La vicepresidenta primera, principal valedora del acuerdo de financiación con la Conferencia Episcopal, impone la política de entendimiento con la Iglesia. El pacto suscita los primeros reproches serios de los socialistas al Gobierno
La ofensiva laicista de determinados sectores del PSOE, entendida en ocasiones más como una obsesión contra la Iglesia católica que un afán por la libertad religiosa, ha salido francamente derrotada en las últimas semanas. Con prudencia, discreción y muchos meses de ardua negociación, el Gobierno de Zapatero ha alcanzado con la Conferencia Episcopal un acuerdo económico que, de haber pasado por el tamiz orgánico del PSOE, jamás hubiera visto la luz en los actuales términos.
La valedora del pacto con la Iglesia tiene nombre y apellidos, Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, cuya dedicación para alcanzar el pacto ha sido ampliamente reconocida por la Conferencia Episcopal. Desde allí, admiten sin ambages que, de no haber sido por ella, el entendimiento en los términos acordados—la elevación del 0,5 al 0,7 de aportación del IRPF de los contribuyentes que así lo deciden—no hubiera sido posible. Así De la Vega, que no milita en el PSOE ni tiene intención de hacerlo aunque su lealtad a las siglas está fuera de toda duda, ha logrado imponerse, quizá sin pretensión, al sector más radical del partido en cuanto a laicismo se refiere.
La vicepresidenta ha sabido entender que en una sociedad mayoritariamente católica, donde el 80 por ciento de los padres eligen para sus hijos una educación cristiana en los colegios, convenía más el entendimiento que la confrontación con la Iglesia. Mucho más cuando está socialmente reconocida la labor asistencial de una confesión que, de dejar de prestar este tipo de servicios, acarrearía un gasto ingente a las arcas del Estado.
Y así, durante meses, y mientras algunos de sus compañeros hacían planes en el seno del llamado Intergrupo por el laicismo, De la Vega trabajaba por un acuerdo que las partes han calificado de positivo. Y lo hacía, obviamente, sin dar cuenta de los detalles de la negociación ni del contenido del documento, lo que ha motivado el primer roce serio entre la dirección socialista y el Ejecutivo de Zapatero. Tanto es así, que el presidente del Gobierno se ha visto obligado a dar explicaciones a la dirección socialista después de que varios de sus componentes expresaran, tanto en público como en privado, su malestar no sólo por el contenido del acuerdo, sino por la ocultación deliberada de la información a los órganos de dirección del partido. En la última Ejecutiva socialista hubo intenso debate al respecto, encabezado por Álvaro Cuesta, pero seguido por otros nombres como Pedro Zerolo, Leire Pajín, Juan Fernando López Aguilar y José Blanco. Las inquietudes de unos y otros sólo fueron calmadas cuando el presidente del Gobierno habló de un paso, «no del paso definitivo» para la autofinanciación de la Iglesia. Vaya, que Zapatero dio a entender que ésta era una estación intermedia.
Aún así el trabajo de los llamados laicistas que durante meses han propuesto medidas para profundizar en la laicidad del Estado con la intención de que la acofensionalidad sea una realidad en todas las instituciones públicas, la educación y los medios de comunicación ha quedado cuanto menos en entredicho. El Gobierno gana en tranquilidad en lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia, seriamente deterioradas desde que empezó la Legislatura; la Iglesia gana autonomía en la medida en que ya no depende de los Presupuestos Generales del Estado, ¿y los laiscistas? Los laicistas tendrán que replantear su estrategia y dejar para mejor ocasión algunas de sus propuestas, por ejemplo la de eliminar la casilla del IPRF destinada para la ayuda a la Iglesia Católica. Los socialitas cristianos, que también los hay en el PSOE, están encantados.
