Por otra parte, actos como el celebrado promueven la versión más ritualista del Islam, la de aquellos que se tienen por garantes de la pureza religiosa y de la tradición. Promover desde una institución pública universitaria la “visualización” de este Islam sólo sirve para recalcar las diferencias entre ciudadanos en vez de aquello que nos une.
Además, se insiste con ello en catalogar a los individuos según su origen familiar o geográfico, minusvalorando a aquellas personas que provienen de una cultura de mayoría islámica pero que rechazan aquellas tradiciones que van en contra de su conciencia o costumbres.
Así, al tiempo que se acusa a los inmigrantes de tradición musulmana de no integrarse en nuestra civilización occidental, se reduce a la invisibilidad a aquellos que más han asimilado principios básicos de la misma tales como la emancipación de la conciencia individual y la primacía de la autonomía personal frente a la comunidad de origen.
Parece haberse asentado la idea de que las relaciones entre personas de convicciones o creencias diversas se mejoran repartiendo el “pastel” de lo público en porciones negociadas entre los presuntos dirigentes. Así, dirigentes musulmanes granadinos piden un sueldo para sus ulemas, colegios públicos y concertados musulmanes, representantes civiles de su confesión, e incluso los más radicales, la aplicación de la Sharia en los barrios donde son mayoritarios. Estas demandas ponen de manifiesto la contradicción existente en España, cuyo Estado ha de ser neutral en materia religiosa, pero que en la práctica concede a la Iglesia Católica prebendas anticonstitucionales, dificultando al máximo la integración de aquellos que tienen otras creencias o convicciones.
En resumen, la aconfesionalidad del Estado se ve hoy atacada desde dos frentes contrapuestos: los creyentes más fundamentalistas que siguen poniendo su religión por encima de las leyes civiles y querrían organizar éstas según lo emanado de aquellas, y por otra parte, el frente de los multiculturalistas, que pretenden que los derechos de los individuos dependan de su filiación religiosa o cultural, retrotrayéndonos de facto a una concepción medieval del derecho.
La solución a tales demandas no es la de la ghetificación de la sociedad, sino la del laicismo que exige la Constitución Española que implica la potenciación, por parte de las instituciones públicas, de una cultura ciudadana en la que se celebre lo que todos los granadinos, nuevos o viejos, tenemos en común y no las particularidades que nos separan.
