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), María Consuelo Mejía, hizo un llamado hoy a la Secretaría de Gobernación para que mantenga la clara (e histórica) separación entre Iglesia y Estado. En tanto que a la sociedad mexicana la conminó a cerrar filas para defender el Estado laico ante la amenaza de la jerarquía católica quien “está usando todo su poder político” para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la Constitución.
El legislador David Sánchez se sumó al llamado y dijo que en lugar de que la jerarquía católica esté abonando un clima de instabilidad social, la conminó a que haga un llamado a la reconciliación de todos los sectores del país, para que prevalezcan los métodos pacíficos de resolución de las controversias, por encima de aquellos que apuestan a la violencia.
El integrante de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro aseveró que la Reforma del Estado constituye el marco ideal para reivindicar los principios del Estado laico, resguardando las libertades y los derechos de las y los ciudadanos; además de combatir el oportunismo de los líderes políticos y religiosos, subiendo a rango constitucional la laicidad del Estado.
En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la celebración del “Encuentro Laico Internacional sobre Diversidad, Sexualidad y Familias”, a realizarse del 16 al 20 de julio en la Cámara de Diputados, los participantes coincidieron en afirmar que el laicismo es la base de la democracia, por lo que pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) no dejarse influenciar por los jerarcas católicos en la toma de sus decisiones políticas, porque de lo contrario estaríamos ante la amenaza del fundamentalismo.
Asimismo, exigieron la salvaguarda del Estado laico porque permite valorar la diversidad de la cultura y las religiones, al tiempo que se pronunciaron en contra de una sociedad amarrada por una sola creencia, y a que las y los legisladores y políticos tomen decisiones con base a sus creencias religiosas.
Los conferencistas Luis Perelman Javnozon, presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología; Juan Luis Álvarez Gayou, presidente del Instituto Mexicano de Sexología; Aidé García Hernández, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir; José Aguilar Gil, coordinador nacional de Demysex; y Miriam Ángel, presidenta y fundadora del Grupo de Madres y Padres de la Diversidad Sexual, Condesa, se manifestaron en contra de que la jerarquía de la Iglesia Católica intervenga en política y en contra de que se dé religión en los centros de educación pública.
El “Encuentro Internacional Laico sobre Diversidad, Sexualidad y Familias” es una valiosa oportunidad para estudiar y reflexionar desde una perspectiva integral, diversa, laica y científica las reformas legislativas que, en coordinación con políticas públicas pertinentes, permitan que el país avance verdaderamente hacia una democracia plena, enfatizaron los ponentes.
En este contexto, las integrantes del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población subrayaron que sería muy grave si la Iglesia Católica logra reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la Constitución, toda vez que sus implicaciones serían graves no sólo para los derechos de las mujeres, sino para la pluralidad religiosa, para las creencias y la libertad en general de las personas en este país.
Para la directora de esta ONG, Consuelo Mejía, es muy claro que todo esto tiene que ver con los avances que ha habido en la Ciudad de México en materia de derechos sexuales y reproductivos y con el reconocimiento de la autonomía y autoridad moral de mujeres para tomar decisiones, lo cual, apuntó, es inadmisible para la jerarquía católica.
Baste recordar, señaló la feminista, las campañas emprendidas por la Iglesia Católica contra la interrupción legal del embarazo, la incorporación de la anticoncepción de emergencia al cuadro básico, que además estuvieron llenas de amenazas y descalificaciones, “no es una discusión respetuosa y plural, que es a lo que llamamos”.
