Pero en el debate general en los medios de comunicación se ha evitado plantear la cuestión de la Iglesia con mayúsculas: ¿por qué se habían de casar, en lo que sin duda es una “ceremonia de Estado”, por la Iglesia?
La Constitución proclama que en España “ninguna religión tendrá carácter estatal”, lo cual significa, entre otras cosas, que las instituciones públicas no pueden expresar seguimiento de religión alguna. Por si hay dudas sobre esto, recordemos qué ha dicho el Tribunal Constitucional: “El derecho a la libertad religiosa de cada persona comprende también, en general, y específicamente en un Estado que se declara aconfesional… el de rechazar cualquier actitud religiosa del Estado…” (Auto nº 359, de 29-5-1985). Y también: “El Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto, de actos o actitudes de signo religioso” (Sentencia nº 24/1982 (Pleno) de 13 de Mayo). Se acabaron así, pensábamos, espectáculos como el de ver a los cargos públicos asistiendo como tales a misas, besando anillos cardenalicios… en especial se acabó ver al Jefe del Estado en semejantes tesituras.
Pero la realidad es incontestable: no es raro que los alcaldes hagan devotas ofrendas florales a la Virgen, que los rectores convoquen misas para inaugurar el curso, que los decanos hagan otro tanto en el día del santo patrón de su Facultad, que distintos cuerpos del Ejército pongan música a las procesiones y rindan culto a sus también santos patrones, etc., etc. La reciente celebración en Madrid de un macrofuneral de Estado por las víctimas del 11-M según el rito católico no ha sido sino la última y amarga guinda sobre una enorme tarta; en este caso, por fortuna, sí se han elevado muchas voces reclamando una ceremonia laica: reclamando respeto a la libertad de conciencia. Las autoridades públicas siguen, pues, comportándose en estos asuntos poco menos que como hace 50 años, cuando se firmó el Concordato con la Santa Sede que reafirmaba el nacionalcatolicismo como elemento esencial de la dictadura y como satisfacción de las aspiraciones fundamentalistas de la Iglesia. No en vano ese Concordato fue prolongado por unos Acuerdos con la Santa Sede pre y paraconstitucionales (de 1976 y 1979) que no hacían sino acomodarlo, y que continúan en plena vigencia. Los extraordinarios privilegios económicos de la Iglesia son de sobra conocidos. En los centros escolares costeados con fondos públicos se imparten clases de Religión en las que se sigue adoctrinando a los niños en creencias irracionales y en unas normas morales a menudo muy reaccionarias. En definitiva, si esto no se parece al nacionalcatolicismo, que venga Dios y lo vea. Lo triste es que casi todo ello ha ocurrido con el silencio, el visto bueno o incluso la iniciativa entusiasta de partidos políticos de izquierda, de teórico carácter laicista. En muchas ciudades, las procesiones, las ofrendas a la Virgen o a los santos, las romerías… fueron promovidas no por la más beata derechona umbraliana, sino por el PSOE, en ocasiones con el aplauso de Izquierda Unida.
Este estado de cosas tiene múltiples exponentes: en la televisión estatal, en las festividades oficiales, en la toma semanasantera de multitud de calles,… por seguir hablando sólo del terreno público. Pero la prueba y el símbolo más significativos de que el confesionalismo se acabó sobre el papel constitucional, pero no en la realidad, los tenemos en la actuación pública del propio Rey de España. Quede claro que no ignoro que, según la Constitución, el responsable de los actos del Rey es el Gobierno y, especialmente, su presidente. Hecha esta aclaración defensiva, creo que puedo decir sin riesgo que en un Estado no confesional es inaceptable que el Rey asista pública y devotamente a misas, que diga en discursos públicos “nosotros los cristianos”, que haga una ofrenda nacional “en nombre de todos los españoles” al apóstol Santiago o que bese anillos cardenalicios. En la visita papal de hace un año se superaron todos los límites, y vimos a numerosos representantes públicos en ceremonias estrictamente religiosas, pero el momento cumbre se alcanzó cuando el Rey, símbolo de la unidad del Estado español, se arrodilló ante el Papa y le besó el anillo (véase www.casareal.es/casareal/papa10.html): todo un acto de humillación, un símbolo de vasallaje de nuestro jefe de Estado ante otro jefe de Estado.
En este entorno y con estos precedentes, a nadie ha extrañado que el Príncipe, que también suele asistir públicamente a misas, ganar jubileos y besar anillos, vaya a casarse por la Iglesia en una ceremonia pública del más alto nivel, a la que asistirán no sólo autoridades españolas, sino numerosos representantes oficiales de otros países, incluyendo bastantes jefes de Estado. Pero es un evidente y muy grave atentado contra la no confesionalidad proclamada en la Constitución. El respeto a la Constitución y a la libertad de conciencia, el respeto, en definitiva, a todos los ciudadanos españoles, exige que la boda católica del Príncipe tenga un carácter escrupulosamente privado: no debe ser retransmitida por televisión, no deben asistir a ella cargos públicos nacionales ni autoridades extranjeras. La celebración pública de la boda debe ser rigurosamente laica. ¿Por qué no se separan en el ámbito público el Príncipe y el “Bendigo…”? ¿Por qué hay tantas dificultades para desvincular la Monarquía de la Iglesia, el trono del altar? Y, finalmente, ¿cómo es que tantos medios “progresistas” han denunciado los funerales de Estado católicos y se callan ante esta boda de Estado no menos católica?, ¿por qué están clara e inadmisiblemente censuradas estas críticas -las críticas a la Casa Real- en la inmensa mayoría de los medios de comunicación de España, de una democracia que consagra en su Constitución la libertad de expresión?
