1.- INTRODUCCIÓN
2.- LA LOE NOS PLANTEA DUDAS RAZONABLES
3.- UNA MIRADA HACIA ATRÁS
4.- Y… LLEGAMOS AL DEBATE DE LA LOE
5.- A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL
Advertencia previa: Las reflexiones que se desarrollan en este documento, son apreciaciones personales, sujetas a la mayor subjetividad, estando hechas, desde un punto de vista ideológico y no, desde los aspectos más técnicos y prácticos de la Ley. .En todo caso he tratado de ir a la raíz de la cuestión, desde mi, modesto conocimiento y experiencia.
1.- INTRODUCCIÓN
Una vez que el Parlamento, ha aprobado el texto definitivo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), pasamos a hacer un breve análisis definitivo del texto, antes de que llegue el trámite de los desarrollos, tanto a nivel estatal, como autonómico.
El documento que presento a continuación, fue elaborado en enero de 2006 y enviado a los miembros de la junta directiva de CEAPA, con la sugerencia de que se difundiera a las Federaciones y Confederaciones que representaban. Así mismo el documento, (sin el anexo I), fue enviado a diversas personas y entidades interesadas en analizar el texto y el proceso de debate de la LOE.
A o largo de estos cuatro meses, se han recibido decenas de sugerencias y valoraciones del documento en sus diferentes momentos, fruto de todo ello nos permite hacer esta reflexión final, suavizando los términos al máximo, ya que estamos ante un texto definitivo. Por ello sólo nos queda trabajar para mejorar la situación en los desarrollos, en la medida de lo posible, a nivel de cada una de las CC AA que tiene la responsabilidad de ponerla en marcha.
Se ha tratado de hacer un análisis crítico, pero a la vez pragmático, en un momento en que la Educación y el Conocimiento son de vital importancia para el desarrollo económico, ético y social de la sociedad en la que vivimos y su futuro depende ello.
Me pregunto: ¿Hacia donde evoluciona el Sistema Educativo, en qué dirección…? Esto tiene que ver con una compleja red de valores, de posicionamientos políticos y económicos, de actitudes corporativas, de intereses religiosos… y de ello depende si el cambio va hacia delante, se estanca o significa, cualitativamente, un retroceso.
Unos planteamientos políticos neoliberales, que se basan en la privatización de todo, están afectando, también, a la escuela. Aquí el tema es más grave, porque, en mi opinión, se está configurando una compleja doble dualidad del Sistema, en la que una parte de escuela de titularidad pública corre el riesgo de quedar como residual y benéfica. La LOE puede rematar, desde el punto de vista legal, el proceso de privatización que se viene produciendo, desde hace una década.
La Ley viene a ser un compendio de la LOGSE y de la LOCE, con alguna incorporación novedosa, que trata de generar un cuerpo único legislativo, para dar una pretendida racionalidad y estabilidad al Sistema. Pero, en mi opinión, es un Ley en clave urbana y confesional, timorata en algunos temas importantes, que, además, no da solución concreta y eficaz a ciertos retos que tiene la sociedad del presente y del futuro.
2.- LA LOE NOS PLANTEA DUDAS RAZONABLES
Como antes hemos indicado, el pasado día 6 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Educación. Ley para este inicio del siglo XXI, que debería de cumplir los objetivos europeos del 2010 e ir mucho más allá.
Para el gobierno y los partidos que finalmente, la han apoyado (PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y CC) la Ley ofrece un marco normativo moderno y exigente, que combate el fracaso escolar e impulsa la cohesión social, respeta las competencias de las CC AA, cuenta con el respaldo financiero adecuado, mejora la atención a la diversidad y los recursos para el alumnado con dificultades de aprendizaje y garantiza para la iniciativa privada (mayoritariamente de ideario católico) el estatus de Servicio Público y la confesionalidad de todo el Sistema, situación anhelada, desde hacía tiempo, por la derecha católica.
Me gustaría compartir con el Ministerio y con los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y personas que la respaldan, su optimismo. Es evidente que tendrán sus razones societarias y políticas, pero a mi, personalmente, me plantea algunas dudas razonables. No obstante considero que no es correcto el doble lenguaje de algunas organizaciones, que han apoyado la Ley con pactos y votaciones y, después, en sus declaraciones públicas, en una huida hacia delante, para desagraviar a una parte de su base social, muestran su disconformidad con importantes aspectos de la misma.
Ciertamente era necesario configurar una Ley estable, que refundiera la prolija legislación, desde la LODE y aun anterior, ahora en el ámbito de unas competencias educativas descentralizadas y por lo tanto se precisaba del máximo consenso, pero, en esta ocasión, se ha hecho pagar un alto precio a la escuela pública y a la pretendida equidad educativa, quedando, además, para el desarrollo de la Ley algunos cabos sueltos, que, presumiblemente, vamos a lamentar.
También genera incertidumbre la destitución de la ministra Sansegundo al día siguiente de aprobarse la LOE. El hecho sugiere muchas interpretaciones, que se irán desvelando en los próximos meses, pero que tiene que ver con un planteamiento ambiguo de las políticas educativas, reforzando aun más la tesis de quienes pensamos que las cosas no se han hecho bien, desde el principio, además de que dan nuevos argumentos a las insaciables apetencias de los sectores católicos y más conservadores.
Sabemos que las leyes, por si mismas, no modifican el Modelo Educativo, sin embargo pueden contribuir a mejorarlo o a empeorarlo. Este se transforma, por ejemplo, a través de un suficiente y óptimo uso de los recursos; de apoyar la innovación y las buenas prácticas educativas; de la implicación, adaptación y formación del profesorado; así como de la asunción, sin prejuicios, de la democracia participativa, en igualdad.
Pero sobre todo de considerar, desde un punto de vista cultural, a la Educación como un Derecho fundamental, cuyo soporte requiere una escuela pública fuerte, de prestigio, a la que puedan acceder, en igualdad, todos los sectores sociales que la demanden: Con algunas cuestiones que introduce la Ley y la realidad actual, la escuela pública corre muchos riesgos y, más que nunca, está amenazada por la vacilación administrativa y política y por una fuerte competencia desleal.
Como consecuencia de mis diversas responsabilidades políticas y societarias, desde 1977, he tenido el privilegio de participar en la gestación y desarrollo de todas las leyes educativas de la democracia. Hoy, que duda cabe, que la educación ha evolucionado considerablemente, pero mucho más, desde el punto de vista cuantitativo, que desde los aspectos cualitativos.
El diagnóstico de la realidad actual, al inicio de la andadura de la LOE, no es muy halagüeño: Muy pocas familias se implican, realmente, ante la educación, más bien delegan y las que lo hacen, su labor es poco menos que una hazaña. Un importante porcentaje del profesorado no sólo está desmotivado, sino que consideran su tarea educadora, como un trabajo más, que podían ejercerlo, igualmente, en cualquier otro lugar, de la producción o de los servicios. Una considerable proporción del alumnado, sobre todo a partir de la educación secundaria, apenas encuentra alicientes en el centro escolar y consideran su asistencia a clase, más una obligación social, que una necesidad de desarrollo personal e intelectual; ello provoca un bajo rendimiento y un absentismo muy preocupante. Se han generado enormes diferencias entre centros y entre territorios. Asistimos a una acelerada privatización del derecho a la educación (que, ahora, la LOE legaliza y garantiza). Existe, se admita o no, una cierta segregación del alumnado por causas sociales, intelectuales, territoriales y en función de las concepciones morales o religiosas de sus familias. Hay dificultades para una buena convivencia y para ejercer la democracia participativa. Tenemos un currículo anticuado y poco flexible, cuyo apoyo, generalizado, es el ancestral libro de texto y unos tiempos escolares, escasos rígidos y poco prácticos. En la mayoría de los casos, los métodos de enseñanza aprendizaje están caducos. Los sistemas de evaluación del alumnado son poco motivadores. La integración escolar es muy débil. Se ha instalado un modelo de escuela rural en clave urbana, que ayuda muy poco a un desarrollo en equidad. Y, por último, desde el punto de vista ideológico nuestro sistema educativo reproduce la insolidaridad del sistema competitivo capitalista, en vez de compensar desigualdades intelectuales, sociales y territoriales.
Todo ello se une a que, quizá, el pensamiento y la intelectualidad están algo cansados de producir ideas y soluciones, que, sistemáticamente, se han ido esfumando por el sumidero de un pragmatismo neoliberal y durante el debate de la LOE ha permanecido, en general, sumiso y muy callado.
La LOE ¿Se convertirá en el marco político y jurídico, cuyo desarrollo ataje estas situaciones?: Parece ser que los grupos políticos y los sectores sociales que la han apoyado están convencidos de que SI, aunque algunos con muchas dudas. La derecha (aunque ha votado que NO, con la finalidad de mantener la tensión política) y el clero, en el fondo, se sienten muy cómodos con esta Ley, a pesar de que pretendían un modelo más selectivo. Y en el ámbito de los sectores más progresistas e innovadores históricamente, aquellos que más se han preocupado de hacer un diagnóstico realista y ofrecer soluciones democráticas e inclusivas, hay una fuerte preocupación.
Entonces: Cual es el CONSENSO REAL: Esta vez, quizá, aunque le hayan ascendido, “monsieur le plombie” no ha estado a la altura esperada: El futuro nos lo dirá.
El debate de la LOE se ha desarrollado en una situación política enrarecida y compleja e influida, una vez más, por el fuerte peso histórico de la doctrina católica. Desde el punto de vista mediático, se han ocultado las claves más importantes y se han resaltado aquellas cuestiones que más interesaban a ciertos grupos de poder, con la finalidad de confundir a la opinión pública y, una vez más, la Ley de Educación ha sido objeto de moneda de cambio político y eso nos pasará factura.
Si hacemos un análisis del texto de la Ley, éste apunta una serie de cuestiones que tienen que ver con el fomento de la diversidad, los apoyos a un mejor aprendizaje, la equidad, la convivencia, el compromiso de financiación (hasta el año 2012), así como otros aspectos que figuraban en la LOGSE y algunas otras novedades que corrigen leyes anteriores, fruto de un diagnóstico (quizá apresurado) de la realidad. En suma, aparecen una serie de fines y principios, con los que estamos totalmente de acuerdo, pero que estando, ya vigentes, desde la LODE y la LOGSE, en la práctica, actualmente, hay enormes dificultades para su cumplimiento: ¿va a ser ahora diferente? Si aprobamos leyes, pero NO se actúa con rigor político y administrativo para su ejecución, seguiremos igual.
En que, estimamos, que la LOE falla: Sigue siendo una Ley en clave urbana, con difícil aplicación a la peculiaridad y diversidad rural. Al final sigue sin contemplar la compensación financiera interterritorial, como consecuencia del juego político nacionalista. Equipara el papel de la escuela de titularidad pública, con la escuela de titularidad privada concertada, cuando ésta responde (en un altísimo porcentaje) a negocios religiosos y económicos, con un intocable ideario propio, opaca, segregadora y con un funcionamiento autocrático; es decir se iguala en derechos, pero no en deberes, contraviniendo, claramente, diversos artículos de la Constitución. Apunta cuestiones para su desarrollo, pero NO entra, a fondo, a dar solución urgente a uno de los temas más importantes, como es la formación inicial y permanente del profesorado y la forma de acceso a la práctica docente. El avance hacia una real democracia participativa lo aparca y aunque otorga a los Consejos Escolares de Centro un peso mayor que en la LOCE, dejan de ser exclusivos órganos de gestión y gobierno de los centros, vulnerando el artículo 27.7 de la Constitución. Las Asociaciones de padres y madres y del alumnado no se contemplan, como entidades de derecho público, hecho que es un grave error… Además de que hay cuestiones o que no se abordan o, en su caso, se apuntan para un (posible) desarrollo posterior, cuando están significando una verdadera losa, para el desarrollo del Sistema Educativo.
La Ley insiste mucho en que la Educación es un Servicio Público, que lo es, pero no exclusivamente: Hay que recordar, que con el avance del neoliberalismo, los servicios públicos acaban, casi siempre, por ser privatizados (incluidos los trabajadores) en una parte más o menos considerable. Y pasan a ser financiados, directamente por la ciudadanía. Ahí radica una de las “trampas” y de las claves ideológicas más importantes, que nos lleva a sospechar que se está gestando una triple Red Educativa: Los sectores sociales que NO puedan, en su día, contribuir a financiarse el Servicio, se le ofrecerá, en su momento, una mínima Educación básica Benéfica. ¿Dónde quedaría la previsible cohesión social del Sistema?
Hay que hacer un primera y breve referencia sobre el perfil confesional de la Ley: No solo se financia, con carácter de exclusividad, el ideario de los centros católicos, sino que, además, se perturba, gravemente, la no confesionalidad del Estado (artículo 16 de la Constitución) y la libertad de pensamiento y de conciencia, al incluir (otra vez) la religión dentro del currículo y del horario lectivo obligatorio, aunque sea de forma voluntaria ¡faltaría más! Cuestión que va a generar innumerables problemas de organización y de vulneración de derechos fundamentales. El lastre histórico de la iglesia católica ha pesado como una losa, una vez más, reconociéndose (increíblemente) en la propia Ley orgánica, los (en origen) napoleónicos, isabelinos y franquistas Acuerdos con la Santa Sede de 1979, de flagrante inconstitucionalidad. Hecho que supone un disparate social y político y, más, en una situación de acelerada secularización social: Cuando, ya, la mitad de los jóvenes se declaran no católicos y la institución católica es la que les genera menos confianza.
Los poderes públicos deberían de conocer los problemas de la educación, pues el diagnóstico está hecho y las soluciones apuntadas. Lo que ocurre es que en España, en ocasiones, se pone al zorro a cuidar a las gallinas. Las leyes son un simple vehículo orientador de las políticas, pero mientras no rompamos y desarrollemos una verdadera cultura por una educación laica y democrática, como Derecho Universal, seguiremos en esta atonía lánguida, que puede acabar con la institución escolar en muy pocas décadas.
A pesar de todo, que no cunda ni la desesperación, ni el pesimismo. Tampoco el optimismo desmesurado: Hay que ponerse a trabajar con generosidad y sentido común en los desarrollos, pues es lo único que puede garantizar que la Ley sea duradera, al menos, en los aspectos más compensadores e inclusivos y en ello se han comprometido todos los grupos políticos en el Parlamento, aunque se han materializado cuestiones de un muy difícil retorno, al menos a medio plazo, que habrá que refutar. La nueva ministra y su equipo tendrán mucho que decir. Esto es lo que hay y que cada cual aguante su vela.
3.- UNA MIRADA HACIA ATRÁS
Desde que fue aprobada la Constitución en 1979, el sistema educativo, en España, ha evolucionado notablemente, desde el punto de vista cuantitativo, aunque, en general, no tanto, desde el punto de vista cualitativo e ideológico.
La normativa legislativa que se ha producido en estos más de 25 años, ha sido algo confusa, extraordinariamente desmesurada y, en general, bastante infructuosa, para el profundo y deseado cambio y para las esperanzas que teníamos a principios de los años ochenta. Expectativas que se han visto frustradas para muchos de los que pensábamos en un modelo educativo abierto, flexible, universal, compensador, inclusivo, laico y democrático: Es decir con una verdadera escuela pública.
Esta frustración ha ido calando, poco a poco, en amplios sectores del profesorado y de las familias y entre una parte de los intelectuales. Sin embargo ha complacido a los sectores sociales y profesionales más conservadores, que han observado como, año, tras año, un modelo segregador, confesional y privatizador de la enseñanza se iba consolidando.
En materia educativa y a lo largo de estos años los medios de comunicación (con alguna notable excepción), han analizado el tema de forma algo superficial, entrando, casi siempre, en anécdotas intrascendentes o en cuestiones sensacionalistas que ayudaban muy poco a tratar la educación con cierto rigor, cuando no han politizando las cuestiones, según de parte de qué color político se han ido inclinando, unos u otros.
Por otro lado, en estas casi tres décadas, la sociedad ha evolucionado notablemente y al mismo tiempo que se establecían las diferentes reformas legales de nuestro centralizado, inmovilista, raquítico y nacional-católico sistema educativo, heredado de la dictadura, se producía una vertiginosa revolución social, científica y tecnológica y, también, en los países más avanzados, que, incluso, ha hecho que se tambaleasen sistemas educativos muy sólidos de nuestro entorno social y cultural.
España afrontaba la transformación política y estos cambios sociales y tecnológicos, al mismo tiempo que los urgentes y necesarios cambios educativos y al tener que acompasarlo significaba un gran reto. Cuando, además, partíamos de una herencia sórdida.
Pero una vez más, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia (*), la Educación ha estado barnizada, más, de retórica política, de intereses corporativos, religiosos y mercantiles, que de afrontar el tema con rigor, democráticamente y con la finalidad última de establecer un sistema compensador de desigualdades sociales, en donde el principal centro de atención, fuera necesariamente el educando, de forma individual y a la vez, diversa.
(*) El profesor, filósofo y pensador, Miguel de Unamuno ya predijo, hace más de un siglo, que: –en España, en materia educativa, siempre estábamos tejiendo y destejiendo.
Durante el debate constitucional, la discusión sobre el artículo 27, dedicado a la Educación, fue muy polémica, incluyendo, en ello, las fuertes presiones y amenazas que lanzaba la jerarquía católica hacia la ponencia constituyente. Sin embargo, al final, se llegó a un Acuerdo político, algo ambiguo, pero equilibrado, dentro de la línea “reformista” que, políticamente, se había instaurado (se esté o no de acuerdo en ello). Sin embargo, en el devenir de los años, se ha ido desvirtuando su filosofía inicial y el pacto al que se llegó. Para ir venciendo la balanza, con normativas y acciones políticas concretas, a favor de los sectores mercantilistas y católicos, condicionando el avance de la escuela pública y de la democracia participativa.
Incluso, una vez aprobada la Constitución, (y a escondidas) se renuevan y amplían los Acuerdos con la Santa Sede (1979), vigentes durante la dictadura y de clara inconstitucional. Acuerdos que pesan, hoy, como una losa en nuestro sistema educativo y que ningún Gobierno y Parlamento democrático ha anulado o, como mínimo, denunciado, incurriendo esta institución democrática, en mi opinión, y, paradójicamente, en una grave deslealtad con el sistema democrático, con la Constitución española y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Primero fueron los Pactos de la Moncloa, luego la LOECE; después la LODE (que pretendía democratizar el sistema y universalizar la educación); más tarde llegaron los debates sobre los libros blancos que estimulaban la participación de la sociedad, para avanzar en una profunda reforma del sistema educativo (a estas alturas, tengo mis dudas sobre si se acertó en el procedimiento), que se plasmó, posteriormente, en la LOGSE (ley vilipendiada por sectores conservadores, que estaban en contra de la comprensividad y de la universalización y, también, por ciertos sectores progresistas, que observaban como la Reforma no profundizaba en temas ideológicos y se quedaba más en lo cuantitativo, que en lo cualitativo); luego fue la LOPEG, que trataba de corregir, a la baja, los aspectos más progresistas de la LODE y de la LOGSE, en un intento político del gobierno socialista de acallar a los sectores más conservadores e inmovilistas, aunque al final no lo consiguieron.
Paralelamente a ello, asistíamos desde 1985 y a lo largo de 15 años, a una profunda descentralización de la educación a favor de las CC. AA., que se concluyó en el año 2000. También, desde mediados de los años ochenta, aparecía un escenario educativo con un fuerte componente corporativo y sindicalizado, cuyos resultados no han sido positivos para el Sistema Educativo, ya que no se ha sabido (o querido) desligar lo puramente laboral, del interés general de la Enseñanza. Más tarde aparecía el fenómeno de la inmigración, como un componente nuevo a tener muy en cuenta.
No obstante, ya desde mediados de los años ochenta, y durante el desarrollo de la LODE, la derecha conservadora y católica se movilizó, con dureza, consiguiendo atemorizar al incipiente gobierno socialista. Como consecuencia de esas fuertes presiones se generó un asentamiento e incremento progresivo de la enseñanza privada, a costa del prestigio y de los recursos de la enseñanza pública. Se establece un sistema de conciertos hacia la enseñanza privada, sin parangón en los países democráticos y desarrollados y no previstos en la Constitución (el artículo 27.9 es muy claro), que beneficia, básicamente, los intereses del clero católico. Intereses que se arrastraban de la dictadura y que, ahora, con la democracia, se les otorgaba un renovado impulso, sin cautelas, ni contrapartidas.
Como dato positivo, desde el punto de vista cuantitativo, observamos como los primeros años de la democracia y hasta los inicios de los años noventa los recursos para la educación se multiplicaban, año tras año, hasta llegar a un gasto público que llegó a rozar el 5% del PIB (años 1991 y 1992), para la enseñanza no universitaria. Hay que tener en cuenta que a finales de los años setenta se gastaba e invertía tan sólo un 2%, de un PIB, además, muy raquítico.
Luego el salto cuantitativo estaba en marcha, gracias a los gobiernos progresistas de PSOE de los primeros años, no tanto el avance cualitativo e ideológico, como consecuencia de diversas circunstancias, que tienen que ver con una cultura ancestral de un inmovilismo histórico en materias importantes, como es la Educación. Claro, si exceptuamos los años de la II República y algún otro período muy corto.
Pero a partir de 1993 (todavía con el gobierno del PSOE) los recursos para la educación se estancan, coincidiendo con la implantación de la LOGSE, lo que contribuyó y fue la excusa perfecta, para que los sectores más conservadores e inmovilistas incrementaran los ataques a la misma y el desprestigio del nuevo sistema impregnó, poco a poco, al conjunto de la sociedad, sin que se haya llegado a desarrollar en su totalidad, ni se tengan datos fiables sobre sus virtudes y defectos. Desprestigio que se fue extendiendo al conjunto de la escuela pública, como si en la privada no se impartiera la LOGSE.
Todo estuvo muy bien programado, por estos sectores: Desprestigiar al Sistema, confundiéndolo con la enseñanza pública, para así hacer crecer a la privada concertada, con ideología y opacidad propias, dando la sensación de que en la privada las cosas funcionan muy bien. Trampa en la que han caído muchas familias de clase media.
Y así preparar un casi definitivo asalto. El momento llegó, primero con la LOCE y, ahora con la LOE. Para ello, a lo largo de estos últimos años, se han desarrollado políticas educativas conservadoras y favorecedoras del sistema privado, en algunas CCAA, más que en otras, para después, en ese escenario, generar unas leyes que dieran carta de naturaleza a sus intereses mercantiles e ideológicos.
En cada vez más CC AA se derivan recursos a la iniciativa privada, en perjuicio de la enseñanza pública. Si hasta ahora era cosa de unos pocos, con la LOE se abre una posibilidad enorme, para dotar de suelo a la red privada, para financiarles toda la educación no universitaria (hasta ahora era sólo la obligatoria), para garantizar a la iniciativa privada la gratuidad de los servicios complementarios, ello en una competencia desleal con la red pública. Ya que la privada no responde a idearios que no se acuerdan en la comunidad educativa, seleccionan al alumnado (por muchas cautelas que haya), su funcionamiento es opaco y jerárquico y una mayoría aplastante responde a planteamientos confesionales: En estas circunstancias y, en mi opinión, se están vulnerando, gravemente, diversos preceptos de nuestra Constitución.
Al mismo tiempo, en las diferentes CC AA y según qué tipo de sensibilidad política y social, se fueron gestando unas fuertes diferencias en cuanto a los recursos para la educación y a la hora de aprobar ciertas normativas, de tal forma que al inicio del año 2000 (en la actualidad sucede lo mismo), había CC. AA. que invertían y gastaban el doble que otras (en términos PIB y de gasto por alumno y año), generándose unas diferencias profundas en cuanto al derecho a la educación, entre los diferentes pueblos del estado español.
Cuestión, ésta, que es muy preocupante y a la cual, la nueva Ley, increíblemente, no da soluciones, a pesar de que en el Senado se había aprobado una enmienda para una posible compensación inter-territorial, que los nacionalistas (sobre todo catalanes) no admitieron..y en ese “cambio de cromos” en que el debate de la LOE ha caído, se quedó fuera.
Hay que destacar, también, que como consecuencia de ciertas políticas muy extendidas, se ha producido una merma progresiva estatal (y de algunas autonomías) del gasto en Educación no universitaria, desde 1993. Este se ha reducido hasta el 4,4 del PIB en el año 2004. Cada vez más lejos del 6%, de la media de los países más desarrollados.
El Partido Popular en su segundo mandato, (2000-2004) y con mayoría absoluta aprueba, en solitario, una ley de Educación (LOCE), cuyo finalidad, resumidamente, era:
1.-La de normalizar y legalizar las situaciones anacrónicas, jerárquicas y selectivas que se habían impuesto en muchos centros escolares públicos, por la vía de los hechos y al margen (en muchas ocasiones) de la normativa vigente;
2.-El rebajar, profundamente, la democracia participativa en los centros públicos, así como aumentar la opacidad de los centros privados;
3.-El aumentar la privatización de la enseñanza, en todos los ámbitos y consolidar el dominio del ideario católico en toda la enseñanza.
4.- Y… LLEGAMOS AL DEBATE DE LA LOE
Llegamos al curso 2004-2005, en donde, de nuevo, un Gobierno socialista, se lanza a desarrollar una renovada reforma o adaptación de las leyes existentes. Por cierto, en general incumplidas y mal desarrolladas en un altísimo porcentaje. Deroga, de forma muy tímida, una pequeña parte de la LOCE y plantea la LOE, como nuevo eje, que vendría a derogar leyes anteriores, con la intención de hacer un cuerpo jurídico único. Se presenta un primer anteproyecto cargado de un espíritu, en apariencia, democrático, progresista y abierto (nada nuevo si lo comparamos con la LOGSE y la LODE, por ejemplo), pero en donde aparece una actualizada interpretación de un modelo de enseñanza, en donde se acentúa, más, como servicio público (desde un equilibrio del ámbito privado y estatal), que como un derecho universal, compensador de desigualdades individuales, territoriales y sociales y en donde la escuela de titularidad pública fuera el eje y motor de todo el Sistema Educativo.
En suma, el texto de la LOE pretendía ser una síntesis de todas las leyes anteriores, y, además, se presentaba como un intento de plasmar unas ideas y propuestas, que tuvieran como finalidad política la de intentar contentar a todos, con la pretensión de que fuera una Ley estable de cara al futuro y para alcanzar la convergencia europea del 2010.
El texto final mantiene esas tesis teóricas, en principio incontestable, pero, al mismo tiempo y por diversas circunstancias que se han ido dando e imponiendo durante los debates, que ahora intentaremos analizar, muy someramente, corre el riesgo de convertirse en un híbrido que la pueda condenar al fracaso, desde el principio. Que quede claro que digo que corre el riesgo. Porque la intención inicial, al final, ha quedado muy desfigurada, si nos atenemos al texto final, después de los pretendidos consensos, que no son tales si nos atenemos a las votaciones finales.
El aparente pacto político y el acercamiento que entre algunos partidos se ha producido al margen del PP, que (en el fondo) está muy satisfecho de cómo han quedado las cosas, aunque su papel es el de seguir oponiéndose, como consecuencia de una estrategia política global de acoso y derribo de la actual mayoría parlamentaria, cuestión que nada tiene que ver con la Educación, responde más a un escenario de movimiento de fichas, en donde se entremezclan otros intereses y pactos (que llaman de Estado…) en materia autonómica, económica, social, etc.
En mi opinión, creo que se ha obrado con excesiva celeridad. Sin meditarlo en exceso. Ha podido más la política grandilocuente y los grandes titulares, que el sosiego y el rigor, en un tema de tanta importancia. Porque, al final, todas las reformas educativas que hemos vivido en estos últimos años, no han respondido a las necesidades sociales, ni han contado con los medios y cambios adecuados y se han desarrollado en un contexto educativo que se resiste a alterar su vieja y caduca estructura y funcionamiento.
Quizá no se ha meditado, con el suficiente rigor, sobre lo que está pasando, realmente, en la educación en España y en las diferentes CC AA: ¿Qué está fallando? ¿Quienes fallan? ¿Por qué se falla? ¿A que concepción ideológica y modelo de sociedad responde nuestro sistema educativo? ¿Hacia donde vamos? ¿Qué educación, para qué modelo de sociedad?…por ejemplo.
En los informes que, anualmente, hace el Consejo Escolar del Estado, en los informes de los Consejos Escolares Autonómicos, en los informes periódicos de evaluación, como el PISA, de la OCDE y en otros diversos documentos y estudios, están muchas de las claves que nos sirven para saber qué está pasando.
Quizá no se ha reflexionado lo suficiente, sobre cuestiones ideológicas y de modelo de sociedad y no se han analizado ámbitos, tan importantes, como la gestión, la convivencia, democracia y organización de los centros; como la preparación y actitudes de profesorado; como las señas de identidad de la escuela pública; como el papel de la enseñanza privada y su significado, teniendo en cuenta los idearios, objetivos, etc.; haber analizado, en profundidad, el actual currículo; así como el uso del tiempo y el espacio escolar; de cómo se está evaluando el Sistema;…etc. etc.
Lo cierto es que, hoy, el grado de desmotivación profesional y del alumnado es alto y hay unas causas: Siendo necesario, antes que nada, cambiar esta tendencia si realmente pretendemos que el Sistema tenga un cierto éxito en el futuro.
Pero un éxito para el conjunto de la sociedad y no sólo un éxito para ciertos sectores y grupos privilegiados, que sólo han hablado de éxito y de pacto. De un modelo de pacto escolar que les permitiera, a unos, seguir incrementando los históricos privilegios, en perjuicio de otros, en general, los más desfavorecidos, social, intelectual y territorialmente.
Para desgracia del Sistema y de la sociedad del común, los sectores más privilegiados han conseguido en el texto final de la Ley, después de las presiones, las manifestaciones, las conversaciones, las enmiendas transaccionales, etc. etc. una parte muy importante de sus pretensiones: Aunque se seguirán quejando, porque son insaciables.
Quizá la causa de que no se aborden los temas educativos con mayor rigor, esté en las cuestiones de carácter ideológico, que pretenden perpetuar el actual sistema de desigualdades sociales y que tiene como vehículo fundamental al Sistema Educativo.
Tal vez por ello, desde el ámbito político nos han intentado “vender” un denominado pacto social y político, con el apoyo, inestimable, de sectores sociales afines a los diversos intereses, que era tan solo una “cortina de humo”, para despistar a la opinión pública.
Los pactos y los acuerdos pueden ser deseables. Ahora bien, pueden ser positivos o, por el contrario, se pueden convertir en perversos y ello depende de los contenidos y de los objetivos. Cuando se trata de defender el interés público general de la mayoría, sobre todo de los sectores en mayor dificultad, conviene que el diálogo abierto y la consideración detallada de las repercusiones previsibles de las medidas legislativas, ofrezcan las máximas garantías, para el más amplio espectro de la ciudadanía. Si, por el contrario, el pacto significa sacrificar esos intereses públicos y mayoritarios a otros de carácter privado, estaríamos ante un inmenso fraude y una intolerable perversión de la democracia.
El Pacto que se nos propuso, estaba relacionado con el afianzamiento del sector privado y confesional, sobre la base del deterioro de la enseñanza pública. Por desgracia esos objetivos ideológicos se han ido plasmando, cada vez más, en la elaboración de la nueva Ley, a su paso por el Parlamento.
Sobre el fundamento de los grandilocuentes objetivos o de los acuerdos políticos, para que cupiera una mayoría social amplia, en los que (dicen) toda reforma legislativa debe inspirarse, el mensaje quedaba muy claro, desde el principio: La mayoría parlamentaria (con el gobierno al frente) daba todas las garantías a la iglesia católica para mantener y respetar los (inconstitucionales y fraudulentos) Acuerdos con la Santa Sede de 1979, cuya filosofía consiste en:
1.- Respetar el ideario cristiano, en toda la enseñanza;
2.- Garantizar la presencia de la religión y sus catequistas (más afianzados profesionalmente) en todos los centros públicos; y
3.- Aumentar la financiación de la escuela privada católica.
Oferta que se hacia a cambio de “incluir” ciertas cautelas en la admisión del alumnado, para un reparto (decían) más equilibrado y justo entre centros públicos y privados. (Como si no supiéramos en que lugares, generalmente, se ubican los centros privados y los públicos a nivel de clases sociales, zonas, barrios y territorio) ¿Qué más podían pedir? Aunque esas cautelas, al final, han quedado algo desdibujadas.
Esta posición inicial del Gobierno ha marcado todo el proceso de debate de la LOE y es la clave de todo. Mientras que los sectores conservadores, habiendo ganado la primera escaramuza, afrontaban, con más facilidad, la siguiente ofensiva. Es en ese momento inicial (y, evidentemente, a lo largo de todo el debate) donde algunos sectores que se autodenominan progresistas, desde el ámbito político, sindical y social, deberían de haber marcado sus principios, en una defensa, a ultranza, de la escuela pública, democrática y laica: Y no lo han hecho.
Esta actitud timorata y, en cierto modo, claudicante de algunas de estas organizaciones sindicales y sociales, en consonancia total con una acomplejada izquierda parlamentaria, ha alentado la desvergüenza y la osadía que ha mostrado el bochornoso espectáculo que han dado, en la calle y en otras acciones públicas, el clero católico, el PP, así como patronales, sindicatos y organizaciones conservadoras afines, altamente reaccionarias. Haciendo, incluso, declaraciones semejantes a las que se daban en los mejores tiempos del fascismo y que apenas han tenido contestación. Y la poca que ha habido, ha sido silenciada, por los medios de comunicación.
Como contestación a las peregrinas y preocupantes actitudes de la derecha más reaccionaria, primero, les premió, recibiéndolos, “con todos los honores”, en Moncloa y en el Parlamento, y después, les han hecho aun más concesiones de las que ya habían conseguido y las cautelas legales que, tímidamente, se apuntaban, hacia un cierto control público de la gestión de la escuela privada concertada, prácticamente han desaparecido, en los aspectos más fundamentales.
En el ámbito de la Educación confluyen multitud de intereses, de acuerdos y desacuerdos, que tienen que ver con el grado de desarrollo equitativo y equilibrado de la sociedad. Que tiene que ver con la eterna lucha por la emancipación de los seres humanos, con la lucha por las libertades, con la lucha por el compromiso social. Tienen que ver con el desarrollo de la razón y de la libertad de pensamiento y de la libre conciencia.
En suma, con un modelo de educación compensadora y que desarrolle la capacidad crítica, psíquica y física, que fomente la solidaridad y los fundamentos democráticos, que trate a cada educando de forma diferente y que éste sea, realmente, el principal centro de atención. Tiene que ver con la transmisión de valores democráticos y de solidaridad.
Pero todos estos conceptos no entran dentro de los planteamientos que sectores conservadores y (algunos) menos conservadores desean, porque lo que pretenden, como anteriormente indicábamos, es que a través de “su” modelo educativo, se sigan perpetuando las diferencias de clase y sigan perdurando los contravalores al servicio del poder.
De ahí que cuando, desde el ámbito político (y social), se refieren a las políticas educativas, no todo el mundo están hablando de lo mismo y en la mayor parte de los casos las declaraciones están preñadas de una meditada retórica.
Algunos breves aspectos a resaltar del actual texto de LOE
Muy resumidamente, indicar que el texto definitivo de la Ley contempla una serie de fundamentos teóricos que se podrían considerar como positivos para diversos sectores, aunque adolece, en general, del mismo mal que otros sectores denunciaban en la Ley General de Educación de 1970 y en la LOGSE, como sistemas educativos ideológicamente alienantes y selectivos.
Con las suficientes cautelas, se podrían considerar aspectos positivos del actual texto de Ley, entre otros,
**El intento de devolver a los Consejos Escolares su papel de gobierno de los centros, aunque, al final, ha quedado difuminado su rol, ya que el gobierno de los centros se le otorga, expresamente, al equipo directivo, como expresaba la LOCE. Quedando la cuestión en el aire y al albur de los desarrollos
**Se especifica en el título VIII y último un esperanzador compromiso explícito de financiación y de dotación de recursos, para la aplicación de cuestiones importantes de la Ley, así como un compromiso de llevar al Parlamento un informe anual sobre el gasto público. Sin embargo no se ha querido abordar la compensación interterritorial, cuestión que es clave, para que haya un Sistema compensador, que trate, en igualdad, a todo el alumnado, independientemente de su ubicación territorial.
**Los fines, valores y principios en que se basa la enseñanza obligatoria (incluso la infantil, el bachillerato, la formación profesional y otras enseñanzas) están actualizados a las necesidades y al tiempo en que vivimos, al menos, en el plano teórico.
**El impulso que se hace de las lenguas extranjeras y de las nuevas tecnologías, se puede considerar acertado en el tratamiento, con la finalidad de acercarnos a la convergencia europea. Ahora bien, no se ha analizado, suficientemente, lo que está fallando en los centros educativos, para que la incorporación de estos medios no sea más acelerada. También consideramos un error dejar fuera la especialidad (expresa) de informática, que lo pagaremos a medio plazo.
**También especifica el obligado y necesario esfuerzo del alumnado, aunque apenas incide en el obligado esfuerzo de otros sectores.
**Es loable el interés por apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje, aunque no queda muy claro como apoyar, con éxito y desde la actual práctica de aula, de los cortos y rígidos tiempos escolares y de la gestión del centro, a este alumnado.
**Se dedica un apartado entero a la diversidad, pero no queda tampoco claro el tema de la diversificación y de la forma en se van a desarrollar los posibles itinerarios en la secundaria, así como la cuestión de los denominados programas de cualificación profesional, teniendo en cuenta que se adelantan en un año (a los 15) la posibilidad de entrar en ellos. Cuestión que nos preocupa y vemos un cierto reflejo de la LOCE.
Sin embargo la Ley, en mi opinión, no entra, a fondo, a desarrollar cuestiones tan importantes como son, entre otras:
**la importancia que tienen (hoy en día) la adecuación de unos tiempos y ritmos escolares, de forma armónica, amplia y flexible y en donde se tenga en cuenta las características de cada alumno y alumna y sus necesidades de aprendizaje. Como consecuencia de no entrar en esta cuestión, empieza a haber diferencias entre CC AA, en cuanto al modelo de jornada y la necesaria ampliación del horario lectivo, hecho que generará aun más diferencias y un tratamiento desigual del alumnado en el conjunto del Estado. Incumpliendo principios básicos de carácter constitucional.
**la cuestión de la formación y profesionalización del profesorado. Tema éste de gran importancia y en el que la Ley se queda en unos principios, sin desarrollar cuestiones que son trascendentales. Vamos, que pasa de puntillas, en una tema que es clave.
**aunque lo aborda, sin embargo deja muy en el aire las medidas a tomar con el abandono escolar y con el absentismo, con la diversificación en itinerarios a tempranas edades, como antes comentábamos y aunque se hacen referencias sobre los apoyos al alumnado con necesidades especiales de aprendizaje, con la actual gestión de los centros y con la rígida organización de los tiempos escolares, así como con los escasos medios, difícilmente este tema se podrá abordar con rigor y eficacia.
**El tema de la convivencia escolar no se aborda con la suficiente nitidez y claridad, dejando la cuestión muy en manos de los equipos directivos y sin obligar, la ley, a que sea gestionado por toda la Comunidad Educativa, tema, éste, fundamental. Ello, a pesar, de que desde el MEC y las diferentes CCAA se están lanzando estrategias, para tratar de mejorar la convivencia, aunque, en mi opinión y una vez más, por el camino inadecuado.
**El currículo. Métodos y contenidos flexibles y adaptados a las necesidades actuales.
**La especificidad de la escuela rural, como subsistema. La Ley sigue pensada (como las anteriores), más, para el ámbito urbano, que para el rural.
**Los sistemas de evaluación del alumnado, que tal y como se desarrollan, en la actualidad, son una verdadera losa para el rendimiento escolar.
**La elección del director y del equipo directivo, queda plasmado muy superficialmente, para desarrollos autonómicos. Siendo éste un tema de vital importancia en todos los sistemas educativos más eficaces.
**En cuanto al tema de la inspección educativa nada nuevo, de relevancia de lo que hasta ahora existe: Por cierto en la actualidad, con una función bastante pobre.
*Se avanza muy poco en los temas de orientación y tutoría, sobre lo que ya existe… o no existe: Según.
A todo esto, el debate externo, así como el político y mediático se ha centrado (más) en temas de una importancia relativa, aunque algunos sectores han hecho una bandera de algunos de ellos, como por ejemplo:
**Con cuantas asignaturas se repite curso.
**Si el alumnado puede o no hacer huelga…
**Sobre el éxito y fracaso escolar, sin concretar los condicionantes reales.
**Sobre la denominada formación común.
**Sobre el prestigio del profesorado, sin analizar sus causas y realidad.
**Sobre la disciplina y autoridad del profesor en los centros, siempre intentando “criminalizar” al alumnado, como si el clima del centro, la formación docente, la actitud de algunas familias, no tuvieran nada que ver en el tema de la convivencia.
**Sobre la gran falacia del derecho de las familias a libre elección de centro.
**Sobre la coartada y engaño de la evaluación (o no) de la asignatura de religión y si ha de tener o no alternativa: Con el fin de desviar la atención.
**Sobre el recurrente tema de la “educación para la ciudadanía”, tema que ha dado mucho que hablar, desde posiciones contradictorias. Cuestión que el Gobierno presentaba como una gran novedad y que, al final, quedará como un área de poco peso y de dudosa plasmación… en la práctica.
Pero nos corresponde apuntar, llegado a este punto, algunas cuestiones, (sólo cinco entre otras varias) como consecuencia de las cuales entendemos que esta Ley puede suponer un importante retroceso en el desarrollo de un modelo educativo armónico, útil para la mayoría social y compensador de las desigualdades.
Sobre la Ideología
1.- Como anteriores leyes, no avala, ni aborda los aspectos ideológicos que tienen que ver con la democracia y la transmisión del conocimiento sin limitaciones, para el desarrollo de la libertad y capacidad crítica de cada persona, como individuo diferente (y de todos), independientemente de su situación personal y social y de su capacidad física e intelectual. Lo que establece la Ley, en el título II, sobre equidad en la educación, que se puede valorar positivamente, desde el punto de vista de la gestión organizativa, no contempla los aspectos ideológicos de fondo a los que nos referimos.
Sobre la Escuela pública
2.- Concebir la Educación como un servicio público educativo, que equipara a los centros de titularidad pública y privada en el mismo nivel y apoyo en los recursos (planificación del territorio, servicios complementarios, transporte, comedor, enseñanzas no obligatorias…), de tal forma que la enseñanza pública se iguale o supedite a la educación que denominan, falazmente, de iniciativa social, a los cuales se les permiten aportaciones privadas y seleccionar a su clientela y su territorio, sin competencia pública, abandonando el principio constitucional de planificación general de la enseñanza, como derecho a la educación de todos.
Este hecho supone la mayor concesión a los sectores conservadores y católicos que se ha hecho en España, desde la dictadura y, consecuentemente, el mayor ataque que se ha hecho a la enseñanza pública en las últimas décadas.
Sobre la gestión y la democracia participativa
3.- Incomprensiblemente, para esta Ley (de nuevo) las Asociaciones de padres y madres del alumnado (APAS) son, prácticamente, invisibles, como entidades de derecho público. Cuestión que es necesaria e imprescindible para desarrollar la democracia participativa, que es el mayor factor de calidad y de cohesión social. También apenas se refiere, la Ley, a la participación del alumnado en su proceso de enseñanza aprendizaje y sin este requisito la Educación está abocada al fracaso, a medio plazo.
4.- En cuanto a la autonomía de los centros, no se clarifica, con la suficiente nitidez, que ésta ha de concebirse para el bien común y general y deja la puerta abierta a que cada centro haga, en parte, lo que estime adecuado, sin la evaluación pública y democrática oportuna. Claro, lo que decidan el equipo directivo y claustro, casi exclusivamente. Y así desarrollen la gestión, el currículo, la atención a la diversidad, el tiempo y ritmo escolar, la participación del alumnado y de las familias, los derechos y deberes, la convivencia, la evaluación del alumnado, la evaluación de los resultados del centro, la apertura al entorno, el absentismo, la diversificación…etc. en nuestra opinión sin el adecuado y suficiente control público.
Con el riesgo, añadido, de concebir el sistema como una competencia entre centros, en ese intento de clasificar y calificar, en base a un (cierto) éxito escolar. Toda esta cuestión, no obstante, queda muy abierta a los desarrollos autonómicos. Habrá que estar muy atentos.
Sobre la confesionalidad de la educación
5.- El tratamiento que se da a la cuestión religiosa, que queda aun en peor situación de lo que estaba anteriormente, ya que se garantiza mayor estabilidad y capacidad en la gestión de los centros a los educadores religiosos, vinculando la Ley orgánica (una vez más) a un tratado internacional, como son los Acuerdos con la Santa Sede: Acuerdos que son de clarísima inconstitucionalidad y, por lo tanto, no válidos, según la propia Constitución (Capítulo 3, del Título III).
Es decir la LOE, nos aleja, aun más, de un modelo de escuela laica que debería proclamar la no confesionalidad del Estado. La LOE concibe el sistema educativo como confesional, no sólo manteniendo la religión en la escuela, dentro del horario lectivo y general, generando discriminación entre el alumnado, en función de las creencias o convicciones morales de sus familias y una vulneración de derechos básicos que establece la Constitución, si no que, además, financia al cien por cien escuelas confesionales, todo ello vulnerando, gravemente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto al concepto de libertad de pensamiento y de conciencia.
Con ello el catolicismo ideológico (y a partir de ahora el de otras confesiones religiosas) tendrán un peso específico mayor en nuestro sistema educativo. Ello conlleva la transmisión, al alumnado, que opte por asistir a religión, de una serie de contravalores que, en algunos casos, están al margen de las leyes españolas, de los objetivos de la Educación, de los derechos universales, de la convivencia en igualdad y de la razón, como son: El sexismo, la homofobia, el fundamentalismo, la interpretación sesgada de los derechos civiles y las relaciones humanas, el origen de la vida y la concepción de la muerte, la prevalencia de la fe, sobre la razón, el cuestionamiento de ciertos avances científicos, que son positivos para la salud y el conocimiento… etc.
5.- A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL
Está claro que, aunque no lo quieran reconocer, porque son insaciables y por pura estrategia partidaria, la derecha sociológica y la enseñanza privada católica, han ganado, el pulso de la Ley y, paradójicamente, la han votado un centro izquierda, cada vez más acomplejado, sumido en un cierto neoliberalismo, que ni siquiera ha contado con el apoyo de una parte del nacionalismo de centro derecha, como se pretendía.
En suma la LOE, recupera cuestiones de la LODE y de la LOGSE y se actualizan otras, para, conjuntamente con aspectos importantes, desde el punto de vista ideológico, de la LOCE, barnizar ésta y darle un cierto marchamo progresista, que no es tal, por mucho que se empeñen en “vendernos” un cierto consenso social y político, que no ha sido tanto, como se pretendía, si nos atenemos a lo que cada cual va contando por ahí y a las votaciones y apoyos sociales finales.
Ante ello las cúpulas de algunos sectores sociales (y políticos), que se dicen defensores de la escuela pública y de la democracia participativa que, en su día, se manifestaron, con mayor o menor virulencia, contra la ley del Partido Popular (LOCE) han tenido una actuación pública de complacencia y claudicación con lo que ha ido pasando a lo largo del debate de la Ley. Lo que ha generado una situación de cierta confusión social entre el profesorado y el resto de la Comunidad Educativa.
Esta autocomplacencia y claudicación, a favor de no se que paz o pacto social, ha eliminado, de un plumazo, toda posibilidad de un cambio de tendencia en los debates y en el texto final de la Ley.
Otros sectores sociales y sindicales, así como colectivos diversos comprometidos con una educación compensadora, inclusiva, democrática y laica, han quedado, desplazados del debate y su opinión ha sido declarada invisible, desde un punto de vista mediático y político, aunque representen a un amplio espectro de la sociedad. Esperamos que, lo antes posible, puedan recomponer sus posiciones y su fuerza social, ante todo lo que se avecina.
Las declaraciones de la nueva Ministra de Educación: Mercedes Cabrera al diario El País, de fecha 23 de abril, no son nada tranquilizadoras, en lo referente a la cuestión religiosa en la escuela y una mayor búsqueda de pacto con la derecha, utilizando la coartada de la estabilidad: ¿Aun más cesiones?
A pesar de todo esto, siempre queda la esperanza y un grado importante de optimismo, ya que la lucha no cesa, ni debe de cesar nunca. Hay que eludir el pesimismo, que es el mayor enemigo de la democracia y de la convivencia.
POR ELLO: AHORA NOS TOCA CONVIVIR CON LA NUEVA LEY, HABRÁ QUE BUSCAR LAS COSAS MÁS POSITIVAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR, ENTRE TODOS, A LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO.
Albacete, abril de 2006 /
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Francisco Delgado Ruiz fue diputado constituyente. Presidente de CEAPA. Autor, entre otras publicaciones, del libro “La escuela pública amenazada” (Ed Popular. 1996) y Hacia la Escuela Laica (ediciones del laberinto. 2006)y en la actualidad es miembro de la junta directiva de CEAPA por CLM, del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de Castilla La Mancha y vicepresidente de Europa Laica
