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Resolución de la VII Asamblea de IU: “Por una sociedad laica. La religión fuera de la Escuela”

La laicidad y el laicismo suponen el principio fundamental de democracia, de libertad de conciencia, de pensamiento y de inclusión social. Significan la igualdad básica de los ciudadanos y ciudadanas y es la que nos constituye en el común del pueblo, sin rangos ni autoridad impuesta, sin privilegios de unas sobre otras. Por eso, ninguna religión particular, ninguna confesión ni secta, puede imponerse a todos en nombre de la democracia.

Concebir un Estado laico es fundamentar la ley sobre lo que es común a todas las personas. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser iguales ante la ley común, creada por los representantes de todos y que obliga a todos por igual.

La laicidad es compartir la esfera pública entre todos, desde el punto de vista político, jurídico, simbólico y ético.

El reto de la multiculturalidad va a ser uno de los más importantes en los próximos años en toda Europa. La identidad europea se basa en una tradición liberal propia: el respeto a los derechos y libertades de todos, y en nuestra tradición europea de racionalidad e ilustración, de lucha por los derechos y libertades individuales. La construcción de la nueva Europa no puede prescindir del respeto a los Derechos Humanos que son el horizonte ético más avanzado de que dispone hoy por hoy la humanidad.

La escuela laica es la fundamentada sobre la sociedad civil, con independencia de las religiones, por tanto es un modelo educativo sin dogmas y sin verdades absolutas y excluyentes, que educa a los ciudadanos y ciudadanas en valores humanistas universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y en los valores constitucionales, éticos, no sexistas y democráticos.

La autonomía del poder político en un estado democrático no debe admitir presiones ni injerencias de un poder religioso que intente situarse por encima o al margen de la Constitución de un país. En España, los Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano permiten a la Iglesia católica disfrutar de una serie de privilegios fiscales, económicos y culturales en sus relaciones con el Estado español que quebrantan el principio de laicidad proclamado en el artículo 16 de la Constitución.

El neoliberalismo imperante en nuestra sociedad va apropiándose las pocas parcelas que todavía le quedan al sector público para entregárselas a manos privadas; este proceso afecta de manera muy especial a la educación. No sólo se procura la obtención de beneficios económicos, sino que además se trata de tener el control de la reproducción ideológica a favor de la ideología capitalista dominante, para ello qué mejor que escuelas y universidades privadas, controladas, y que plasmen la santa alianza entre capital y religión, que tan buenos resultados les ha dado a lo largo de la historia, particularmente en nuestro país.

En consecuencia, el gobierno del Partido Popular ha concedido a la Iglesia católica unos privilegios que, por lo que respecta a la religión católica, le garantizan plenamente el adoctrinamiento católico en el sistema educativo desde el próximo curso escolar 2004/2005. La Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE), introduce la asignatura de Religión, con carácter básico y fundamental dentro del currículum escolar y obliga a aquellos que no elijan la enseñanza confesional a estudiar “El hecho religioso” dentro de cuya asignatura tendrán que aprender, por ejemplo, “fiestas, días y lugares de culto”, “la relación de Dios y el hombre”, “la política y la religión” y temas semejantes.

La imposición de una enseñanza alternativa a la religión vulnera el derecho a la igualdad de trato, y de paso, la libertad de pensamiento y de conciencia, que exige nuestra Constitución.

El presentar a las religiones (monoteístas) y al hecho religioso como única fuente de nuestra historia y de nuestra cultura, supone una necia burla a la cultura, al humanismo, a la historia y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El hecho religioso y la historia de las religiones, el humanismo de cualquier signo, los principios del laicismo, del agnosticismo, del ateísmo, en suma, los diferentes pensamientos que han conformado la vida en nuestra sociedad, como elementos de nuestra cultura, se han de analizar por todo el alumnado, sin discriminación alguna, dentro de las áreas de Historia, Sociales, Filosofía, Ciencias,… que correspondan a cada etapa educativa. Nunca como asignaturas o dogmas, excluyendo y segregando a una parte del alumnado frente a otra.

Ante la situación planteada, esta Asamblea defiende:

  • Que la escuela y la educación en general deben ser estímulo de convivencia y de paz y que la Escuela Pública debe ser, no ya campo neutral, sino maestra universal de paz y de mutuo respeto, impregnada de buen sentido y de honradez y nunca de sectarismo y de intolerancia.
  • Que la Escuela Pública, por tanto, debe ser laica por su misma definición, porque es la que debe garantizar la pluralidad ideológica y religiosa. Su lema es: todas las religiones son válidas en el ámbito privado de la conciencia, pero ninguna debe manifestarse en las instituciones públicas.
  • Que la Escuela Pública es de todos los ciudadano y ciudadanas y está al servicio de todos, por eso no puede estar al servicio de una religión o ideología particular ni debe servir para segregar al alumnado, sino para evitar conflictos y educar ciudadanos.

El laicismo y la libertad de conciencia son las señas de identidad de un Estado social, democrático y de derecho.

Por todo ello, esta Asamblea exige:

  • La derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979, que hipotecan la Constitución sometiéndola a tratados internacionales y recortando derechos fundamentales.

  • La consecuente derogación de toda la normativa inferior emanada de dichos Acuerdos.

  • Que la asignatura de religión salga fuera del currículum escolar común y fuera de la Escuela Pública.

Y decimos:

NO a la enseñanza de la religión impuesta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Conferencia Episcopal, ante la cual el Estado español, a través del gobierno del Partido Popular, se ha doblegado.

SÍ a una enseñanza científica y humanística que propicie una educación inclusiva, que defienda la libertad de pensamiento y de conciencia, y que eduque en los valores democráticos de respeto y fraternidad.

Así mismo, hacemos un llamamiento a todos los sectores progresistas para revitalizar los valores basados en los Derechos Humanos, en la libertad y la igualdad, pilares de la Democracia, y en la solidaridad capaz de aglutinar a los individuos en torno al respeto hacia lo que tenemos de más precioso: la conciencia libre.

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